Redacción Canal Abierto | Desde que el 8 de junio el Gobierno anunció que intervendría y enviaría al Congreso el proyecto para expropiar Vicentin, las voces opositoras empezaron a sonar. Y a azuzar el fantasma del comunismo, de un plan generalizado de expropiaciones y del ataque a la propiedad privada.
“La intervención está ligada a la expropiación. Siempre que se expropia primero se interviene, porque si uno avisa que va a expropiar una empresa y no la interviene, cuando llega no hay nada”, sostiene Claudio Lozano, desde su despacho del Banco Nación, donde integra el Directorio.
Desde ese cargo, Lozano fue el impulsor de los dos informes que a comienzos de año pusieron a la cerealera en el centro de la escena cuando desnudaron que había recibido un préstamo de US$ 350 millones de la gestión anterior del Banco Nación, a cargo de Javier González Fraga. Y que la cifra superaba por mucho los límites que establece la normativa del Banco Central y representa más del 20% del patrimonio computable de la entidad oficial.
En febrero, un segundo informe desnudó la trama de las operaciones sospechosas del grupo en ambas orillas del Río de la Plata. Esta semana, el Banco Nación se presentó como querellante en la causa penal a cargo del juez federal Julián Ercolini y del fiscal Gerardo Pollicita que investiga los supuestos delitos cometidos en el otorgamiento de estos créditos. La entidad decidió que mientras avanza la investigación judicial queden separados de su cargo cuatro directivos que participaron en el otorgamiento de los préstamos.
¿Cómo se llegó a la decisión de intervenir Vicentin? ¿Qué dicen los informes del Nación que impulsaron la investigación? ¿Es legal la expropiación? En esta entrevista exclusiva con Canal Abierto, Lozano aborda una a una las incertidumbres que flotan en cada canal de noticias desde comienzos de mes: la concentración del comercio de granos, la subfacturación de exportaciones, la triangulación de operaciones para evadir impuestos, la fuga, el rol estratégico, el fantasma del comunismo, y el vínculo de la cerealera con la Casa Rosada liderada con Mauricio Macri.
Se puede expropiar
“Es parte de la lógica del sistema capitalista que pueden existir mecanismos de expropiación por alguna razón. Y el artículo 17 de la Constitución Nacional del año 1853, de una Constitución liberal, establece que el Gobierno puede declarar de utilidad pública determinada empresa, tasarla a través del Tribunal de Tasaciones, indemnizar al propietario y quedarse con la empresa”.
“En el caso particular de Vicentin, hay una fuente laboral que involucra a 5.000 trabajadores, hay 1.800 productores colgados del pincel, hay ahorro de la banca pública por cerca de US$ 400 millones y hay un grupo empresario, que es uno de los principales exportadores de la Argentina, que factura US$ 4.000 millones al año. Argentina es un país necesitado de divisas. El comercio exterior de granos es el área del comercio exterior más relevante en materia de producción de divisas, si esto no es de utilidad pública y estratégica, no sé qué lo es”.
La propiedad privada está en todos lados
“La propiedad privada es un problema al interior de las relaciones entre distintos propietarios privados. Pareciera que la única propiedad privada es la de Vicentin, cuando esta intervención viene a resolver el problema de cómo le afectó a la propiedad privada de 1.800 productores y a la de los bancos y depositantes lo que Vicentin llevó adelante, que es una verdadera estafa. El que ha violentado la seguridad jurídica es Vicentin. Subdeclarando exportaciones, dejando dólares en el exterior, dejando colgados a sus acreedores”.
¿Se viene el comunismo?
“Esto no forma parte de ningún programa generalizado de expropiaciones planteado por el Gobierno. Es más: el Gobierno no tenía la voluntad de hacer esto. El Gobierno confiaba en que la operatoria del mercado lo iba a resolver, pero ocurre que no lo resolvió. El concurso (de acreedores) es una oportunidad para una empresa que le permite volver a funcionar. Cuando Vicentin declara el default de su deuda, el 5 de diciembre, la Bolsa de Rosario le prohíbe seguir operando. Cuando aparece el concurso, el juez obliga a la Bolsa a que levante la prohibición para que Vicentin pueda volver a operar, pero la empresa no logra hacerlo porque los productores no quieren trabajar con Vicentin porque los dejó colgados”.
“A veces se trabaja con la desinformación más absoluta, instalando prejuicios ideológicos que no tienen asidero en este contexto. Se está discutiendo mal esto. Hay una manipulación informativa muy concreta por parte de los medios dominantes que son voceros de la estructura de poder y lo que se busca es descontextualizar el hecho”.
Vicentin, estratégica
“Las ofertas de los grupos extranjeros (para comprar una Vicentin a la baja) implican pérdida para la banca pública, pérdida para los productores, y ceder US$ 4.000 millones al control del capital extranjero, extranjerización mayor aún de los dólares que produce la Argentina. Ese es el cuadro”.
“Les interesa quedarse con eso pero también lo que resisten es que de repente aparezca un actor como el Estado que intervenga en ese mercado, porque a las maniobras de triangulación las hacen ellos también. Y porque que esté el Estado ahí implica la posibilidad de establecer precios de referencia que comiencen a alterar la situación, que permita blanquear la operatoria de este mercado que es muy oscuro, muy opaco, sobre todo desde que desapareció la Junta Nacional de Granos y desde que se privatizaron los puertos. Desde entonces, los 90, hay un proceso creciente de subfacturación de exportaciones y de contrabando de granos”.
¿Macri sabía?
«Indicios existen. Y hechos concretos: que aquellos que en las negociaciones entre Vicentin y el Banco tenían una actitud de mayor firmeza y de cuestionamiento a la actitud de la empresa de no cancelar eran separados, y que Vicentin fue el aportante de Cambiemos en 2015 por $ 6 millones, en 2017 por $8 millones, y en 2019 por $ 13 millones y medio. Y que tanto (Alberto) Padoán como (Gustavo) Nardelli, que son los dos principales referentes de Vicentin, son miembros de la mesa chica del PRO en Santa Fe. Las relaciones políticas son por demás evidentes”.
“Vicentin es un cliente que tenía la calificación vencida y se la prorrogaron (los créditos) sin ninguna razón, un cliente que violaba la norma interna no sólo del Banco Nación sino también del Central y siguió operando, un cliente que además no pagó entre agosto y diciembre y le permitieron retomar el financiamiento. Y, encima, el Banco tenía cómo cobrarse el dinero y no lo hizo. Todas estas cuestiones son de un nivel de irregularidad que se acerca mucho a la idea de una administración fraudulenta».
Entrevista: Gladys Stagno