Redacción Canal Abierto |“La economía son relaciones sociales, no es matemáticas”, comenzó Ana Jaramillo, rectora de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), institución que esta tarde ofició de anfitriona de la charla online titulada El caso Vicentin, ¿una forma de hacer negocios en la Argentina?

La misma fue convocada por la Mesa de Encuentro por el Trabajo y la Vida Digna, conformada por organizaciones como la CTA Autónoma, la CGT, la Pastoral Social que encabeza monseñor Jorge Lugones, la CCC, la CTEP, Barrios de Pie, el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento de Mujeres de Lomas de Zamora, el Movimiento Campesino, la Red de Pymes y distintos sindicatos, entre otras. Una convocatoria que nuclea a actores de la economía social, sindicales, universidades, empresarios y productores, y que plantea a la solidaridad y el trabajo como pilares de la construcción de una sociedad más justa. Desde allí, la charla abordó el “caso Vicentin” en tanto oportunidad para pensar otra Argentina posible.

En el debate transmitido vía YouTube, distintas voces –en representación de la banca pública, las cooperativas agropecuarias, la academia y el Estado- se complementaron para relatar las aristas que dan cuenta de la situación de una de las cerealeras más grandes de la Argentina. Y completaron el panorama que terminó en su intervención y el proyecto para expropiarla.

Un punteo sobre las intervenciones de cada uno:

 

Claudio Lozano, director del Banco Nación y dirigente de la mesa nacional de Unidad Popular

  • “El crecimiento de Vicentin se hizo apalancado en el crédito, sobre todo en el crédito público”.
  • “A partir de julio 2014, Vicentin comienza un proceso de offshorización y la que controla el conjunto de sus empresas, Vicentin Family Group, no está inscripta en la Argentina, sino en Uruguay. La facturación completa de las exportaciones que salen de la Argentina no se realiza en la Argentina sino en Uruguay. Consecuentemente, Vicentin declara menos exportaciones que las que realiza, paga menos retenciones, y menos Impuesto a las Ganancias. Al mismo tiempo una parte importante de los dólares queda en el exterior”.
  • “Se trata de un grupo empresario que ha tenido un crecimiento exponencial, dejando productores enganchados y que no puede avanzar porque no quieren venderle y por lo tanto los está poniendo en crisis”.
  • “En ese contexto, han aparecido un conjunto de propuestas que buscan quedarse con ese negocio. Vicentin es una de la exportadora número seis de este país, y si quedara en manos de empresas extranjeras, concentraría y extranjerizaría más la exportación de granos y el control sobre la oferta de divisas que genera la Argentina”.
  • Desde que desapareció la Junta Nacional de Granos y se privatizaron los puertos, la operatoria de este comercio son opacas y oscuras: la triangulación, la subfacturación de exportaciones, los pagos de retenciones por debajo de lo que debería pagarse e incluso el contrabando de granos ocupan un lugar importante. Que en un actor de esta naturaleza tenga presencia del Estado genera discusiones para los factores de poder que ocupan un papel relevante en este sector”.
  • “Lo mejor sería que pudiéramos transformar esta estafa generalizada a miles de productores, trabajadores y a la banca pública, en la posibilidad concreta de avanzar en la construcción de una empresa mixta, con presencia del Estado, asociado con las cooperativas agropecuarias, que pueda tener una conducción profesional, acompañada por técnicos del INTI. Esto nos permitiría conformar un actor que probablemente se transformaría en el primer jugador dentro de este comercio”.
  • “Acá ha habido un DNU que ha sido desconocido por parte del juez que interviene en el concurso, lo cual resulta insólito. Pero lo cierto es que ese juez no da garantías de imparcialidad, máxime cuando se trata de un juez que ha estado vinculado 18 años al Banco Nación y que ha dictaminado en los créditos que recibió Vicentin del Banco”.

 

Carlos Iannizzotto, presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO)

  • Tenemos una posición sobre priorizar la intervención porque tiene la flexibilidad para que el aspecto social sea tenido en cuenta. Buscamos que rápidamente esta empresa pueda seguir funcionando y los productores tengan acceso a sus acreencias. No podemos buscar exclusivamente un balance económico, sino un balance social. Hay que darle seguridad y respeto a los productores, a los trabajadores y a las pymes”.
  • Esta empresa puede ser, por sus características y la situación a la que sus propios dirigentes la han llevado, un instrumento social y económico. En un ámbito en el cual tanto el sector cooperativo como otras pequeñas empresas han tenido y tienen una eficaz gestión. Hay que tomar la decisión con esta orientación”.
  • “Es lógica la intervención del Estado para ordenar este proceso y darle acceso a pymes y pequeños y los medianos productores. Y para que la distribución de la riqueza pueda ir instrumentándose en una gestión empresaria que luego redunde en un beneficio en un ámbito donde la alimentación sustentable, la estrategia frente a un mercado externo muy competitivo, siga estando en manos nacionales y en pymes. Esto va a fortalecer el empleo y a descentralizar la operatividad de la empresa, federalizando las operaciones”.
  • “La competencia por sí sola no trae igualdad. En la medida en que haya más propietarios, en que haya más discusión sobre la propiedad privada, vamos a poder generar igualdad de oportunidades y de esa manera no quedar a merced de empresas que van en perjuicio del productor”.

 

Juan Manuel Rossi, presidente de la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE)

  • “Nos agarra la cesación de pagos de Vicentin, allá por el 4 de diciembre del año pasado y muchas de nuestras cooperativas, que habían confiado en el sistema de ventas de granos que tiene nuestro país, ahora están esperando cobrar”.
  • “Nosotros no creemos que el Estado administra mal, el Estado está en capacidad de comprar y vender granos como lo estuvo de poner un satélite en órbita”.
  • “Nos imaginamos una gran empresa nacional, con representación del Estado y del cooperativismo. Entendemos que la salida tiene que ser por ahí”.
  • “Es un buen momento para que pongamos sobre la mesa grandes discusiones: una política agraria nacional, el uso y la tenencia de la tierra, y la comercialización de los granos y de los alimentos”.

 

Juan Alderete, director de la carrera de Ingeniería en Alimentos de la UNLa

  • “Hay una dimensión mediata, que es que la intervención, tenga la forma que tenga, tiene que ir acompañada de una planificación estratégica muy seria que tiene que incluir un diseño a largo plazo que convierta a este conglomerado de empresas en el motor del desarrollo de lo que podría ser un verdadero distrito agroindustrial. Porque está la gente, está el saber”.
  • “Ésta es una oportunidad de volver a pensar no solamente en la gestión de la empresa, sino en revitalizar y generar una mejor infraestructura para toda la región”.
  • “Si queremos avanzar en el agregado de valor, tenemos que diseñar y trabajar en el cambio de mentalidad sobre cómo se entiende la comercialización. Estamos muy acostumbrados a despachar cosas que se venden solas. Tenemos un camino para recorrer en el diseño alternativo de cuadros comerciales adaptados a las particularidades regionales, y desde la academia tenemos una deuda enorme”.
  • “En cuanto a lo tecnológico, tenemos la posibilidad, a partir de esta intervención, de empezar a reunir todo lo que ya se está desarrollado en biotecnología de segunda generación”.
  • “La urgencia debe salvarse, no solamente porque es justo sino también porque es necesario, pero debe hacerse con la mirada puesta en el futuro desarrollo local de forma que puede constituirse en un modelo de gestión aplicable en otros casos que sin duda van a surgir en este contexto que se nos impone, profundizado por la pandemia. Las universidades, el sector cooperativo, los gremios, tenemos que estar dispuestos a contribuir al diseño superador y multidisciplinario que transforme esta crisis en una oportunidad. Se puede hacer, no es una utopía, porque alguna vez ya lo hicimos”.

 

Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires

  • “Vicentin presenta la cesación de pagos como un resultado claro de lo que había estado haciendo en la etapa anterior”.
  • “En el medio de las políticas del macrismo, que llevaron a que en cuatro años hubiera una recesión de tal magnitud que cayó el PBI en términos absolutos, que estuvo acompañada por un fuerte proceso de desindustrialización, que en el sector agropecuario mostró una tasa fuerte de reprimarización, Vicentin creció por encima de lo que lo hicieron las otras grandes comercializadoras. Ese crecimiento sólo podía estar apalancado en esta dinámica de endeudamiento, que era claramente impagable en el mediano y en el largo plazo. Vicentin hizo de estos circuitos de financiarización su principal estrategia”.
  • “En una cuenta sencilla, Vicentin le debe, a través del Banco Nación, $450 a cada argentino, sea bebé o jubilado. Y lo que está diciendo es que le resulta imposible pagarla”.
  • El que le prestó a Vicentin es el mismo Banco Nación que en 2016 le redujo hasta quitarle el crédito a SanCor. Cuando se trató de una empresa cooperativa, el banco hizo lo contrario de lo que hizo con Vicentin. Fue una política deliberada de reorientar el crédito del sector productivo al sector financiero”.
  • “En estas circunstancias, están los que el Estado debe mirar para otro lado. Nuestra perspectiva es que el Estado tiene que intervenir cuando hay damnificados. Y estamos hablando del conjunto de los argentinos como damnificados. El descalabro económico que implica esto requiere que el Estado sea un partícipe necesario en la solución del problema, que fue generado por completo en la etapa previa”.

 

Charla completa:

https://www.youtube.com/watch?v=ycCPJVdnhsg&feature=youtu.be

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