Por Mariano Vázquez | En Colombia no hay reposo. La violencia ha marcado la historia del país sin tregua. El último y largo esfuerzo de negociaciones que derivó en 2016 en la firma de la paz entre las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos está pereciendo ante el genocidio perpetrado contras líderes sociales, comunitarios, sindicales, de derechos humanos y ex guerrilleros que se acogieron a la vida civil.

En todos los niveles, la ultraderecha sigue obstinada en hacer la guerra. Las fuerzas populares son las principales víctimas. Cada tres días un asesinato. El discurso oficial promete justicia pero solo garantiza impunidad.

Una de las noticias de más trascendencia internacional fue el acuerdo de paz del Estado colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero no recibe el mismo tratamiento ni la condena mundial la violencia sistemática contra líderes sociales. Más de 700 han sido asesinados entre el 1 de enero de 2016 y julio de 2020, si se combinan las estadísticas de la Defensoría del Pueblo, del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y de las organizaciones populares. No hay condena para un gobierno que apuesta a la guerra.

Como señala Rodrigo Vargas Becerra, presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos del Valle del Cauca (que se encuentra en el suroeste de Colombia, junto al Océano Pacífico), en diálogo telefónico con Canal Abierto “los asesinados siempre son líderes comunitarios, defensores de derechos humanos, promotores de la paz y guerrilleros firmantes de los acuerdos de paz por eso estamos tratando de visibilizar, porque cada día se acrecienta esa cifra luctuosa”. Por esa razón, y bajo el lema ´Nos están matando´, partió hace 15 días desde el Cauca y llegó este viernes a Bogotá La Marcha por la Dignidad, para denunciar los asesinatos sistemáticos de líderes sociales y excombatientes.

El dirigente social afirma que una de las causas estructurales de la violencia “es el problema de la tierra y del narcotráfico”. El censo agropecuario de 2015 indica que un 1% concentra el 81% de la tierra. La extrema desigualdad que caracteriza a Colombia no ha sido reparada por los acuerdos de paz a pesar de ser unos de los puntos capitales.

Le pediría en primer lugar si me puede contar sobre la situación de violencia en Colombia, el ataque a los líderes sociales, a usted y a su familia en particular.

-La arremetida por parte de grupos paramilitares, tanto en el Valle como en el Departamento del Cauca, donde tuvo influencia la antigua insurgencia de las FARC-EP, se ha intensificado en este último tiempo. En todo el país, 208 guerrilleros firmantes del acuerdo de paz han sido asesinados, al igual que muchísimos dirigentes sociales populares reclamantes de tierra. En mi caso particular, he sido víctima de persecución y amenaza por bastante tiempo. He tenido que reforzar mi seguridad y mi familia también, sobre todo mis hijos, en estos momentos tengo en el exilio a mi hijo mayor pues el Estado colombiano no ofrece ninguna garantía para aquellos que defendemos los derechos humanos, para aquellos que estamos acompañando a las comunidades más desprotegidas. La zona costera de Buenaventura, en el Océano Pacífico, ha sido golpeada brutalmente por la presencia paramilitar y de carteles del narcotráfico. Vienen desplazando a las comunidades impunemente.

Más de 200 líderes sociales han sido asesinados en estos seis meses de 2020 ante la inacción del gobierno colombiano y el silencio internacional.

-Las estadísticas por parte del Estado no coinciden con las de las organizaciones sociales. Muchos de los asesinatos de dirigentes sociales, populares, defensores de los derechos humanos son calificados por el gobierno como crímenes comunes que no tienen nada que ver con la cuestión política o con el ejercicio que desarrolla cada uno de los compañeros y compañeras que han sido asesinados. El panorama es difícil y, sobre todo, el silencio del gobierno colombiano que trata de ocultar la problemática social que tiene el país.

Desde la firma de los Acuerdos de Paz diferentes organismos cifran en más de 700 las personas que lideraban procesos comunitarios o defendían los derechos humanos, que fueron asesinadas. ¿Cuáles son las causas de esta violencia focalizada?

-Desde la firma de los acuerdos podemos decir que la cifra de asesinados supera los 700. Esta estigmatización se da con los asesinatos pero también con los desplazamientos forzados de las comunidades, el desarraigo de las mismas. En la zona donde antes de los acuerdos tenía influencia la guerrilla de las FARC, resurgen los intereses por parte del narcotráfico y, lógicamente, los grupos paramilitares que los protegen para afincarse en esas regiones y crear sus núcleos de poder. Quienes obstaculizan ese trabajo son los dirigentes sociales y populares. Por eso los matan.

¿Qué pasa específicamente en el Cauca? 

-El Cauca es uno de los departamentos en donde se ha recrudecido esta escalada criminal por parte de los grupos paramilitares. Su presencia tiene que ver con las rutas para la salida de la droga, para el Naya, es decir para el Océano Pacífico. Es una zona muy apetecida porque desde allí los grupos paramilitares, los grandes narcotraficantes exportan la droga. En Corinto y Miranda la producción de marihuana y los cultivos de coca son muy codiciados para los laboratorios de droga. Con el asesinato, con la intimidación, con la expropiación de tierras tienen el camino libre. Se libran de organizaciones que reclamen o que denuncien lo que está pasando.

La distribución de la tierra fue uno de los puntos cruciales que se firmó en el acuerdo de paz. 

-Sí, después del acuerdo de paz que se firmó entre la insurgencia de la FARC-EP y el gobierno colombiano, entre los puntos estaba el tema de la tierra, la reforma rural integral y la sustitución de cultivos de uso ilícito. A muchos compañeros que han venido trabajando en ese proceso los han asesinado. Es una cuestión que se viene orquestando con la complacencia del Estado y el gobierno colombiano, por acción u omisión, porque es una zona con bases militares, batallones, puestos de policía, entonces no entendemos como asesinan a la gente. Tampoco entendemos cómo entran los insumos para procesar la droga y sacarla para los grandes mercados internacionales.

Se percibe que la clase política y empresaria no quiere saldar la deuda histórica con los campesinos, los indígenas, los afrodescendientes, los luchadores sociales, los trabajadores, el movimiento de mujeres. Solo se busca exterminar a quien interfiere en los negocios de los grandes grupos concentrados de Colombia.   

-Los grupos insurgentes surgen (NdA: en la década de 1960), sobre todo la guerrilla de las FARC, como una protección para los campesinos que estaban cultivando la tierra, que reclamaban el derecho a la tierra y que fueron agredidas por el Estado colombiano e, incluso, por tropas extranjeras. Desde ese entonces se los desplaza y persigue. La historia de Colombia está atravesada por el narcotráfico y por la tenencia de la tierra. El gobierno en las décadas de 1980 y 1990 prácticamente desaparece a un partido, la Unión Patriótica (UP), que había surgido entre los acuerdos del gobierno y las FARC en 1984. Exterminaron a este partido y hasta hoy en el 2020 hay impunidad contra ese genocidio político que se perpetró contra la UP. Del acuerdo actual, surge en 2017 el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común de las FARC y hasta ahora muchos dirigentes de ese partido han sido asesinados, sigue el señalamiento, el hostigamiento a los líderes sociales y populares. Para el Estado colombiano, toda aquella persona que reclame, que luche por los derechos se convierte en un potencial enemigo y hoy se agudiza esta situación con el partido de gobierno, el Centro Democrático, donde muchos de sus dirigentes están comprometidos con el militarismo y el narcotráfico.

El presidente Iván Duque es una ficha del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, que tiene cientos de investigaciones por paramilitarismo y que pretenden hacer trizas el acuerdo con las FARC. Hoy nos asiste ante la comunidad internacional el deber de denunciar lo que pasa en nuestro país.

Siempre me resultó paradójico que en el plebiscito (que se realizó en octubre de 2016), quienes votaron abrumadoramente por la paz fueron los sectores más pobres, históricamente desposeídos y perjudicados por la violencia; mientras que aquellos que viven en las grandes ciudades, en los barrios protegidos y nunca fueron alcanzados por la violencia política, votaron en contra de la paz.

-Quienes votaron por el No en el plebiscito por la paz representaban una orientación del uribismo, de los enemigos de la paz. Lo paradójico es que gente que vive en las ciudades, que tiene protección, que no ha sentido el rigor de la guerra, hayan votado por el No. Muchos también votaron de esta manera por la estigmatización que se ha dado contra las FARC, prefirieron decirle “No a la paz”, sin medir las consecuencias y sin entender lo que significaría esto para Colombia. Creo, en mi caso personal, que el acuerdo está como está, en circunstancias tan difíciles, porque los enemigos de la paz se sintieron con mucha posibilidad de pisotearlo porque ganó el No.

-Qué opina de la gestión de Duque ante la pandemia del COVID-19. 

-El presidente Duque, en el marco de la emergencia sanitaria que vive el país, ha favorecido ostensiblemente a la gran banca, al monopolio financiero. El apoyo a las comunidades ha sido insuficiente. Una investigación indica que ha utilizado recursos, dinero de los acuerdos de paz para mejorar su imagen. Lo que demuestra que es un irresponsable. La protección de la gente de a pie, de los sectores sociales desprotegidos no ha sido la que un mandatario serio tiene que tener para con su pueblo.

La realidad que nos relata con valentía Rodrigo Vargas Becerra es la de un país que le niega justicia y protección estatal a los sectores populares, sometidos al ataque de bandas criminales. Pero es, sobre todo, la historia de mujeres y hombres que siguen luchando por la tierra, que se niegan a ser derrotados por la violencia.

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