Redacción Canal Abierto | La participación de los pueblos en la defensa de su ambiente es cada vez mayor y más organizada en toda la región. También lo es la respuesta de quienes sustentan su riqueza en la expoliación del ambiente y de las comunidades. Esto se traduce en una alta letalidad para aquellos que le ponen el cuerpo a estas luchas: Latinoamérica está al tope del récord mundial de asesinatos de personas defensoras del ambiente.

Para garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en las decisiones ambientales, el acceso a la justicia y la protección de la labor de las personas defensoras de los derechos humanos surgió el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, sintéticamente bautizado Acuerdo Escazú, en honor a la ciudad costarricense donde tras las negociaciones 23 países adoptaron este tratado regional.

Argentina acaba de ratificar el Acuerdo luego de que lo hayan hecho Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Uruguay. Sólo falta un país para que según lo pactado el acuerdo entre en vigencia.

Para interiorizarnos en los alcances de este primer acuerdo regional en materia ambiental, Canal Abierto consultó a Andrés Nápoli, abogado especializado en Derecho Ambiental, director Ejecutivo de FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) y representante electo del público ante el Comité de Negociación del Acuerdo de Escazú.

 

Por qué y para qué un acuerdo regional

“Este acuerdo surge en lo que fue la reunión Río +20, es decir 20 años después de la conferencia de Río de Janeiro 1992, una nueva reunión de todos los países del mundo y es el único acuerdo que surge entre países como resultado de esa reunión. Surge porque los países de América Latina y el Caribe están visualizando que existen algunos problemas que tienen que ver con el ejercicio de los derechos relacionados con el ambiente; por ejemplo, la posibilidad de que las personas pidan información, que puedan participar en las audiencias públicas y lo hagan de manera adecuada o que tengan la posibilidad de reclamar ante la justicia cuando tienen situaciones de vulneración de temas ambientales. Por eso, se necesita instrumentar un acuerdo para que la normativa mejore y también la implementación de esa normativa”, señala Nápoli.

“La ratificación del acuerdo de Escazú es importante para la Argentina y le va a permitir mejorar en algunas cuestiones. Por un lado, si bien Argentina tiene normativa, el gran problema que tiene nuestro país es la falta de cumplimiento de la normativa, la dificultad que hay para hacer cumplir las normas, lo que nosotros denominamos la implementación. El acuerdo va a apuntar a eso porque tiene una parte que está direccionada a que los países puedan mejorar su implementación: cómo van a fortalecer sus instituciones o las van a mejorar y qué respuesta le van a dar al público, a las personas, cuando participan en los temas ambientales ese es otro aspecto”.

“Es importante destacar que los temas que no puedan tener solución en la Argentina van a tener una instancia supranacional o internacional para ser resueltos o para poder encontrar una viabilidad. Eso va a ayudar a mejorar el nivel de conflictividad socioambiental que existe en el país que es muy elevado debido a que muchas veces no existen los mecanismos y los vehículos para hacerlo”, destaca Nápoli.

“Escazú vincula directamente temas ambientales y derechos humanos. La mayor parte de sus cláusulas están direccionadas a ayudar y colaborar con las personas en situación de vulnerabilidad, que son los que más dificultades tienen para ejercer sus derechos. Y, por el otro lado, están las cláusulas de protección para las personas que defienden el ambiente: América Latina y el Caribe es el continente más riesgoso a nivel mundial en cuanto a muertes de estas personas, ya llevamos varios años consecutivos al tope del récord a nivel mundial. Escazú es el primer acuerdo internacional con cláusulas vinculantes para proteger a los defensores”.

 

Este Acuerdo se elaboró observando la experiencia acumulada en Europa con la ejecución de un Acuerdo vinculante similar: “La Convención sobre acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente”, aprobado en la ciudad de Aarhus, Dinamarca, el 25 de junio de 1998, el cual fue ratificado por todos los estados de la Unión Europea y entró en vigor en febrero 2005.

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