Redacción Canal Abierto | En Vicentin, “la situación parece decantar hacia alguna de las advertencias que el presidente Alberto Fernández hiciera, al momento de anunciar el luego frustrado decreto de expropiación”. Así lo manifestó Claudio Lozano, director del Banco Nación e impulsor de la investigación que en enero desnudó la trama secreta de fraudes que terminó con una de las cerealeras más grandes del país en convocatoria de acreedores.
Tras el escándalo suscitado por el descubrimiento del préstamo de US$ 350 millones que la gestión anterior del Nación, a cargo de Javier González Fraga, le dio a la agroexportadora –cifra que representa más del 20% del patrimonio computable de la entidad-el 8 de junio el Gobierno anunció que intervendría y enviaría al Congreso el proyecto para expropiar Vicentin. La intención fue proteger de un posible vaciamiento los intereses de la banca pública y de productores, acopiadores, corredores, bancos, organismos, empresas competidoras y de servicios.
Pero el Gobierno dio marcha atrás con la expropiación y el concurso cayó en manos del juez Fabián Lorenzini donde, según Lozano, “no hace otra cosa que acumular irregularidades”.
“De no mediar una estrategia clara del Estado, Vicentin camina hacia la extranjerización, el desguace, la crisis laboral y perdidas para los productores y la banca pública”, agregó.
En efecto, el endeudamiento de Vicentin SAIC es mayormente con el Estado, pero también involucra la fuente laboral de 5.000 trabajadores y deudas con 1.800 productores que dependen de la resolución del concurso para cobrar.
El acuerdo con Glencore
Ahondando en el detalle sobre las irregularidades del concurso, Lozano advirtió que los bancos extranjeros acreedores de la agroexportadora presentaron una propuesta de fideicomiso en acuerdo con Vicentin “cuyo objetivo esencial era abrirles la puerta a inversores externos como modo de resolver la situación de la empresa”.
En sintonía con esta decisión, los propios dueños de Vicentin contrataron a “un banco neoyorquino” para que los asesorase en el proceso de reestructuración de la deuda concursada.
“En simultáneo, los bancos extranjeros incorporaron un asesor en el concurso que, sugestivamente, participó en el sospechado acuerdo de venta a Glencore de parte del paquete accionario que Vicentin tenía en Renova (una de sus empresas insignia)”, apuntó Lozano.
Esta venta está cuestionada judicialmente ya que se efectuó 48 horas antes de la cesación de pagos de Vicentin.
“El beneficiario directo de esto sería el Grupo Glencore y obviamente esto induciría un desguace de la empresa con el lógico impacto negativo en términos laborales. Así, desguace, extranjerización, crisis laboral y quita a los acreedores comerciales y financieros, que eran las consecuencias que el presidente Alberto Fernández pretendía evitar con la expropiación, podrían hacerse realidad”, advirtió el economista.
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