Redacción Canal Abierto | Con media sanción en Diputados y dictamen de comisión en Senadores, el proyecto de Ley de Aporte Solidario Extraordinario de las Grandes Fortunas se encamina a ser tratado por la Cámara alta en sesiones ordinarias, extendidas hasta el 11 de diciembre.
Pese a que se trata de una retención que se efectuaría por única vez, tras un año de pandemia, y sobre el patrimonio de poco más de 9.000 personas, el bloque de Juntos por el Cambio ya adelantó su voto en contra y por los sets televisivos pasean encendidos detractores de la medida. Algunos de ellos sostienen que esta suerte de impuesto desalentaría las inversiones.
“No estoy de acuerdo. Por el contrario, con las alícuotas que se prevén para los bienes del exterior lo que se busca es atraer inversión en el país y desalentar que los activos se coloquen en el extranjero”, asegura Magdalena Rúa, magíster en Economía Política de Flacso y docente de la UBA.
“Los argentinos declararon en total en el exterior alrededor de US$ 77 mil millones para 2018. El Indec, para ese mismo año, estima que el sector privado no financiero poseía activos externos de US$ 293 mil millones”, detalla Magdalena Rúa, sobre el #ImpuestoALaRiqueza. pic.twitter.com/pAP5esTBmY
— Canal Abierto (@canalabiertoar) December 1, 2020
La respuesta de la especialista en sistema tributario se para en la vereda opuesta de quienes imaginan bajos impuestos y escasas regulaciones como la Meca capitalista a la que peregrinarían gustosos los capitales del mundo.
¿Por qué creés que esto no funciona así?
—Analizando los datos de la AFIP, uno puede ver que el 70% de los activos que declaran las personas con mayores fortunas son inmuebles y activos financieros, es decir para atesoramiento, no capital empresario. Por lo tanto, el argumento de quienes esbozan que esto podría afectar la inversión es incorrecto.
Por el contrario, la experiencia reciente de los últimos años del gobierno de Cambiemos demuestra que las prebendas al poder económico no alientan la inversión en el país. Como vimos, las facilidades que se les dieron, el libre cambio, las altas tasas de interés, todo lo que ha generado este circuito de especulación financiera favoreció la salida de los capitales al exterior y la reducción del nivel de inversión interna.
Entonces, ¿el comportamiento habitual de los grandes capitales que se generan en el país es enviar sus excedentes al exterior en lugar de reinvertirlos?
—Así es. Si uno analiza la porción de capital que esas personas tienen en el exterior es la mayor parte de su patrimonio. Estas grandes fortunas tienen alrededor del 80% de su patrimonio en el exterior. Por eso es que este proyecto de ley tiene por objetivo desalentar esas inversiones y atraerlas a la Argentina. Estamos hablando de una porción muy escueta, de alrededor del 0,02% de la población argentina, y no alcanza ni al 1% de los contribuyentes que hoy pagan Bienes Personales, es el 0,8%.
En términos de concentración de la riqueza, ¿la Argentina cómo está en relación con otros países?
—América Latina es la región más desigual del mundo. Comparado con otros países de la región, Argentina siempre estuvo un poquito mejor. Igualmente, durante los últimos cuatro años, el Gini, que es el indicador de desigualdad que relaciona los deciles de mayores ingresos con los de menores ingresos, ha empeorado significativamente. Y eso se relaciona también con el sistema tributario. En la Argentina, cuando aumentó la capacidad recaudatoria del fisco y cuando el sistema tributario es más progresivo durante las gestiones progresistas. el Gini mejoró significativamente.
¿El sistema tributario puede incidir en una mejor distribución de la riqueza?
—Sin duda. El sistema tributario es una de las mejores herramientas con las que se cuenta para poder mejorar la estructura económico-social de la Argentina. Y un impuesto a los patrimonios y a las riquezas es de los mejores distribuidores de riqueza y de las mejores herramientas para reducir los niveles de desigualdad.
Es fundamental pensar en mejorar el sistema tributario, porque hoy es sumamente regresivo, la mayor parte de los tributos que se recaudan son sumamente regresivos donde las alícuotas que se recaudan son las mismas para los contribuyentes con distintas capacidades contributivas, distintos niveles de ingresos, distintos niveles de riqueza. En cambio los impuestos progresivos, que son los que tienen diferentes alícuotas y escalas de acuerdo a la capacidad económica de los contribuyentes, hoy lamentablemente son los que menos contribuyen con la recaudación.
Los defensores del libre mercado sostienen que la Argentina es uno de los países del mundo donde más impuestos se pagan, ¿eso es real?
—Lo que se conoce como la presión tributaria de la Argentina, que no es más que la recaudación en términos de Producto Bruto, es acorde a la del resto del mundo. Si nos comparamos con los países de la OCDE, Argentina está por debajo del promedio de la presión tributaria, y también está por debajo del promedio de los países de la Unión Europea, de Brasil, de Chile. Por otro lado, la presión tributaria no es la misma para todos los sectores. Si uno hace un análisis, teniendo en cuenta los distintos deciles de ingresos, el 10% más pobre tiene una presión tributaria superior que el 10% más rico. En los últimos cuatro años el gobierno de Cambiemos aumentó la regresividad del sistema tributario. Y esa regresividad favorece a los estratos de mayores ingresos y a las grandes empresas.
¿Es necesaria una reforma tributaria integral?
—Sí, es totalmente necesaria. Una reforma de carácter progresiva integral y profunda. Uno de los puntos que tiene que incluir tiene que ver con darle mayor progresividad a los distintos tributos que existen y tratar de cerrar los baches que favorecen a las personas de alto patrimonio y a las grandes empresas y permiten la elusión fiscal.
Por ejemplo, en el Impuesto a las Ganancias habría que aumentar significativamente las alícuotas para las personas de mayores ingresos y para las grandes empresas y reducirlas para las personas de menores ingresos y las empresas más chicas. Lo mismo con el Impuesto a los Bienes Personales. También hay que hacer toda una revisión de la Legislación tributaria. Hay una serie de medidas en el plano de fiscalidad internacional que se pueden llevar adelante. Retomar el Impuesto a la Herencia, que fue eliminado durante la dictadura cívico-militar, pensar la tributación para las empresas de servicios digitales que se beneficiaron muy fuertemente con la pandemia y son las que menos tributan.
¿Qué tan alta es la evasión fiscal?
—Es difícil saberlo, pero hay algunas estimaciones que nos pueden dar indicios de que los argentinos subdeclaran sus activos. Teniendo en cuenta los datos de las declaraciones juradas de bienes personales, los argentinos declaran en total en el exterior alrededor de 77 mil millones de dólares para 2018. Y, sin embargo, Indec para ese mismo año estima que el sector privado no financiero poseía activos externos de 293 mil millones de dólares. Con los datos de la balanza de pagos, esas estimaciones arrojan alrededor de 390 mil millones de dólares. Estarían declarando un 20% de lo que poseen en el exterior.
Vos hablas de la función social de la propiedad privada, ¿cuál es esa función?
—Es un concepto muy interesante que hoy en día no se tiene en cuenta. En la Constitución del 49 se preveía que la propiedad privada tenía una función social. Hoy ese concepto no está en nuestra norma constitucional. Ahora, con todo el debate que se da con el aporte solidario, surge el debate acerca de por qué determinados sectores se sienten con el privilegio de defender el derecho a la propiedad privada como si tuviera preeminencia por encima de otros derechos, económicos, sociales y culturales, que también forman parte de nuestra Constitución y que son incumplidos para gran parte de la población, como los del artículo 14 bis. Habría que quitarle ese carácter absoluto y empezar a pensar y debatir sobre la función social que debería tener la propiedad privada, en línea con el bienestar general, con el interés común.