Redacción Canal Abierto | El 1 de febrero y por correo electrónico, el Ministerio de Educación porteño les comunicó a los docentes que el 17 comenzará el ciclo lectivo, con dos semanas adicionales para reforzar el vínculo escolar, y que “todo el Gobierno de la Ciudad se pone al servicio de la comunidad educativa para abrir las escuelas”.
El Plan “Primero la Escuela” para el retorno a clases presenciales en pandemia fue elaborado por la ministra de Educación, Soledad Acuña, y –a contramano de los protocolos sugeridos por las autoridades sanitarias y los gremios docentes- no establece planes para garantizar el distanciamiento social en lugares cerrados como son las aulas.
El plan porteño, a diferencia del que llevarán adelante el resto de las ciudades grandes del país, supone que todos los alumnos vayan los cinco días hábiles de la semana y por cuatro horas. Igual que antes del COVID-19.
Para eso, sostiene, “diseñó un plan con cuatro pilares fundamentales para trabajar en un regreso cuidado y pautado”: 1, declarar a la educación “actividad esencial”; 2, entregar en todas las escuelas un kit para reforzar la limpieza, termómetro infrarrojo y una guía de cuidados, y exceptuar a docentes y alumnos que sean parte de grupos de riesgo; 3, testear docentes desde el 8 de febrero, priorizarlos junto a los alumnos en el transporte público en horarios de ingreso y egreso escolar y facilitar los traslados con trasporte propio; y 4, invitar a los vecinos porteños a “aportar ideas para que las escuelas puedan estar abiertas y acompañar a los chicos durante este año” en las redes sociales de la Ciudad.
Con pilares de cuidado tan inciertos como poco prácticos, no tardaron en alzarse las voces en contra. Por un lado, tanto los gremios docentes como los estatales sostuvieron que apoyan la vuelta a la presencialidad pero con garantías de cuidados sanitarios.
Protocolo inviable
“Los sindicatos ya propusimos un protocolo seguro y aplicable para volver a la presencialidad cuidando la salud de la comunidad educativa”, sostienen desde UTE, uno de los gremios mayoritarios.
En él, se plantean adaptaciones estructurales para garantizar ventilación y circulación, ampliación de la planta docente a cargo de grupos reducidos, personal auxiliar de limpieza, transporte escolar para docentes y estudiantes y también equipos y conectividad.
Luego de la última reunión con el equipo de Acuña, el sindicato Ademys sostuvo que el protocolo del Ministerio “no da respuesta a ninguno de los reclamos que venimos planteando desde la docencia”. “Sigue planteando burbujas del grado completo y que un mismo docente puede participar en más de una burbuja a cargo. En buena parte de las escuelas, las dimensiones de las aulas no permiten el distanciamiento de 1,5 metros si se pretende el ingreso de la totalidad de la matricula”, afirma.
También denuncian que se deslindó en las autoridades escolares el acondicionamiento de los lugares y la presentación de una “propuesta alternativa” si la escuela no cumple con las condiciones sanitarias para prevenir contagios, que no se han adaptado las escuelas ni se contrató más personal de limpieza, y que la prioridad en el transporte público es “absolutamente inviable”.
Por su parte, desde la organización Vacantes para Todxs en las escuelas públicas -que lucha porque el gobierno porteño solucione el déficit de vacantes en la Ciudad que llega a los 15 mil chicos- manifestaron que desde el gobierno de Horario Rodríguez Larreta obligan a las familias “a deconstruir los aprendizajes de medidas de cuidado que hemos construido con mucho esfuerzo todo el año pasado” y “a enfermarnos contra nuestra voluntad y enfermar a nuestrxs niñxs”.
Mientras tanto, el juez Roberto Gallardo, a cargo del Juzgado Nº 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario -que había convocado a Acuña y a su par en Salud, Fernán Quirós, para que explicasen en una audiencia cómo sería la vuelta a clases presenciales- fue recusado por el gobierno porteño y decidió apartarse de la causa.
Al cierre de esta nota, la Ciudad de Buenos Aires ostentaba un promedio de 1040 contagios diarios de COVID-19, una de las tasas de incidencia más altas del país junto con las provincias patagónicas, y un 60% de ocupación de camas de terapia intensiva.