No es No Arcioni: Chubut no quiere megaminería

Redacción Canal Abierto | En Chubut la comunidad ha manifestado de todas las formas posibles su negativa al desarrollo de la megaminería en la provincia. Desde el 2003, la provincia de Chubut mediante la Ley 5.001 prohibió la actividad minera metalífera en la modalidad de cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera pero las multinacionales mineras y sus asociados en la política no desisten en los embates para avanzar a pesar de la evidente falta de licencia social.

Pese a que hay ya presentada en la Legislatura una Iniciativa Popular para una nueva ley minera que despeje toda sombra de contaminación y de creación de zonas de sacrificio en el territorio provincial, el gobernador Mariano Arcioni –con la venia del ejecutivo nacional– intenta hacer aprobar por los legisladores la zonificación que permitiría habilitar en algunas regiones el inicio de la explotación minera.

En las últimas horas, por decreto el gobernador convocó a Sesión Extraordinaria para el viernes 5 de febrero para tratar, entre otros, el proyecto 128/20 con el título “Desarrollo Industrial Minero Metalífero Sustentable de la Provincia de Chubut” que de aprobarse habilitará la explotación minera en los departamentos de Gastre y Telsen en la región de la meseta.

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Frente a ello, las asambleas ciudadanas de las diversas localidades y organizaciones sociales, sindicales y políticas de la provincia han convocado a movilizar a la legislatura provincial el jueves 4 de febrero en lo que han titulado Jornada Plurinacional por el Agua a la que se han sumado organizaciones de todo el país convocando a movilizar en apoyo a los asambleístas chubutenses.

La CTA Autónoma de Chubut convocó a un Paro en Defensa del Ambiente por 48 horas. En la notificación de la medida enviada al ministro de Trabajo provincial sostienen que disponen la medida: “Ante el tratamiento en la Legislatura de proyectos de leyes perjudiciales para la provincia, que amparan el negocio de la megaminería en Chubut, con la consiguiente destrucción del medioambiente y la puesta en riesgo del delicado sistema acuífero provincial”. A la vez, exigen el inmediato tratamiento de la Iniciativa Popular presentada con más de 30 mil firmas, y que tiene como objetivo “resguardar el derecho de todos y todas a contar con un ambiente saludable para el desarrollo de la vida”.

La zonificación

“Hace rato que da vueltas un borrador de la zonificación que coincide con el mapa del catastro minero. Lo que se entrega es el 70% del territorio de la provincia, lo achicaron un poco, pero dejan abierta la puerta en un artículo a posteriores ampliaciones, una vez que logren entrar”, explicaba en diciembre de 2020 en diálogo con Canal Abierto Pablo Palicio Lada, referente de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut y del Movimiento Antinuclear de Chubut (MACH). “Este proyecto está hecho a medida de Panamerican Silver, la minera canadiense propietaria del proyecto Navidad, que ha tomado el rol de estado paralelo en la zona de la meseta, la zona de los grandes yacimientos. Pero también abre la puerta a la minería del uranio, mucho más grave. La zonificación es un eufemismo para permitir la apertura minera”.

Técnicamente, el proyecto de ley del ejecutivo zonifica la provincia en cuatro tipo de áreas. Las zonas 1 y 2 son áreas de cauces de ríos y arroyos o zonas de amortiguamiento y protección de los cursos de agua permanentes protegidas por la ley 5.001. A las zonas 3 y 4 se las exceptúa de esta protección.

Consulta previa, libre y “apretada”

Las comunidades originarias de la meseta, tehuelches y mapuches, son asistidas por el derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios que establecen tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT. Para poder realizar cualquier emprendimiento minero en esta zona las comunidades deben aceptarlo luego de un procedimiento de consulta y consentimiento.

Por el contrario, varias comunidades denuncian que fueron intimidadas por personal policial y empleados comunales cuando se los invitaba a participar de una “reunión informativa y abierta al diálogo”, señalan en un escrito enviado al titular del área de Asuntos Indígenas de Chubut, Rubén Romero Saihueque, por parte de las comunidades Mapuche-Tehuelche Mallín de los Cual, Los Pinos, Taquetren, Lof Lefimi, Chacay Oeste y Laguna Fría.

En el mismo señalan que fueron notificados “mediante aprietes, utilizando frases como ‘te tenés que entregar’ y que la convocatoria se realizó dividiendo el territorio Mapuche Tehuelche según las jurisdicciones de la administración estatal sin advertir que las decisiones siempre las debatimos y tomamos en conjunto”.

En esta línea, remarcan en el documento que la “convocatoria” se efectuó “48 horas antes de la fecha de reunión sin respetar los tiempos necesarios para que las comunidades nos organicemos, no se tuvo en cuenta que la mayoría de los miembros se encuentran en el campo y que en esta fecha están realizando trabajos programados con su hacienda”.

Por último, señalan: “Atento a la intempestiva convocatoria del gobierno a sesiones extraordinarias para el día viernes 5/1 exigimos una vez más que el Estado cumpla con el deber constitucional de respetar y hacer efectivo nuestro derecho de consulta y consentimiento libre, previo e informado antes del tratamiento y/o aprobación del proyecto de ley 128/20. Destacando que para que dicha consulta sea válida, debe realizarse de buena fe, respetando las circunstancias en las que se efectúa, las costumbres y tiempos de nuestras comunidades, y con miras a la obtención de un acuerdo o consentimiento sin acudir a engaños, amenazas o violencias contra nosotros”.

Los votos

El gobernador Arcioni intentó aprobar en diciembre esta ley pero no pudo lograrlo debido a la efervescencia social provocada. Ahora avanza ya que contaría con el apoyo de 14 de los 27 legisladores. No está cerrado el tema pero ni la movilización social ni los reiterados escándalos surgidos en torno a como se compran los votos de los legisladores parecen amedrentar a este funcionario alineado con Sergio Massa y respaldado por Alberto Fernández.

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En diciembre, en las horas previas al intento de aprobar la zonificación, se filtró el audio de una conversación de la diputada Leila Lloyd Jones, opuesta a la iniciativa y que había sido escrachada en su domicilio, diciendo que quienes están votando a favor de la zonificación habrían cobrado diez millones de pesos.

En otro episodio, el legislador Sebastián López (PRO) fue grabado pidiendo “100 lucas” para hacer lobby para las mineras, lo que provocó la ruptura del bloque de Juntos por el Cambio pero no su renuncia ni su destitución.

Así, frente a una comunidad que se organiza, que durante años ha presentado alternativas y proyectos de ley como el de la Segunda Iniciativa Popular que espera su tratamiento por estos mismos legisladores, el argumento de Arcioni y su ministro de Seguridad, Federico Massoni, ha sido la criminalización de los asambleístas y el infructuoso esfuerzo por deslegitimar la protesta. Esta fue la respuesta de las asambleas ciudadanas en su último comunicado:

“Reafirmamos la enorme dignidad de este pueblo en lucha y llamamos a fortalecer las asambleas con una clara vocación de autoconvocarse en defensa de la vida. Seguiremos en las calles y ante el peligro inminente de la zonificación paralizaremos la provincia”.
Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh)

Foto de Portada: @NoelioFotos en LUAN colectiva de acción fotográfica