Redacción Canal Abierto | Con el eco de las vacunaciones irregulares en el Ministerio de Salud de la Nación todavía en danza, el jefe de gobierno de la CABA Horacio Rodríguez Larreta y su ministro de Salud Fernán Quirós fueron denunciados penalmente por la tercerización de vacunas a manos de planes de medicina prepagas, sanatorios privados y obras sociales.
Estos beneficios para clientes o afiliados venían siendo promovidos desde hace unas semanas en las distintas plataformas de instituciones como el Sanatorio Güemes, el Hospital Alemán o la prepaga Medicus. Entre quienes también ofrecían este beneficio estaba la obra social de la UTHGRA, el sindicato que conduce Luis Barrionuevo, quien fuera una de las patas gremiales durante la campaña presidencial de Macri en 2015.
Estas ofertas se hicieron gracias a la cesión de dosis por parte del Gobierno de la Ciudad, al tiempo que retrasaba el lanzamiento de la inscripción para quienes se atienden su salud en el sistema público o en obras sociales, hospitales privados y prepagas que no fueron beneficiadas con dosis por parte del gobierno de Larreta. Además de garantizar su vacunación, estas personas pudieron hacerlo sin tener que padecer el martirio de una plataforma que se averió ni bien lanzada.
“Como se puede apreciar, el Gobierno de la Ciudad Autónoma ha decidido privatizar la campaña de vacunación en clara violación de lo dispuesto por la ley nacional, violando los deberes de funcionario público”, sostiene el escrito presentado hoy por la abogada Natalia Salvo.
El planteo presentado ante el juzgado se sostiene en el incumplimiento de la normativa 2883/20 dispuesta por el Ministerio de Salud de la Nación el 30 de diciembre pasado, tras la llegada del primer cargamento de vacunas provenientes de Rusia. El artículo 4° de la normativa establece que “la autoridad de aplicación del plan queda a cargo de cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Sin embargo, como es la propia autoridad la que infringió la ley, la demanda se hace a nivel federal entendiendo que es el estado nacional el perjudicado al ser quien pagó por las vacunas y las cedió a las distintas jurisdicciones.
Consultada por Canal Abierto, la denunciante expresó que “estamos ante un bien escaso como son las vacunas, por lo tanto, el orden de prioridad tiene ciertos criterios y parámetros de razonabilidad. ¿Cuál es este orden de vacunación? Gestores o agentes de salud tanto del sistema público como privado y aquellos que están en instituciones geriátricas o universitaria. Sucede que esa franja de la población ha sido vacunada en su totalidad. Se genera una suerte de ciudadanos de primera y de segunda categoría. Los de primera categoría serían estos socios y afiliados a estas empresas de medicina prepaga. También hubo obras sociales que en su carácter de socios pueden acceder con antelación a aquellos agentes de salud que aún no han sido vacunados en el marco de la pandemia”.
Y agregó que “el mismo Gobierno de la Ciudad ha alegado en las últimas horas que se trató de una licitación o contrataciones. En caso de ser licitaciones no se encuentran en los listados correspondientes como todo proceso licitatorio tendría que estar publicados. Y se desconocen los términos de esa licitación con organismos privados”.
La denuncia fue radicada en el Juzgado Federal N°4, cuyo titular es Ariel Lijo. El fiscal interviniente es el procesado Carlos Stornelli, cuyos vínculos aceitados con el macrismo datan de la época en que Macri estaba al frente de Boca y quedaron expuestos tras la denuncia de integrar una red de extorsión junto al falso agente Marcelo D´Alessio. Al respecto Salvo sostuvo que “se trata un fiscal federal cuyo procesamiento por dos hechos está confirmado por la cámara correspondiente. La verdad es que creo que ha fallado el procurador interino Casal si es que no lo ha apartado. En este caso estamos evaluando la eventual recusación del fiscal por temor a la parcialidad”.