Redacción Canal Abierto | “Mi objetivo es lograr tarifas diferenciales de acuerdo con el ingreso de quiénes las pagan. La pesadilla de tener que decidir si comer o pagar la luz llegó a su fin. El rediseño va a tardar meses, y voy a mandar un proyecto de ley para desdolarizar las tarifas para que los costos sean en pesos”, dijo Alberto Fernández este mediodía durante la apertura de sesiones legislativas ordinarias de 2021.
“Las tarifas deben ser justas y razonables. Estamos ante la oportunidad de que el Estado, con las herramientas tecnológicas que se fueron desplegando en el mundo durante el 2020 y también en Argentina con respecto a la pandemia, de establecer quiénes son los usuarios y consumidores que a ciencia cierta no pueden afrontar aumentos. No se puede desconocer que el acceso al servicio público de prestación de gas como usuarios finales es un derecho humano. Por lo tanto, el Estado debe arbitrar todos los medios necesarios para distinguir quiénes no van a poder afrontar ningún aumento, e inclusive los que no pueden pagar la tarifa actual. A todos ellos debe atender de forma inmediata”.
Así explica el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Energía, Industria y Servicios Afines, Juan Francisco Soto, lo que piensan exponer como prioridad en la audiencia pública convocada por el secretario de Energía para definir las tarifas de gas el próximo 15 de marzo.
Al realizar la convocatoria, Darío Martínez sostuvo que en la misma se analizará “en un proceso participativo el costo del gas natural, y la proporción del cual se hará cargo el Estado”. En este sentido, Soto señaló: “Primero, en las audiencias hay que recalcar que el gas es un insumo principal del consumo actual de la energía en general de la Argentina. O sea que estamos hablando de un insumo esencial en lo inmediato y mediato, del cual no se puede prescindir por más que tengamos una revolución de reactores nucleares o una transición hacia modos de generación eléctrica descarbonizantes como la energía eólica o paneles solares”.
Un derecho humano
Según el marco constitucional (Art. 75 Inc. 22 – Pacto de derechos económicos y culturales), el gas es del pueblo argentino. Nos pertenece a todos. El pueblo es el titular del gas y el Estado es la herramienta para garantizar su mejor aprovechamiento para el bienestar general.
Sin embargo, según explica Soto, la explotación de este recurso no es un servicio público, y la interpretación del término “de interés general” para muchos significa que es muy destacado, pero en este caso, existe un poder de policía del Estado para garantizar este insumo y aprovecharlo de la mejor manera posible.
El gas hoy abarca más del 50% de la demanda de energía del país, siendo el petróleo y sus derivados apenas el 40% y la energía hidroeléctrica y nuclear el resto. El precio del gas condiciona en general la evolución del resto de los precios de la energía, incluyendo el de la electricidad porque en el campo de generación eléctrica las térmicas generan este insumo quemando gas. O sea, somos gasdependientes para la luz.
Camino a esta audiencia, las empresas del sector como Metrogas, Camuzzi, EcoGas, Naturgy, Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Transportadora de Gas del Norte (TGN) reclaman aumentos de entre 85 % y 90 %. Según trascendió, el Gobierno negociaría un incremento de entre 25 % y 29 %.
Estos ajustes en los servicios públicos incidirán en los precios del resto de la economía, es decir que podría acelerar la inflación que ya se encuentra en niveles elevados. “Por ello, tarde o temprano hay que comenzar la desdolarización de la comercialización y explotación del gas. No tiene ningún sentido que un recurso natural que está en suelo argentino tenga todos los costos y elementos de generación, explotación y comercialización en dólares. Hay que racionalizar este desacople y comenzar el tránsito a la desdolarización de estos insumos y costos”, sugiere Soto.
Y resalta: “Esto es fundamental, porque es una jugada riesgosa y clave para el modelo energético argentino y para la economía nacional en su conjunto porque no hay una economía sana si no hay una energía barata”.
El lobby
“Hace unos meses, bajo el pretexto de no contar con suficiente gas para el invierno, funcionarios de YPF -con la mira puesta sólo en los ingresos de esa empresa- promovieron el Plan Gas 4, ya en aplicación, que finalizó con una oferta prácticamente nula para el invierno del 2021, pero aseguró un buen precio base para el resto del año a todo el conjunto del empresariado, del lobby de las empresas petroleras, imposible de asumir por la demanda, y resulta dificultivo para la distribución. Acá entra el rol del Estado que termina subsidiando todo”, afirma el titular de FETIA.
Y desde esta federación pretenden plantear en la audiencia pública que el subsidio no tiene que ir a las empresas trasnacionales con costos dolarizados y un precio de BTU altísimo. No existe todavía un buen sistema para que el subsidio vaya al usuario y consumidor final. La mayor parte del subsidio termina yendo al lobby”.
La otra pata en esta discusión deben ser los sindicatos del sector. “Cuatro años es muchísimo tiempo para mantener una dolarización con lo volátil que es el precio de la divisa en Argentina. Y a esto hay que sumar la inestabilidad del comercio mundial con la crisis desatada en 2020. La garantía del precio por un período de cuatro años estuvo basada en el compromiso de supuestas inversiones que no sucedieron”, dice Soto.