Redacción Canal Abierto | El 31 de diciembre de 2020, en una decisión sin precedentes en América Latina, el Gobierno mexicano decretaba la prohibición del glifosato y el maíz transgénico para 2024 por considerar que el pesticida más utilizado del mundo tiene “efectos nocivos” en la salud de las personas y el medio ambiente.
Sin embargo, hoy corre peligro aquel primer e importante paso de Andrés Manuel López Obrador hacia el cumplimiento de uno de los 100 compromisos asumidos el día de su asunción. Es que a las iniciales presiones mediáticas y políticas, se suma ahora una fuerte embestida judicial de parte de la empresas y el Consejo Nacional Agropecuario, entidad que engloba a los actores más poderosos del agro mexicano.
Y si bien en las últimas horas un tribunal mexicano falló a favor de un pedido para que se revocara un amparo concedido a Bayer-Monsanto para suspender provisionalmente el decreto presidencial, aún resta esperar la resolución definitiva sobre esta y otra docena de presentaciones.
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Lo más alarmante es que tanto la inversión millonaria para la vía judicial como las presiones sobre jueces que vienen denunciando los colectivos ambientales coinciden con la argumentación esgrimida por los magistrados que resolvieron a favor de la multinacional. “Al igual que Monsanto, plantean que no hay alternativas al glifosato y que en caso de prohibirse, esto repercutiría en una supuesta perdida de autosuficiencia alimentaria. Pero eso no es cierto y, de hecho, es a la inversa: estos gigantes controlan un paquete tecnológico -semillas e insumos para producir transgénicos- que no sólo impacta en el ambiente, también condiciona a agricultores y consumidores a la hora de decidir qué comer y cómo producirlo. Esto es lo que verdaderamente pone en riesgo nuestra soberanía alimentaria”, afirmó en diálogo con Canal Abierto la campañista de Greenpeace México e integrante de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, Viridiana Lázaro.
A esto hay que agregar que a principios de año se conocieron las presiones que han ejercido diversas secretarías de Estados Unidos para que México desistiera en sus intenciones de prohibir el glifosato.
Las 300 organizaciones que nuclea la campaña conocen bien la historia de litigios y laberintos judiciales empleados por la multinacional: llevan más de una década luchando contra Monsanto para evitar la propagación de los maíces transgénicos. “Plaguicidas como el glifosato nos enferman, pero también ocasionan un grave impacto ambiental: entre otras cosas, erosionan la tierra y dañan su microfauna benéfica, liberan a la atmósfera cantidades de carbono que aceleran el cambio climático. Al ser soluble en agua, es un veneno que se termina expandiendo, dañando la fauna acuática. Otro problema grave es la resistencia que van generando las hierbas, lo que termina obligando a incrementar las dosis”, explicó la bióloga y ambientalista mexicana.
Según datos publicados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el glifosato es el herbicida más utilizado en el país azteca. Entre 2010 y 2019 México importó un total de 178.470 toneladas, siendo el año 2015 el de mayor volumen de importación, con 25.281 toneladas.
Un dato no menor es que México es centro de origen de miles de variedades de maíz, una biodiversidad que hoy también se encuentra en peligro: “el maíz transgénico contamina facilmente a los maíces nativos, reduciendo así la biodiversidad de un cereal que es parte constituyente de nuestra cultura”.
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