Redacción Canal Abierto | Más allá del cambio de signo político -y de manual económico- entre los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández, en 2020 la pandemia obligó al abandono del modelo que propone el recorte del gasto fiscal como premisa para el crecimiento y a hacer lo que vulgarmente se conoce como “bajar dinero”.
En números, las medidas tomadas el año pasado durante la primera ola de COVID-19 representaron el 3,5% del Producto Bruto Interno (PBI). La inversión se repartió entre mecanismos de asistencia a los sectores más afectados y financiamiento al sistema sanitario. Sin embargo, el Presupuesto 2021 y el gasto desembolsado hasta la fecha parecen mostrar ante la segunda ola un retorno a la política de austeridad fiscal.
El informe Las cuentas fiscales en pandemia: Análisis de los primeros 15 meses de la gestión del Frente Todos, realizado por el Instituto de Estudios sobre Estado y Participación (IDEP) de ATE Buenos Aires, da cuenta de que –si bien el escenario es distinto– la inversión social este 2021 está muy lejos de alcanzar la dimensión que tuvo en 2020.
Más ingresos, menos gastos
Entre los anuncios gubernamentales de medidas que esperan morigerar los efectos de las nuevas restricciones a la circulación de cara a la segunda ola de contagios, el estudio destaca la ampliación del alcance de la Tarjeta Alimentar a 1,8 millones de niños, niñas y adolescentes más (de entre 6 y 14 años) y la incorporación de un tramo de pago mayor para familia numerosa; el adelanto al mes de junio y julio del 20% del valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH); el pago por única vez en abril de un bono de $15.000 a titulares AUH, Asignación Universal por Embarazo (AUE), y monotributistas A y B que perciben asignaciones familiares y residen en el AMBA; el pago de dos bonos extraordinarios de $1.500 en abril y mayo a los jubilados y pensionados con ingresos de hasta $30.856 (el 70% del régimen general); y las ampliaciones presupuestarias para reforzaron el programa Potenciar Trabajo y el Progresar.
Por otro lado están las asistencias a la producción, entre las que se cuentan el Programa de Recuperación Productiva (REPRO II) –que tan sólo en mayo se incrementó en $57.000 millones y se extendió a sectores como la gastronomía, comercios no esenciales y turismo–, y la reducción de las cargas patronales de los empleados de los sectores críticos.
Finalmente, están los refuerzos al sistema sanitario para el que se destinarán $81.835 millones adicionales sólo en la compra de vacunas y pagos extras al personal de la salud desde abril. “En total el reforzamiento destinado al sistema sanitario, hasta el momento, alcanza $131.485 millones, el 0,32% del PBI –sostiene el informe–. El gasto público adicional representado en el paquete de medidas de contención anunciado frente la emergencia de segunda ola del COVID asciende a $428.502 millones, el 1,06% del PBI”.
En efecto, de acuerdo a lo que establece el IDEP, la reducción en la inversión destinada a paliar las consecuencias de la crisis originada por el COVID-19 de un año al otro es significativa, pese a que los ingresos para solventarla crecieron de un año al otro.
“El margen fiscal que estimamos a partir de lo observado en el primer cuatrimestre (de al menos $400.000 millones) sumado a lo recaudado en concepto del Aporte Extraordinario (del orden de los $223.000 millones) es superior (en un estimado de $200.000 millones) al monto destinado a la asistencia pública. En conclusión, todavía existe margen fiscal para extender la ayuda social del Estado, posibilidad que incluso se amplía si consideramos también el margen disponible para la expansión monetaria. Además, si la dinámica inflacionaria se mantiene en los valores observados en lo que va del ejercicio, su efecto expansivo sobre la recaudación nominal haría que el excedente resultara incluso mayor”, afirma.
Los ingresos, por su parte, muestran una evolución superior a la esperada en el Presupuesto 2021. “Esto se explica, fundamentalmente, por la evolución de los tributos vinculados al comercio exterior que reflejan el impulso de los precios internacionales de las mercancías exportadas desde la Argentina –explica el IDEP–. Se verifica en el trimestre un incremento de los Ingresos Totales acumulados del +55,4% interanual, con los ingresos tributarios como principal traccionador, con un alza de +60,9%, muy por encima de los valores proyectados (…). Si consideramos la evolución de los precios durante el período, los ingresos totales crecieron un +9% por encima de la inflación interanual”.
Recomposición desigual
Si bien el escenario actual no es el mismo que tuvo lugar al promediar 2020, cuando el parate de la actividad económica era prácticamente absoluto y el Estado debía compensar la ausencia del sector privado como generador de ingreso y empleo, el problema de 2021 radica en “el sesgo altamente desigual de la recomposición económica que obstaculiza la recuperación del mercado interno y la sostenibilidad del sendero de crecimiento”, sostiene el estudio.
Según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, entre marzo y mayo 2020 se perdieron 352.400 puestos de trabajo formales. En tanto, el índice de salarios total registrado por el INDEC acumula en los últimos doce meses un aumento de 31,6% (+31,5% sector privado registrado y +31,8% sector público), muy por detrás de la inflación acumulada durante el mismo período que alcanzó 42,6%.
En resumen, “la evolución observada en el primer trimestre 2021 da cuenta de la puesta en marcha de un ajuste fiscal. El gasto corriente primario se contrajo en términos reales en un 3,6% interanual. El núcleo de este ajuste se verifica en las erogaciones en prestaciones sociales, que en conjunto representan el 60% del gasto corriente primario y su contracción fue de 7,3% real interanual”, detalla el IDEP.
Ilustración: Marcelo Spotti