Redacción Canal Abierto | “El gobierno de Colombia incurrió en la desaparición forzada de personas, delitos contra la vida, tratos inhumanos y crueles, amenazas, torturas y detenciones arbitrarias, abusos sexuales a mujeres, LGTBIQ y disidencias”. Así denunciaron este martes, durante un acto en la sede nacional de la CTA-Autónoma, Leonardo Pérez Esquivel, Laura Velasco y María José Cano, integrantes de la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos en Colombia.
Durante once días, la misión recorrió quince ciudades de ese país y recabaron más de 500 denuncias sobre los atropellos institucionales contra el derecho a la legítima protesta. Según organizaciones de Derechos Humanos, la represión, en el marco de casi dos meses de Paro Nacional contra el ajuste del gobierno de Iván Duque, ha dejado 70 muertos, al menos 800 heridos, más de 1.000 detenciones arbitrarias y decenas de desapariciones.
En el informe, la misión detalló: “El Estado colombiano debe ser investigado porque en el marco del paro nacional y a través de sus fuerzas de seguridad regulares e irregulares, habría desaparecido, asesinado, torturado, abusado, perseguido, amenazado e intimidado a vastos sectores del pueblo colombiano”.
Ricardo Peidro, secretario general de la CTA-A, estuvo a cargo de la apertura de la conferencia de prensa, y destacó: “Este informe se enmarca en una tradición histórica de nuestra Central, que es la solidaridad internacional, porque en momentos difíciles esta salva vidas. Valoró también que esta delegación integrada por organizaciones del campo popular de la Argentina haya viajado a Colombia en un momento muy difícil, cuando arreciaba la muerte y la represión, y las balas eran la respuesta a la protesta social. En Colombia no hay respuesta a la desaparición forzada, se trata de crímenes de lesa humanidad y así deben ser tratados”.
Por su parte, Laura Velasco, legisladora porteña por el Frente de Todos e integrante de la misión, subrayó: “Necesitamos que el mundo sepa lo que ocurre en Colombia. Nuestra intención es poder dar respuesta y trascender el cerco mediático sobre la violación de los derechos humanos por parte del gobierno de Duque, con desapariciones forzadas, violaciones y mutilaciones. La violencia se manifiesta también al evitar escuchar el reclamo de la comunidad que se organiza desde el pasado 28 de abril para pedir por sus derechos. Hay sectores de todo tipo dentro de las protestas, no son una parcialidad”.
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A su turno, Leonardo Pérez Esquivel, integrante de la Junta Interna del Archivo General de la Nación de ATE-CTAA, dijo: “Acabamos de tener el fallo del Tribunal Permanente de los Pueblos que ha corroborado con testimonios, desde 2020 hasta la actualidad, la construcción de un modelo de democracia formal con terrorismo de Estado, con la ejecución de una política de desaparición forzada, para meter terror, con un genocidio continuado en Colombia por parte de la minoría dominante compuesta por terratenientes, banqueros, narcotraficantes y trasnacionales que ha armado una estructura de dominación”.
Y agregó también: “La represión ha tenido como eje la aniquilación de toda forma de protesta por la justicia social, es una estrategia de décadas, que además es ejecutada por la policía, el ejército y por el paramilitarismo, que nunca se ha desarmado”.
La presentación del informe tuvo como última oradora a María José Cano, directora del Departamento de Derechos de los Pueblos de ATE Nacional, quien expresó: “En el transcurso de esos once días pudimos constatar alrededor de 500 denuncias que fueron presentados por organismos y por familiares directamente a nuestra Misión. Muchas personas de distintos territorios pedían que nos acerquemos para tomar sus denuncias. Hay un cerco para que no se conozca lo que ocurre en Colombia, por eso era vital nuestra labor para difundir la situación. A través del ejército, de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas paramilitares, el gobierno de Duque sigue violando derechos humanos”.
Asimismo, informó: “Estamos sistematizado más de 500 denuncias en estos días, más cientos que ya habíamos traído de la Misión. El Estado colombiano tiene que ser investigado por amenazar, intimidar y dañar a múltiples sectores del pueblo. Además, debe ser investigado por ejercer prácticas inhumanas contra la integridad de las personas que se manifestaban pacíficamente. El pueblo colombiano tiene derecho a acceder a todas las instancias para hacer valer su derecho a defensa”.
Desde Colombia, Adriana Pinzón, agradeció la solidaridad y acción de la misión. “Sepan que el paro sigue y la barbarie sigue, pero lamentablemente el cerco mediático y en las calles nos están matando”.
El informe de 13 páginas consta de siete capítulos y conclusiones. Allí se desarrollan las investigaciones de la misión en ítems como “Despliegue represivo del estado colombiano”, “Víctimas”, “Rol de la institucionalidad”, “Delitos cometidos”, “Violaciones de los DDHH en territorios recorridos”, obtenidas en el recorrido por las ciudades de Cali, Medellín, Pereira, Siloé, Yumbo, Timbío, Popayán, Santander de Quilichao y Bogotá.
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Fuente: CTA Autónoma