Redacción Canal Abierto | “Hasta quienes, en su momento, defendieron a Vicentin frente a la expropiación, han llegado a reclamar una nueva intervención del propio Estado nacional y provincial”. El texto forma parte del informe Por una nueva intervención gubernamental en el Caso Vicentin, publicado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) que coordina el director del Banco Nación y candidato a diputado nacional por Unidad Popular en el Frente de Todos, Claudio Lozano.
Lozano fue el impulsor de los dos informes que a comienzos de año pasado pusieron a la cerealera en el centro de la escena. El primero demostró que Vicentin había recibido un préstamo de US$ 350 millones de la gestión anterior del Banco Nación —a cargo de Javier González Fraga—, que la cifra superaba por mucho los límites que establece la normativa del Banco Central, y representaba más del 20% del patrimonio computable de la entidad oficial. El segundo desnudó la trama de las operaciones sospechosas del grupo en ambas orillas del Río de la Plata, las que sugerían un ardid para subdeclarar carga y evadir impuestos. Como consecuencia, el Banco Nación se presentó como querellante en la causa penal a cargo del juez federal Julián Ercolini y del fiscal Gerardo Pollicita, que investigaba estas irregularidades, y el Gobierno tomó la decisión de intervenirla y expropiarla.
Luego, la decisión gubernamental quedó trunca y el concurso de acreedores, al que pronto se presentó la empresa, quedó en manos de la Justicia de Reconquista, Santa Fe, sobre la que pesan fuertes sospechas de parcialidad.
Pero, un año y medio después el escenario ha cambiado.
Un crecimiento sospechoso
A partir de la cesación de pagos de la empresa y el concurso, las exportaciones de Vicentin cayeron un 88% con relación al año anterior: de los US$ 2.121 millones de 2019, pasaron a exportar US$ 245 millones en 2020 (-U$S1.876 millones). “Con estos resultados, Vicentin S.A.I.C. perdió posiciones en el comercio exterior de granos”, detalla el estudio impulsado por Lozano y Jorge Rameri. Así, la firma pasó del puesto 6 en el ránking de las cerealeras al 13, y del 7 al 23 entre el conjunto de exportadores.
Curiosamente, Viterra Argentina (ex Oleaginosa Moreno) aumentó sus exportaciones un 38% respecto del año anterior: de casi US$ 1.760 millones a más de US$ 2.400 millones en 2020 (+U$S668 millones). Este crecimiento supera ampliamente la performance de otras dos firmas que exhibieron leves mejoras en su desempeño exportador, como fueron Cofco y ADM Agro, con un 5% y 8% respectivamente. “Todas las demás empresas del sector presentaron caídas en sus ventas, que van del -2% al -16%, entre ellas, Cargill, Bunge, AGD, Dreyfus y Molinos Agro”, resume el informe. Viterra es propiedad de la canadiense Glencore, socia de Vicentin en Renova.
Por otra parte, el IPyPP encontró que un nuevo actor emergente creció de forma meteórica mientras los demás caían. Se trata de Díaz & Forti S.A., empresa rosarina que, casualmente, operó durante 2020 alquilando las instalaciones de Vicentin. Este grupo, en un año, pasó de exportar US$ 4 millones a US$ 838 millones.
“Es decir, el socio histórico y actual de Vicentin (Glencore) incrementó en US$ 668 millones sus exportaciones, mientras que el grupo que opera la planta de Vicentin aumentó en US$ 834 millones sus exportaciones. Ambos, sumados, totalizan US$ 1502 millones, lo que representa el 80% de lo perdido por Vicentin en el 2020 —detalla el informe—. Cabe preguntarse: ¿Vicentin no estará asociado a este proceso? ¿Esos millones de dólares exportados serán efectivamente ajenos a Vicentin? ¿El juez del concurso de acreedores, que sigue eludiendo considerar al grupo Vicentin Argentina y a Vicentin Family Group de Uruguay como un solo grupo, tomó recaudos para que estas operaciones no sean fondos que se escapen de la bolsa común del concurso que debiera garantizar los pagos a los acreedores?”.
Díaz & Forti S.A., en tanto, fue suspendido por el Banco Central por no liquidar divisas y/o liquidarlas a través de los dólares alternativos al oficial. A partir de esta suspensión, quien comenzó a alquilar las instalaciones de Vicentin es uno de sus principales acreedores comerciales, la Asociación de Cooperativas Agropecuarias (ACA), y uno de los nombres que suenan como eventuales compradores de activos de la empresa.
Empresa testigo en el comercio exterior de granos
“Las alternativas de concentración y extranjerización, o bien de futuros desguaces con efectos laborales adversos, se van haciendo cada vez más presentes como resultado del caso Vicentin. Ninguna de esas alternativas es conveniente para el sector, ni para la economía provincial, ni para la situación del comercio exterior o el manejo de las divisas que ingresan a nuestro país. Probablemente, la decisión de expropiar que en su momento tomara el Poder Ejecutivo Nacional, careció de la preparación de las condiciones políticas y de oportunidad para poder prosperar. Mucha agua ha pasado desde ese momento hasta hoy (…). Todo ha contribuido a gestar nuevas condiciones de consenso para intervenir frente a la situación creada —concluye Lozano—. Parece razonable que, cuando venza el período de exclusividad en el marco del concurso, el Estado nacional haga valer sus derechos asociados a los créditos del Banco Nación, el resto de la banca pública y la AFIP, y busque los socios necesarios para que el final de esta historia se acerque a la necesidad de nuestro país y no al fraude de Vicentin. Es decir: no a la extranjerización, sí a la creación de una empresa testigo en el comercio exterior de granos”.
Foto: Agencia Télam