Por Juan Sottile | A pesar del trabajo incansable de organismos de derechos humanos y de las demandas de una porción importante de la sociedad existen, hoy día, un número elevado de casos de lesa humanidad que aún no han sido debidamente juzgados. A priori, se trata de unos 400 recursos que tiene la Corte Suprema por resolver en expedientes. Y son más de 50 las condenas por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado que esperan ser confirmadas por el máximo tribunal.
Desde la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) revelaron que hasta mediados de junio de este año son 1030 las personas condenadas en 256 sentencias por este tipo de delitos, en tanto que en la etapa de instrucción hay en trámite 280 causas con 595 imputados, 44 indagados y 625 procesados.
Actualmente la cantidad de juicios se encuentra en un proceso de disminución debido a dos razones evidentes, una numérica y otra política: la reducción de casos por juzgar en el paso del tiempo y los cuatro años de macrismo que alimentaron la desmemoria en algunos sectores de poder.
Según un reporte elaborado por el Equipo de Datos de la PCCH, que censó el periodo de 2015 a la actualidad en el marco del proceso de Memoria, Verdad y Justicia, el total de personas detenidas disminuyó y aumentaron los arrestos domiciliarios. El relevamiento consignó que sólo 164 personas se encuentran en servicios penitenciarios, y la gran mayoría, 635, en arresto domiciliario. Asimismo, son 64 los casos que están bajo otras modalidades.
¿Qué revivió la demanda?
La deuda histórica del Estado para con los casos de lesa humanidad volvió a la esfera pública a partir de tres hechos interconectados: los pedidos para reconsiderar la situación judicial del dueño de la azucarera Ledesma, Carlos Blaquier; la falta de efectividad y conveniencia política de la comisión interpoderes de la Corte Suprema; y el pedido reciente de organizaciones de DDHH a la ONU.
A comienzos de junio, luego de una reunión entre organismos y el ministro de Justicia Martín Soria, la Secretaría de Derechos Humanos conducida por Horacio Pietragalla Corti presentó un pedido al máximo tribunal para que resuelva la situación del dueño de Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, quien se vio beneficiado en 2015 con una falta de mérito dictada por la Cámara Federal de Casación Penal en la causa de los “apagones”.
El fallo contradictorio dispuso la falta de mérito de Blaquier por los secuestros de 29 trabajadores y referentes sociales ocurridos entre marzo y julio de 1976 en el ingenio azucarero de su propiedad.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó el alegato en la Corte bajo el siguiente enunciado: “Los juicios que comprenden la responsabilidad de civiles, en este caso empresarios del Ingenio Ledesma, representan una de las mayores deudas del proceso de justicia en Argentina a partir de la resistencia del Poder Judicial de avanzar con las imputaciones. El pedido de pronto despacho es el segundo que presenta la Secretaría en un año y se suma a los reclamos que las querellas de familiares y sobrevivientes del terrorismo de Estado en Jujuy han realizado en el mismo sentido”.
Comisión Interpoderes
La Comisión Interpoderes es un espacio creado durante la gestión de Ricardo Lorenzetti en la Corte Suprema, que se autodefine como el área de Coordinación y Agilización de las Causas por Delitos de Lesa Humanidad, aunque en los hechos lejos está de esas funciones. Por el contrario, la comisión se mantuvo desactivada durante gran parte del gobierno de Mauricio Macri y recién el año pasado tuvo alguna intención mínima de reactivarse.
Las tensiones con este departamento volvieron a escena después de un recrudecimiento de las críticas por las demoras de la Corte, que llevaron a Rosenkrantz (actual presidente del alto tribunal) a volver a solicitar una Comisión Interpoderes en octubre del año pasado. La convocatoria se conoció después de que la diputada del Frente de Todos, Vanesa Siley, presentó un pedido de juicio político contra el presidente de la Corte por cajonear la causa Blaquier y por su mirada regresiva en materia de lesa humanidad, tal y como había quedado a la vista con el fallo del 2×1 para los represores que él mismo motorizó a los pocos meses de su llegada al alto tribunal.
Aquel llamado a la acción del 2020 llegó solo hasta marzo de este año, cuando culminó la última reunión el 10 de ese mes sin penas ni glorias. Al último intento de reunión no acudió ni el gobierno, por considerarla una convocatoria “oportunista”, ni la mayoría de los organismos de derechos humanos. Incluso a Rosenkrantz también lo dejaron solo sus colegas de la Corte, que no lo acompañaron en su presentación en sociedad con quienes siguen los juicios de lesa humanidad.
La secretaría de Derechos Humanos de la Nación rechazó participar en la Comisión mediante una carta presentada en octubre de 2020.
Pedido a la ONU
En junio también organismos de derechos humanos pidieron a la Organización de Naciones Unidas (ONU) la intervención de la Relatoría sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición para que los supremos revisen las más de 55 sentencias que esperan ser confirmadas en el Palacio de Tribunales.
El pedido ya fue recibido por la oficina que lidera desde 2018 el jurista argentino Fabián Salvioli, que deberá analizarlo en las próximas semanas. La presentación fue hecha por: Abuelas de Plaza Mayo, Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, HIJOS, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) nacional y de La Matanza, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), la Comisión Zona Norte, la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz.
En el escrito resaltaron que: “el dictado de una sentencia es la culminación de un proceso cuyos pilares son el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a obtener una reparación efectiva”. Y reforzaron el pedido aclarando que: “si algunos de los pilares no resultase respetado, la impunidad se haría evidente”.
Con esta serie de hechos se puede concluir que no hay una verdadera vocación por parte de la Suprema Corte para dar resolución a los juicios de Lesa Humanidad. Y subyace a esta situación una demanda aún mayor: Se trata de la deuda de la Argentina toda para dar una definición real y concreta de todos los responsables, directos e indirectos, de los actos de lesa humanidad perpetrados en la historia nacional reciente.
Deberemos estar atentos y atentas al devenir de esta situación porque de lo contrario, y tal como dicen en el pedido a la ONU, es lógico “que el transcurso del tiempo (de subsistir este retardo) hará posible una de las formas de impunidad, la biológica”.
Causas abiertas
Estas son algunas de las causas que aún no han sido resueltas en nuestro país:
Floreal Avellaneda: es la investigación sobre el secuestro, tortura, muerte y desaparición de Floreal Avellaneda, un adolescente de quince años, militante de la Federación Juvenil Comunista, secuestrado junto con su mamá, Iris, referente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Es ella quien hoy sigue pidiendo que los supremos confirmen la sentencia a los dos represores que los detuvieron el 15 de abril de 1976.
Fragni y Harsich: En agosto de 2009 el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de San Martín dictó sentencia contra Santiago Omar Riveros y otros cinco represores. Dos de ellos, Raúl Horacio Harsich y César Amadeo Fragni, recibieron una pena de ocho años porque los jueces entendieron que sólo debían responder por el secuestro de Iris y el Negrito y no por las torturas que sufrieron la mujer y el chico. Como esa decisión se apeló, la situación de Fragni y Harsich sigue, a casi doce años del juicio, sin que el máximo tribunal la examine.
TOF de Mar del Plata: en 2009, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata realizó su primer juicio por delitos de lesa humanidad. Estuvieron sentados en el banquillo Pedro Pablo Mansilla, el jefe de Área 125, y Alejandro Duret. Ambos debieron responder por el secuestro y desaparición de Carlos Alberto Labolita, un joven estudiante al que secuestraron en Las Flores el 25 de abril de 1976. Labolita era, además, amigo de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. En 2009 el TOF de Mar del Plata –con la disidencia de Carlos Rozanski– absolvió a Duret. Casación después lo condenó a quince años y la Corte lo reenvió para que otra sala del máximo tribunal penal revisara esa condena. Con esas idas y vueltas, la Corte aún no confirmó la condena a Duret.
Circuito Camps La Plata: Aún está para ser revisada la sentencia del llamado Circuito Camps, dictada en 2012, contra Miguel Osvaldo Etchecolatz y el exministro de gobierno bonaerense Jaime Lamont Smart, uno de los más influyentes en los tribunales.
Marchetti: También pendiente de definición está el recurso ante la Corte presentado en 2017 por el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, y por el Ministerio Público Fiscal, contra el sobreseimiento del juez de Menores de San Nicolás, Juan Carlos Marchetti.
El magistrado fue quien entregó en una adopción sumamente irregular al nieto recuperado Manuel Gonçalvez Granada, sobreviviente de la «Masacre de San Nicolás», en la que su madre, Ana María Granada, lo protegió con almohadas en un placard del ataque con gas lacrimógeno y ametralladoras del Ejército Argentino, la policía federal y la bonaerense.
En ese funesto 19 de noviembre de 1976, Ana María Granada y otros dos adultos murieron por los disparos policiales; los chicos de la casa, Fernando y María Eugenia, fallecieron asfixiados por los gases; Manuel, de cinco meses, fue el único sobreviviente y el juez Marchetti lo entregó en adopción bajo un nombre falso tres meses después del episodio.
Masacre de Capilla de Rosario: Están pendientes del mismo modo varias sentencias de la Causa Campo de Mayo y los recursos vinculados a la «Masacre de Capilla del Rosario», en la que Casación revocó las condenas y absolvió a los imputados.
La masacre de Capilla del Rosario se refiere a la muerte de 16 guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en Catamarca, a manos del Ejército Argentino, en agosto de 1974.
Los organismos que intervinieron en el proceso cuestionaron el fallo de Casación por lo regresivo en los estándares de prueba y mantienen expectativa por la resolución, ya que no existen antecedentes de condenas de la Corte en episodios previos al golpe de Estado de 1976.
Por Juan N. Sottile para Instituto Por la Igualdad y la Democracia
Publicado originalmente en IPIDar.org