Redacción Canal Abierto | Paco Gracia, responsable de Podemos para Memoria Democrática dialogó con A las barricadas, programa que se emite por FM La Tribu, sobre la necesidad de avanzar en la memoria y reparación de los crímenes cometidos en España por la dictadura de Francisco Franco.
¿Cuál es la situación actual del proyecto de ley de memoria democrática?
– El Consejo de Ministros ya la ha remitido para su trámite parlamentario. Tenemos una alegría contenida desde Podemos, pero alegría al fin porque el anteproyecto se ha convertido en proyecto de ley y esto implica el compromiso del acuerdo de legislatura que firmamos con el PSOE (Partido Socialista Obrero Español). Además, supone saldar una deuda con quienes lucharon por las libertades en España. Va a permitir establecer unas señas de identidad democráticas para el futuro del nuevo país que queremos construir. Somos conscientes de que sin memoria no puede haber una democracia real, sin ruptura con el franquismo la posibilidad de una identidad compartida por la mayoría social de nuestro país sería imposible.
¿Cuáles son los puntos fuertes que se pueden vislumbrar en este proyecto?
– Hay puntos que suponen un claro avance sobre la ley de 2007 pero también hay aspectos en donde se queda coja, que si fuera una evaluación para un examen la nota sería que tiene que mejorar. Confiamos que en el trámite parlamentario se den esas condiciones para mejorar. Es un avance que en el texto se explicite un repudio y una condena al golpe de Estado militar del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista. Es algo que se va a hacer por primera vez en nuestro país en sede parlamentaria. Otro de los aspectos importantes es que la futura ley pone por primera vez en el centro a la víctima, reconoce su derecho y el de sus familiares a investigar en archivos públicos y privados y a conocer los resultados de las investigaciones. Nos alegra especialmente que el texto reconozca expresamente el sufrimiento de las mujeres por la violencia específica que supuso su condición, por la discriminación y el paso atrás en el reconocimiento de ciudadanía que habían conseguido durante la República y que perdieron durante el franquismo.
¿Aquí se contempla que debe ser el Estado español el que se encargue de las exhumaciones?
– Efectivamente, en la anterior ley no fue el Estado el que se encargó de hacer un plan nacional de exhumaciones sino que dejó la decisión en manos de las comunidades autónomas, lo que produjo una privatización: se concedían subvenciones y se hacía una excavación arqueológica. Nosotros entendemos que se debe abrir un procedimiento judicial cada vez que haya una excavación.
Así como en Argentina se inició la querella contra los crímenes del franquismo, consideramos que lo ideal es que en España comiencen procesos judiciales contra los genocidas y criminales del franquismo, ¿esta ley abre esa posibilidad?
– La abre pero parcialmente. Bienvenida la Querella Argentina que ha supuesto una esperanza a las víctimas de poder juzgar los crímenes de la dictadura franquista, pero por otro lado es una vergüenza para España que esos crímenes no se puedan investigar nuestro país. El artículo 2 de la ley de memoria democrática dice: “De acuerdo con el artículo 10.2 de la Constitución Española, los poderes públicos interpretarán la presente ley de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos en la materia ratificados por España”, esto debería servir para que se investiguen en nuestro país los delitos de lesa humanidad saltándose por encima la famosa ley de amnistía que fue aprovechada por los elementos adictos al régimen para convertirla en una ley de punto final que permitió la impunidad. Pero desde Unidas Podemos pensamos que éste redactado no es suficiente, pues ese artículo de la Constitución lleva ahí desde que se aprobó la Constitución, y una y otra vez la interpretación de los tribunales ha sido considerar que esos crímenes no se pueden ni investigar.
Sobre esta negativa de la Justicia española a juzgar crímenes de lesa humanidad y Terrorismo de Estado surge la noticia de que justamente la Justicia de su país va a investigar a una dictadura lejana: la Audiencia Nacional está buscando delitos en la fortuna de la familia del dictador de Chile Augusto Pinochet. ¿Cómo se explica esta doble vara?
– Es una de las incongruencia de la justicia español que viene de largo. Ya el juez Baltazar Garzón estuvo a punto de juzgar a Pinochet, pero cuando intentó abrir una investigación sobre los crímenes del franquismo se le acuso de prevaricación y se le suspendió de su carrera judicial. Tal vez sea esta una nueva forma de colonialismo, intentamos investigar dictaduras de Latinoamérica, pero la nuestra está en un manto intocable. Es una cosa que nos debería avergonzar.
¿Cuáles son los cambios que propone este proyecto respecto al acceso a la nacionalidad española para descendientes?
– Incluye dos supuestos nuevos gracias a una iniciativa que promovió el grupo de Unidas Podemos en el senado de España. Incluye una regla para la adquisición de la ciudadanía española para aquellos nacidos fuera del país de madres o padres, de abuelas o abuelos exiliados por razones políticas, ideológicas o de creencia. Ahí se da cabida, por primera vez, a los hijos e hijas nacidas en el exterior de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la Constitución del 72. El otro supuesto nuevo es el de hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de la ley que vamos a aprobar, ya que en la ley anterior era solo para los hijos menores de edad. También va a haber otra para los brigadistas internacionales que participaron en la defensa de la República para que puedan adquirir la nacionalidad española sin tener que renunciar a la suya propia. Pero los brigadistas que quedan vivos son pocos o ninguno, por eso desde Unidas Podemos vamos a pedir que se extienda a sus descendientes. Hay que destacar que las aportaciones de los particulares a la ley han estado casi todas centradas en la cuestión de la nacionalidad y que la procedencia de los correos fue mayoritariamente desde América Latina.
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La ley llega en momentos de avance de la ultraderecha, como VOX, ¿cómo va a ser el impacto de esta ley?
– No me quiero imaginar con VOX en el parlamento y con el PP (Partido Popular) intentando ser más de derechas que VOX. Nos vamos a enfrentar a palabras muy gruesas, a insultos, pero es algo que ya venimos viendo en el Ayuntamiento de Madrid, que está siendo el laboratorio de las políticas de derecha en materia de desmemoria.
Lo hemos visto cuando han hecho trizas el memorial del cementerio de la Almudena, cuando han quitado el nombre de las calles a dos ministros socialistas de la República, como Indalecio Prieto y Largo Caballero y con las declaraciones de Pablo Casado y Santiago Abascal. No nos vamos a asustar, vamos a tirar para adelante porque se lo debemos a mucha gente, se lo debemos a Carlos Slepoy, se lo debemos a Chato Galante, se lo debemos a todas las víctimas y nos lo debemos como sociedad, sino recordamos los crímenes y juzgamos a los criminales, sino asumimos las responsabilidades y honramos a las víctimas no vamos a mirar a los ojos de nuestro pasado con dignidad y sobre todo no vamos mirar a los ojos de las víctimas y sus familiares. Hay que pelear contra el fascismo una vez más.
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