Redacción Canal Abierto | El Juzgado Federal N° 2 de Neuquén aceptó como querellantes a las autoridades de la Lof Campo Maripe, perteneciente a la Confederación Mapuche de Neuquén, en la causa judicial contra Patricia Bullrich, Pablo Noceti y tres comandantes de la Gendarmería Nacional, a raíz del allanamiento ilegal que tropas de esa fuerza realizaron a la comunidad el 22 de junio de 2017. Cuarenta días después, con la misma violencia y por orden de las mismas personas, se produjo el operativo en Chubut que culminó con la desaparición de Santiago Maldonado, y su posterior aparición sin vida.
Ese día los gendarmes irrumpieron con violencia en el territorio del Lof Campo Maripe, a partir de una orden ilegal de Bullrich, transmitida telefónicamente por Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, a los comandantes de la Gendarmería en Neuquén. Con un despliegue desmedido, las fuerzas nacionales allanaron la comunidad y amenazaron y privaron de su libertad a varias personas del lof.
La acusación presentada por la logko Mabel Campos y la werken Lorena Bravo del Lof Campo Maripe –con la asistencia de la recientemente creada Defensoría Federal de Víctimas de Neuquén–, aceptadas como querellantes en este proceso judicial, es por abuso de autoridad, amenazas, violación de domicilio y encubrimiento. En el trámite se acusa a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich; a su ex Jefe de Gabinete, Pablo Noceti; al Comandante Principal Carlos Ariel San Emeterio; al Comandante de la Región V de Gendarmería Nacional, Luis Héctor Lagger y al Comandante Principal Jorge Elías Mariani.
“Ese día estábamos haciendo una toma pacífica en un pozo de YPF donde se iba a instalar un perforador en territorio comunitario. Temprano en la mañana irrumpe violentamente gendarmería sin ninguna orden judicial y con un operativo nunca visto por nosotros en el territorio”, narra en comunicación con Canal Abierto Lorena Bravo, vocera de la lof. “Con alrededor de 80 gendarmes y muchos vehículos. Cerraron todos los accesos que tenemos para circular por nuestro territorio dejándonos aislados. Cuando empezamos a tratar de ver quién había dado la orden sólo nos comunicaron que tenían que garantizar el funcionamiento del pozo y la conclusión de los trabajos que estaba realizando la petrolera”.
El operativo, según la Confederación Mapuche, tenía la intención de amedrentar a la comunidad para que ceje en la lucha por su territorio –situado en el corazón de la meca petrolera del yacimiento de Vaca Muerta– y contra la contaminación de las petroleras tanto en la producción tradicional como en la implementación del, aún más nocivo, fracking.
Dos días permaneció Gendarmería en el territorio comunitario hasta que la comunidad acompañada por el consejo zonal Xawvnko de la Confederación Mapuche del Neuquén se instaló pacíficamente en la sede de la fuerza en la capital provincial. “Solicitamos en ese momento al jefe de Gendarmería que hasta que no se retiraran las tropas del territorio, nosotros no nos íbamos a ir de las puertas de Gendarmería. Fue allí cuando él manifestó que la orden había sido por teléfono directamente de Noceti al jefe de la fuerza en la provincia”, informó la werken del lof Campo Maripe.
El juez Gustavo Villanueva, al frente del Juzgado Federal Nº 2, aceptó a la comunidad como querellante. “La Defensoría Federal de las Víctimas nos está patrocinando. Sentimos que somos escuchados y es un paso importante ya que nos sentimos bastante vulnerados en nuestros derechos como pueblo. Tenemos que lograr que el juez Villanueva llame a indagatoria a Bullrich y Noceti”.
Como antecedente legal de la demanda presentada, la comunidad interpuso un hábeas corpus frente a la intromisión de Gendarmería en 2017, en el que sostuvo que existía una amenaza a su libertad física y de circulación. Al celebrarse la audiencia, los representantes de la Gendarmería expusieron que habían concurrido al lugar a requerimiento de YPF, en los términos de los artículos 183 y 184 del Código Procesal Penal de la Nación. En esa dirección, indicaron que su propósito consistía en el resguardo de las labores petroleras. En primera instancia, el Ministerio Público Fiscal desestimó el habeas corpus.
Apelada la medida, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca admitió las impugnaciones e hizo lugar a la acción de hábeas corpus y ordenó “a la Gendarmería Nacional en la persona de la señora Ministra de Seguridad de la Nación, doctora Patricia Bullrich, que se abstuviera de intervenir, sin orden escrita emanada de autoridad competente, dentro del territorio ocupado por la población Lof Campo Maripe”.
Convivir con Vaca Muerta
El lof Campo Maripe llevaba seis generaciones viviendo en esta tierras de la estepa neuquina tranquilamente, luchando contra los avatares del clima extremo y un territorio poco apto para otras actividades que el pastoreo de cabras y ovejas. Pero en 2011, YPF anunció el descubrimiento del yacimiento de Vaca Muerta y su intención de explotarlo. A partir de entonces, la comunidad comenzó a ser hostigada por sus tierras, tierras que ocupa ancestralmente pero el Estado provincial se niega a reconocer pese a haber realizado junto a la comunidad un relevamiento del territorio ancestral de acuerdo a las normativas de la Ley 26.160.
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“Es una lucha constante, estamos en alerta permanente de que se produzcan derrames; realizamos muchas denuncias de contaminación en el territorio; sufrimos sismos debido al fracking. La actividad extractiva ha traído muchos perjuicios a nuestra vida, a nuestra cultura y a nuestros derechos adquiridos como pueblo. Ahora, hay una sequía aguda pero la actividad y el suministro de agua para la fractura nunca se paró”.
“Nosotros peleamos por algo justo, no sólo para el pueblo mapuche, sino para toda la comunidad”, concluye Lorena.
Dentro del territorio comunitario hay tres operadoras: Plus Petrol, Shell e YPF. La lof lleva adelante un litigio contra la provincia y el Estado nacional por no realizar el relevamiento territorial ordenado por la Ley 26.160 que reconoce el poblamiento ancestral y brinda garantías constitucionales a los pueblos originarios como el derecho a la consulta previa, libre e informada ante cualquier emprendimiento de impacto socio ambiental en sus tierras. El consenso extractivista no reconoce diferencias gruesas a la hora de avanzar con Vaca Muerta, esa supuesta gran generadora de divisas que tanto precisa la gobernabilidad de nuestra ramplona democracia.
La patota estatal de Bullrich
Noceti era la mano derecha de Patricia Bullrich en la gestión como ministra de Seguridad del gobierno cambiemita. Ambos están imputados en otras causas por haber montado un plan represivo para enfrentar a las comunidades mapuches a las que previamente se encargaron de construir como un enemigo público, tarea en la que siguen empeñados con aliados como el ex gobernador Weretilneck y su delfina Arabela Carreras, o el también rionegrino y ex candidato a vicepresidente Miguel Angel Pichetto, impulsores de un coloquio que tendrá lugar mañana en Bariloche titulado Foro Consenso Bariloche… el consenso blanco de los autores, cómplices y usufructuarios del despojo sobre las tierras ancestrales mapuches.
En aquellos días, previos y posteriores al operativo en Campo Maripe y en Cushamen, habían montado el cuento de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), un supuesto grupo insurgente mapuche que negaba al Estado argentino. Incluso la cartera de Seguridad circuló un Informe R.A.M. 2017 que advertía del “peligro mapuche” caratulando a este grupo como terrorista.
El actual Ministerio de Seguridad presentó una denuncia contra Noceti y otros funcionarios por encontrarlos autores de lo que denominan la “ingeniería jurídica de la impunidad” en el marco de la causa por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. También lo denuncian por su responsabilidad penal en el operativo realizado por la Gendarmería Nacional el 1 de agosto de 2017. La investigación de la gestión de Sabrina Frederic estableció que Noceti dio las órdenes para el ingreso de cuatro escuadrones de Gendarmería a la lof en Resistencia de Cushamen, que realizaba un corte de la ruta 40 exigiendo la liberación de Facundo Jones Huala.
