Redacción Canal Abierto | La comunidad mapuche Cañumil está asentada desde 1895 en la zona de Chacay Huarruca en la estepa patagónica de la provincia de Río Negro, al sur de Pilcaniyeu, entre esta localidad y Ñorquinco, a unos 100 kilómetros de Bariloche. Cuenta con el relevamiento territorial dispuesto por la ley 26.160 pero su carpeta técnica está demorada en el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) por lo que aún carece del título de propiedad comunitaria de sus tierras ancestrales.
La jueza de Bariloche Romina Martini, en una instancia de revisión de la resolución del juez Ricardo Calcagno que ordena la restitución del inmueble en una causa por usurpación en la que se imputa a Toribio Cañumil y otros, dispuso restituir la posesión a la familia Mohana, “propietarios” de la estancia Chenqueniyen, de áreas que la comunidad Cañumil reclama como propias, ocupa ancestralmente y que, según testimonia, nunca fueron ocupadas por los Mohana y están fuera de su alambrado perimetral. Cabe señalar que este hecho se produce días después de realizarse el Foro Consenso Bariloche en el que integrantes de la familia Mohana participaron como expositores. Estos productores agropecuarios ya perdieron un juicio frente a la lof mapuche por usurpar tierras comunitarias.
La jueza Martini dispuso el desalojo de la comunidad y el procesamiento de algunos de sus integrantes por el uso de tierras de veranada y la construcción de una vivienda por fuera del alambrado perimetral de la estancia Chenqueniyen.
“La orden de desalojo está vigente. Se apeló el día viernes y en tres horas resolvieron en contra de nuestra apelación, y lo hacen con una comunidad que tiene el relevamiento territorial hecho. Lo único que nos queda es impugnar esa medida y resistir en el territorio. Estamos yendo para resistir junto a la comunidad”, expresó a Canal Abierto Orlando Carriqueo, werken del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. “El único derecho que nos queda es resistir, defendernos de los atropellos”.
Otro dato de contexto, en nuestra convulsionada realidad política, es que en noviembre vence por tercera vez el plazo dispuesto y prorrogado de la ley 26.160 para llevar adelante el inconcluso relevamiento territorial de comunidades indígenas. Ya se están agitando las aguas entre los pueblos originarios para presionar por la concreción de este dilatado proceso que determine la regularización de la posesión ancestral de las tierras comunitarias y para que, mientras tanto, se prorrogue nuevamente la emergencia que al menos brinda un agujereado paraguas a quienes defienden su tierra.
El pasado fin de semana se realizó el Encuentro Federal y Plural – Región NEA y Patagonia, el primero de una serie de encuentros promovidos por el Encuentro Plurinacional de Argentina, que se proponen debatir en torno al “resguardo y protección de los territorios comunitarios. Abordando en sus múltiples facetas los conflictos territoriales a lo largo y ancho de nuestro país, que involucran a los más de 40 pueblos naciones que lo habitamos”, explican los organizadores. Según los promotores, la iniciativa prioriza dos puntos: la prórroga de la ley nacional 26.160 en el 2021 y la urgencia de la sanción de una ley de propiedad comunitaria indígena.