Redacción Canal Abierto | El viernes 24 de septiembre, un operativo de la Policía de Río Negro, ordenado por los fiscales Betiana Cendón y Francisco Arrien, ingresó por la fuerza al territorio recuperado por la lof Quemquemtrew en el paraje Cuesta del Ternero, en la zona rural de El Bolsón. Con violencia detuvieron a varias personas, entre ellas a un niño de 8 años. La Justicia provincial actúa argumentando la “usurpación” de tierras del denunciante Rolando Rocco por parte de la lof.
Según testimonios, “más de 50 uniformados ingresaron reprimiendo a la comunidad”. A partir de ese momento la comunidad se encuentra sitiada. La policía ocupó la Escuela Primaria Nro.211 María Lucinda Quintupuray –bautizada con un nombre mapuche– e instaló allí su centro de operaciones para la represión. Luego de dos días de gestiones, la fiscalía autorizó el ingreso de observadores de derechos humanos y representantes del pueblo mapuche por un breve tiempo, impidiendo expresamente el auxilio con alimentos o ropa.
“Tengo 67 años y he sido abogado litigante, secretario civil y penal, fiscal federal, juez de instrucción y correccional y también defensor público penal. Nunca había visto algo así, tanto furor racista y represivo disfrazado de ‘legalidad’”, señala Juan Manuel Salgado, director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Neuquén) y asesor de la Confederación Mapuche del Neuquén, miembro y ex presidente de la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena, respecto al sitio judicial que ejecutan los efectivos policiales.
“El territorio está sitiado por la Policía de Río Negro. Nos autorizaron a entrar por un lapso de una hora. Conversamos con los peñi y lamgen (hermanos y hermanas) que están en el territorio que sostuvieron que van a permanecer ahí y a resistir cualquier ingreso de la policía”, describe a Canal Abierto Orlando Carriqueo, werken del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, una de las personas autorizadas a ingresar “bajo su exclusiva responsabilidad” al territorio comunitario . “Conversamos con el fiscal Arrien quien se comprometió a recibirnos y a abrir una mesa de diálogo para hablar sobre este tema”, agrega.
“La irrupción de la policía se produjo el viernes. Hubo cuatro detenidos que fueron liberados el mismo día por la noche. Pero el sábado al mediodía la policía atacó el territorio y arrojó gases lacrimógenos y balas, incluso balas de plomo”, sostiene Carriqueo. “Es grave la actitud de amedrentamiento. El domingo, luego de todo un día de presión y diálogos con el Gobierno Nacional, conseguimos ingresar al territorio y la posibilidad de generar esa mesa de diálogo. Hay que ver si la Provincia lo acepta”, concluye el referente mapuche y secretario de Relaciones con los Pueblos Originarios de la CTA Autónoma.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) también intervino solicitando el establecimiento de una mesa de diálogo que permita avanzar en la resolución pacífica del conflicto con la comunidad en el marco de lo que establece el Convenio 169 de la OIT. Por su parte, la CTA Autónoma de Río Negro condenó el ataque a la comunidad y reclamó que la Policía de Río Negro habilite el ingreso de alimento y abrigo a sus integrantes, entre ellos niños menores de edad.
En horas de la tarde de este lunes, una caravana se movilizaba a la zona para presionar para que se abra un corredor humanitario por el que se pueda hacer llegar alimentos y medicamentos a la comunidad. En la intersección de la Ruta Nacional 40 y la Ruta 6 que lleva a la Cuesta del Ternero se llevará adelante un trawun (parlamento).
La avanzada civilizatoria
Estos hechos ocurren cuando la comunidad mapuche de la provincia se encuentra movilizada en defensa de la lof Cañumil que sufre una amenaza concreta de desalojo dictada por la jueza Romina Martini de Bariloche sobre la familia de Toribio Cañumil. La medida judicial ordena el desalojo de territorios que ocupan ancestralmente y la familia Mohana reclama como propios.
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Esta comunidad tuvo el reconocimiento del Estado en reiteradas ocasiones y a lo largo de más de un siglo. A través de distintos decretos entre julio de 1899 y marzo de 1905 se reservaron alrededor de 135.000 hectáreas a favor de los Cañumil, según consta en documentos oficiales publicados en el informe final de la Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales de la Legislatura de la Provincia de Río Negro, que funcionó entre los años 2012-2015. Luego, en 1987, la ley 2200 reserva para los Cañumil 45.900 hectáreas con prohibición de transferencia de dominio por 25 años. En 2011, la comunidad inició la carpeta técnica del relevamiento de la ley 26.160, concluida en 2015 y entregada con resolución en febrero del año 2017.
Otro elemento de contexto para agregar al análisis de esta situación es el intento de la empresa Laderas S.A. de construir un fastuoso emprendimiento inmobiliario loteando un humedal de altura que no debería haber sido vendido –aparentemente al magnate inglés Joe Lewis– por la provincia para otro uso que no sea el rural y, mucho menos, autorizado el Plan de Uso de Suelo para un proyecto de 287 hectáreas de desarrollos inmobiliarios y turísticos al pie del Cerro Perito Moreno, en las cercanías al paraje Mallín Ahogado, a escasos kilómetros de la Cuesta del Ternero.
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Tal como este portal informó en reiteradas ocasiones, la presión sobre el pueblo nación mapuche, la avanzada del extractivismo inmobiliario, la concreción del llamado Foro Consenso Bariloche, la criminalización de las recuperaciones territoriales y la complacencia o prescindencia del gobierno de Arabela Carreras prefigura un escenario de alta conflictividad y violación de los derechos consagrados constitucionalmente a estas comunidades. Por otro lado, la caída en desgracia de Sabina Frederic, cuya gestión, aunque zigzagueante, tenía una mirada que contemplaba el derecho indígena y la consecuente llegada de Aníbal Fernández no presagian un escenario alentador para los pueblos originarios del sur.