Redacción Canal Abierto | En el marco del Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, Amnistía Internacional reiteró la importancia de que Argentina se haya sumado a los países que dieron luz verde a esta práctica. En febrero de 2021 la ley 27.610 fue implementada y a nueve meses de vigencia, la organización ha documentado que mujeres y personas con capacidad de gestar encuentran barreras en el acceso a la interrupción del embarazo.
“Uno de los principales obstáculos en el acceso se debe a la ausencia de campañas públicas de información. A ello se suma el colapso del 0800 de Salud Sexual, la línea de consulta sobre dónde y cómo acceder a la interrupción voluntaria (IVE) y legal (ILE) del embarazo”, señalaron desde el organismo.
Por este motivo, Amnistía lanzó la web Derecho al aborto para difundir derechos y datos sobre cómo ejercerlos con una estrategia federal. “Con la aprobación de la ley de aborto, Argentina ha sabido posicionarse como un país faro en la región. Sin embargo, no se ejerce un derecho que se desconoce y en épocas complejas más que nunca debemos estar presentes para garantizar el bienestar de mujeres y personas con capacidad de gestar que deciden interrumpir su embarazo”, explicó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Y agregó: “Por eso, nuestro aporte consiste en brindar formación e información sobre qué hacer ante obstáculos y cómo denunciarlos, intervenir en litigios para defender y garantizar la implementación de la ley, como, asimismo, promover estrategias para el acceso a la IVE/ILE en cada rincón del país”.
En este proceso, Amnistía relevó un total de 35 acciones iniciadas con el objetivo de suspender la ley. 19 de ellas fueron declaradas inadmisibles, seis confirmadas en segunda instancia, y sólo siete continúan en trámite.
Un mapa desigual
Así se refiere Amnistía al acceso a la IVE o ILE en el país, en el que de acuerdo a las condiciones sociales, económicas y del lugar en donde le haya tocado nacer a una mujer tendrá mayores o menores chances de ejercer sus derechos.
“En las zonas alejadas de centros urbanos aún no hay disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva y de personal capacitado. Por ejemplo, tras realizar una misión a Catamarca, se identificó muchas de estas falencias cuyo punto álgido se expresa en Andalgalá, donde directamente no hay centros de salud que garanticen el acceso. Según el testimonio de las mujeres, el aborto aún ocurre en las sombras”, informaron desde la organización.
En el sur del país, quienes requieren acceder a la práctica en el sistema público de salud de Rio Grande, Tierra del Fuego, también se encuentran con barreras. “El Hospital Regional -el único de la ciudad donde podría realizarse el aborto-, no garantiza este derecho. En cambio, deriva sistemáticamente a las personas a un consultorio de atención primaria. Así, quienes requieren internación deben viajar más de 200 km hasta Ushuaia”, agregaron.
La implementación
También con el objetivo de monitorear la implementación y acceso de la ley de IVE, a fines de agosto, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), junto con Ibis Reproductive Health, lanzaron el “Proyecto mirar, mirando el aborto en la Argentina”.
El primer paso de esta iniciativa fue presentar el libro “El aborto en el Congreso: Argentina 2018-2020”, que indagó sobre el debate de la ley. La publicación contiene el resultado de tres estudios que especialistas de las ciencias sociales realizaron sobre el abordaje del tema en los medios de comunicación, las redes sociales y en las bancadas legislativas.
El libro revela que entre los diputados que apoyaron la ley, las intervenciones giraron principalmente alrededor de los bloques discursivos sanitario (23,39%), feminista (18,07%), partidario (13,86%) y reparador (13,49%), respectivamente.
Por el contrario, entre quienes rechazaron el proyecto, las intervenciones se focalizaron en los bloques discursivos bioético (28,26%), partidario (16,88%), sanitario (15,21%), y constitucional (14,65%).
La edad de los legisladores supuso diferencias significativas entre las estrategias discursivas: entre quienes votaron a favor del proyecto de IVE, por ejemplo, existe una clara distinción en el uso del bloque discursivo reparador, así las legisladoras menores de 40 años mencionaron conceptos asociados a clandestinidad, seguro y muerte entre 2,5 y 3 puntos porcentuales más que sus pares mayores de 40 años. Por el contrario, entre los legisladores de edades más avanzadas, el uso de los bloques discursivos bioético y constitucional fue mucho más frecuente que entre las y los más jóvenes.
Entre quienes se opusieron a la ley de IVE, sobresale la diferencia en el uso del bloque discursivo partidario entre quienes son menores de 40 años, que mencionaron términos asociados a las categorías de Gobierno nacional, oportunismo y vulnerabilidad en un 24,47% de sus intervenciones, mientras que entre quienes son mayores de 60 años tal porcentaje fue del 14,68%.
El género de los legisladores, por su parte, no arrojó diferencias significativas en el modo de enmarcar la problemática del aborto, observa un resumen del estudio plasmado en el libro.
“La importancia del ‘Proyecto mirar’ es el compromiso que asumimos para dar seguimiento a una ley que ya es parte de la historia argentina, y que fue resultado de un largo proceso de movilización social, construcción de acuerdos y una estratégica visibilización, tanto política como mediática”, resaltó Silvina Ramos, investigadora del CEDES. Para lograrlo, las instituciones realizarán un monitoreo de la implementación -a nivel federal- de las políticas que garanticen el acceso a la IVE e ILE.