Colombia: 2400 personas abandonaron sus casas por el conflicto armado en el Chocó

Redacción Canal Abierto | En la semana en la que se cumplieron 5 años de la primera firma de los Acuerdos de Paz entre las FARC y el gobierno de Colombia, los enfrentamientos entre grupos armados por el control territorial en el norte de país recrudecieron y obligaron a miles de personas de los poblados originarios del departamento del Chocó a abandonar sus viviendas y desplazarse en busca de refugio y ayuda humanitaria.  

Según se supo, grupos regionales del Ejercito de Liberación Nacional, el cártel conocido como El Clan del Golfo y bandas paramilitares se disputan desde hace dos semanas la presencia en la zona de Istmina, Medio San Juan, Litoral de San Juan y Bajo Baudó.

Por ese motivo, familias de las comunidades afrodescendientes, wounaán y mestizas debieron migrar hasta la localidad de Puerto Olave. Pero la cantidad creciente de personas en situación de riesgo hizo necesario que los sectores que las están acompañando comenzarán a reclamar en los últimos días acciones urgentes del gobierno de Iván Duque y de las autoridades locales para abrir un corredor humanitario que permita asistir a debidamente a todas las familias.

En contacto con Canal Abierto, el reconocido líder indígena Víctor Carpio Conquista explica: “Nosotros estamos en el departamento Chocó, costero con el Pacífico. Tiene una población de 520.000 habitantes y de esos, 130.000 son indígenas, nativos. Por esto, hace tres décadas hemos venido sufriendo los flagelos de la guerra aquí en nuestro departamento, por la presencia de actores armados. Estos últimos tres años hemos venido padeciendo el terror de las negociaciones del gobierno con las FARC. Sigue la violencia, la guerra se ha intensificado en todo nuestro territorio, los que acá llamamos resguardos indígenas, con los grupos como ELN, los paramilitares y el narcotráfico”

“Pero hace veinte días, por el Río San Juan, que es un sector de Chocó bañado por tres ríos grandes, por presencia de actores en nuestro territorio, nuestra gente debió desplazarse de las comunidades hacia otros pueblos. Pero es una población de 2480 personas que en este momento están confinadas porque estos actores paramilitares han entrado más en los territorios. Lo están haciendo constantemente. Los 2480 están en una comunidad más grande y desde allí están solicitando apoyo al gobierno nacional y a las instituciones para que atiendan al menos la alimentación y la atención médica de los que están enfermos. Ya hay brotes de enfermedad”, amplía el referente de los wounaán.

En las últimas horas la Diócesis de Istmina, denunció: “Se están moviendo aguas subterráneas en este San Juan, anunciando verdaderos genocidios que podemos evitar”.

Además, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios reveló que entre enero y junio de este año fueron desplazadas 44.647 personas en todo el territorio nacional. Solo en esos meses se registraron más desplazamientos que en todo el 2020. Y con respecto al mismo periodo del año anterior, el incremento fue del 193 por ciento.

“Necesitamos la intervención del gobierno nacional porque vemos que va a haber más desplazamientos de las comunidades indígenas ya que los actores cada día están haciendo más presencia en nuestras comunidades”, advierte Carpio.

“Llevamos diez días. Nosotros hemos buscado la forma de llevar alguna comida, pero como son muchos no nos alcanza. El gobierno dice que está buscando, gestionando a través de acciones humanitarias y Naciones Unidas. Esperamos que se vea todos los días porque la gente ya no aguanta, no tienen forma de ir a pescar, ni hacer cacería en su territorio, ni buscar alimentos en las fincas”.

“Como son varios actores y piensan que nosotros estamos con alguno de ellos, maltratan a nuestra población. Necesitamos garantías para poder volver, y algo así puede llegar a demorar hasta seis meses”, agregó el dirigente originario.

Chocó limita al norte con Panamá y el mar Caribe, al este con Antioquia y Risaralda, al sur con Valle del Cauca y al oeste con el océano Pacífico.

Cinco años de acuerdo pero sin paz

El primer Acuerdo de Paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos se firmó el 26 de septiembre de 2016. El mismo fue rechazado en un plebiscito y luego renegociado para finalmente alcanzar un pacto definitivo que se rubricó en noviembre de ese mismo año. Sin embargo, los incumplimientos por parte del Estado, la falta de voluntad del actual presidente de alcanzar la paz real y el sabotaje constante del ex mandatario Álvaro Uribe hicieron que el objetivo de la desmovilización de la insurgencia armada esté muy lejos de ser alcanzado.

“Durante seis meses estuvimos un poco tranquilos, porque uno de los puntos del acuerdo de paz era que, donde estuvieron las FARC, el ejército tenía que hacer presencia en forma humanitaria y para garantizar seguridad a la población que estuvo bajo el dominio de las FARC. Pero eso no sucedió así, sino más bien los reemplazaron los del ELN y los paramilitares, por eso hasta ahora no ha habido paz, sino que ha aumentado la persecución y el debilitamiento incluso de la misma autoridad de nuestros pueblos, porque ya están invadidos nuestros territorios por los paramilitares”, cuenta Víctor Carpio, que fue secretario Ejecutivo de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

“Para nosotros la firma no valió nada porque nunca hemos visto esa paz de la que mucho se ha hablado a nivel internacional por el señor presidente de la república. Eso es una mentira”.

Además de la iglesia católica por intermedio de la Diócesis de Istmina Tado, la Defensoría del Pueblo también acompaña a las familias campesinas. Sin embargo, la gravedad de la situación obligó a buscar el apoyo y la solidaridad de otros organismos de derechos humanos e instituciones tanto nacionales como internacionales.

“Más o menos cuatro horas después de la salida de las comunidades del territorio, -relata Carpio Conquista sobre los últimos días- hubo un enfrentamiento entre el ELN y los paramilitares, precisamente en el Resguardo de Chocó. Estaban esperando la salida de los indígenas. Ahí hizo presencia el ejército a través de sus aviones y helicópteros. Pero eso está pasando, por momentos no está tranquilo el territorio y hay pánico y zozobra en nuestra población que está sufriendo”.

“Esta es una población que está sufriendo y Colombia está representada por los indígenas porque los indios somos en Latinoamérica el símbolo de la cultura, de la historia milenaria. Quisiéramos que los actores realmente se retiren de ahí, de nuestro territorio. Y que haya garantías por parte del gobierno, que los organismos de derechos humanos acompañen. Si hay garantías nosotros nos vamos a nuestros territorios, pero sentimos que eso no se va a dar. Estamos hablando de seis meses como mínimo para que podamos hablar de un retorno digno”, clama finalmente el dirigente nativo.