Redacción Canal Abierto | El 22 de septiembre de 1976, patotas militares secuestraron de sus respectivos domicilios a Alberto Bedia, Raúl Moreno, Armando Culzoni y Manuel Martínez. Todos eran obreros de la empresa siderúrgica Dálmine-Siderca –propiedad del grupo Techint–, ubicada en la localidad bonaerense de Campana. Los cuatro permanecen desaparecidos al igual que cerca de ochenta trabajadores de la empresa que fueron secuestrados durante la etapa del terrorismo de Estado. El hecho es recordado como “La noche de los tubos”.
La Megacausa Campo de Mayo
En el juicio de lesa humanidad por la megacausa Campo de Mayo están siendo juzgados 20 militares, policías, prefectos, marinos y civiles integrantes de los grupos de tareas, acusados de secuestros, torturas y asesinatos de alrededor de 350 personas durante la última dictadura cívico militar entre 1976 y 1978.
En la audiencia Nº 95 del juicio, durante la tercera parte del alegato del Ministerio Público Fiscal, la auxiliar fiscal Gabriela Sosti se refirió a los secuestros de los trabajadores de la empresa Dálmine-Siderca y particularmente a los hechos de “La noche de los tubos”. Destacó la connivencia de los dueños de la empresa con la Dictadura y señaló que “al menos 80 trabajadores de este emporio industrial fueron víctimas del aniquilamiento”.
La auxiliar fiscal sostuvo que “junto a los grupos Roggio y Macri, el emporio industrial de la familia Rocca fue uno de los sectores empresariales más beneficiados política y económicamente por la última dictadura cívico militar”.
“A los trabajadores que molestaban a las empresas los fueron aniquilando, porque reclamar por mejores condiciones laborales o mejoras salariales era motivo suficiente para el secuestro, el tormento y la desaparición”, explicó Sosti.
La fiscal destacó que en la fábrica estaba instalado el Ejército “hostigando, persiguiendo y secuestrando, fuera y dentro de su predio”. En su relato describió que los trabajadores eran interrogados dentro de la fábrica, donde había personal de inteligencia haciendo tareas de detección y espionaje. A su vez, señaló que las víctimas eran secuestradas cuando iban y cuando salían de trabajar. A esos obreros, a sabiendas de que estaban secuestrados, la empresa les enviaba los telegramas de despido por inasistencia, justificando su desvinculación por abandono de tareas. También indicó que la empresa hizo aportes concretos de dinero para el funcionamiento del exterminio del Área 400 –así se denominaba al mando militar de la zona de Zárate y Campana y sus alrededores–, “como fue el acondicionamiento de las instalaciones para el establecimiento de la Brigada de Información de Tigre, al lado de la comisaría de Campana, que fue subvencionado por Rocca”.
Respecto a la caracterización de genocidio, la fiscal refirió que “por la masividad e intención de destruir un sector de la población previamente caracterizado y seleccionado para el aniquilamiento”, es que se los acusa de genocidas. “Se propusieron la refundación del estado, la sociedad pero fundamentalmente la economía. Y fue una sangría: convirtieron a la Argentina en una fábrica de muertos, de desocupados, de exiliados”.
La responsabilidad empresaria
“El tema de la responsabilidad empresarial no se está investigando como esperamos, como la sociedad requiere. La Justicia no encuentra la manera de dar respuesta técnica a estas imputaciones, que implican un desafío técnico político”, sostiene Gabriela Sosti en conversación con Canal Abierto. “Salvo la reciente validación de la condena de Ford –en la Cámara de Casación Penal–, porque la empresa directamente tenía un centro clandestino dentro de la fábrica, con lo cual era más sencillo, el resto de las responsabilidades no están siendo investigadas”.
“En el caso del Juicio de Campo de Mayo, que yo estoy alegando, hay registros más que contundentes de cómo operaban los dueños de las fábricas en la intervención directa en el exterminio. Yo parto de la base de que el genocidio se produce para arrancar de cuajo una matriz económica que se venía desarrollando del ‘45 en adelante y que a lo largo de las distintas dictaduras no habían logrado destrozar. En la última dictadura dijeron terminemos con todo. Para eso exterminaron a parte de una generación. El 67% de las personas desaparecidas fueron obreros, trabajadores con mucha conciencia de clase que militaban por sus derechos en fábricas de una especialización industrial muy pujante”, continúa Sosti.
Los secuestros en Dálmine-Siderca habían comenzado antes del golpe de Estado, tal es el caso del obrero Armando Rodi, desaparecido el 13 de diciembre de 1975, y cuyos restos, encontrados en una fosa común en el cementerio de San Andrés de Giles, fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en 2019.
“Estas industrias pretendían maximizar ganancias a costa de los derechos de los trabajadores y para ello operó la dictadura. Iban los camiones del ejército dentro de las fábricas –es el caso de Siderca, de Mercedes Benz, de los astilleros– y se llevaban a los trabajadores a partir de listados elaborados por los propios departamentos de personal de las empresas. El caso de Dálmine-Siderca es más que emblemático porque además está vinculado con una política de concentración de la industria siderúrgica, que ya había comenzado con Acindar en Villa Constitución”, continúa la fiscal auxiliar.
“En este juicio, lamentablemente, no se está investigando la responsabilidad de ninguno de los sujetos relacionados a las empresas, no te digo a los dueños del capital, ni siquiera a los jefes de personal, de producción, gerentes, capataces, de los que se tiene un registro concreto, los sobrevivientes y familiares mencionan a los tipos con nombre y apellido. Eso no se investigó, lamentablemente la justicia tiene esa parálisis”.
“Yo lo que hago, lo único que atino a hacer, por derecho a la verdad, y creo que es lo que hay que hacer con estos juicios es reconstruir la etiología de la masacre”, concluye Sosti.
Reconstruir el texto social
“La “noche de los tubos”, se llama así porque Dálmine-Siderca era una de las empresas señeras en la Argentina en la fabricación de caños sin costura, los “tubos”. Esa noche se produjeron los secuestros de cuatro compañeros pero es una noche más de tantas que se sucedieron en el área 400. A ésta por la repercusión que tuvo, el pueblo le dio ese nombre. Pero hubo 80 trabajadores desaparecidos en Siderca. Los tipos iban con los camiones y hacían razzias en los barrios populares donde vivían esos trabajadores”.
“Lamentablemente la justicia en 45 años ha investigado poco. Mucho de lo que hacemos es gracias al aporte de los familiares, de los compañeros, de los hijos. En el caso del área 400 el trabajo del colectivo de hijos es increíble, con girones están reconstruyendo la historia. Ni la Justicia, ni el Estado en general hacen nada o casi nada, la reconstrucción queda en manos de ese pueblo que ha quedado devastado, sobre todo en el caso de los hijos en un contexto de ciudades como Zárate y Campana donde se los estigmatizó y persiguió por ser hijos de desaparecidos. Ese valor para mí es incalculable como reconstrucción del texto social; en general el texto jurídico no se encarga de reparar el entramado social que se rasga, debería hacerlo. Por eso me parece fundamental mencionar todo esto en un alegato”.
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