Redacción Canal Abierto | Tras meses de lucha indígena, en noviembre de 2017 se aprobó por cuatro años la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena 26.160, que impulsa el relevamiento territorial de las comunidades originarias en todo el país y la suspensión de los desalojos.
La ley se vence el 23 de noviembre de este año y de conseguir una nueva prórroga depende que muchas comunidades puedan terminar el trámite que las acredita como propietarias de las tierras que ocupan.
Sin embargo, su aprobación se encontró con un obstáculo inesperado en el Senado: el bloque de Juntos por el Cambio se manifestó en contra de las sesiones remotas que rigen desde el comienzo de la pandemia y no participará de la reunión de este martes.
“Nuestro interbloque no va a participar porque entendemos que el protocolo de sesiones remotas está vencido y no ha habido un nuevo protocolo que se haya tratado con números reglamentarios”, adelantó Humberto Schiavoni, jefe del bloque PRO durante la reunión de la comisión de Presupuesto.
Según publicó la Agencia oficial Télam, Schiavoni aclaró que su espacio no está “en contra de preservar los derechos de los pueblos originarios”, pero pidió que el debate se haga de forma presencial y junto con la comisión de Población y Desarrollo.
Por su parte, el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, confió en que llegarían a un acuerdo para tratar y finalmente prorrogar la ley de emergencia territorial indígena.
La importancia de la ley
La norma fue sancionada en noviembre de 2006 con el objetivo de declarar la “emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria indígena” por el término de cuatro años, suspender los desalojos por el plazo de la emergencia y disponer la realización de un relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas. Pero el plazo se venció reiteradamente sin que el relevamiento se completase.
En el ínterin se sucedieron innumerables conflictos por tierras –que el relevamiento, una vez completo, debería evitar–, los últimos el mes pasado en Río Negro.
Se trata de la comunidad mapuche Cañumil, asentada desde 1895 en la zona de Chacay Huarruca en la estepa patagónica rionegrina, al sur de Pilcaniyeu, entre esta localidad y Ñorquinco, a unos 100 kilómetros de Bariloche. Si bien cuenta con el relevamiento territorial previsto por la ley, su carpeta técnica permanece demorada en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) por lo que aún carece del título de propiedad comunitaria. Recientemente tuvieron que lidiar con una orden de desalojo interpuesta por la Justicia por una denuncia por usurpación iniciada contra la comunidad por quienes dicen ser los propietarios de las tierras.
Por una situación similar pasó la lof Quemquemtrew, en el paraje Cuesta del Ternero, en la zona rural de El Bolsón. El 24 de septiembre, un operativo de la Policía de Río Negro ordenado por la Justicia ingresó a la comunidad y detuvo a varias personas, entre ellas un niño de 8 años.
En este sentido, el lonko mapuche y vicepresidente del INAI, Luis Pilquimán, contó, en diálogo con Canal Abierto: “En noviembre, por tercera vez se vence la prórroga de la ley, y se crea este clima de incertidumbre, ya que cada vez se va enrareciendo más la situación política en torno al tema del territorio. Hay en las comunidades una movilización creciente para impulsar la prórroga de la ley”.
También sostuvo que en los últimos cuatro años no se le asignó presupuesto a la ley, lo que imposibilitó avanzar y realizar nuevos relevamientos.
“Yo creo que la prórroga se volverá a dar. En este tiempo van a comenzar a surgir distintas expresiones de sectores indígenas a nivel nacional ya que la ley ha logrado parar varios desalojos y si se crea un vacío eso generaría mucha preocupación –agregó–. El otro aspecto es seguir fortaleciendo este instrumento legal. El relevamiento reconoce, releva la ocupación actual, tradicional y pública y hay que dar un paso siguiente hacia la propiedad comunitaria o el territorio indígena comunitario”.