Redacción Canal Abierto | En los primeros meses de este 2021, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof mencionó su interés por impulsar una reforma judicial para agilizar los procesos.
En agosto presentó los anteproyectos, dentro de los cuales se encuentran los siguientes “paquetes”: 1) El Nuevo Código Procesal de Familias, Civil y Comercial; 2) La revisión de la Ley de Procedimiento Laboral N° 15.057; 3) Una Ley de Régimen Pericial; 4) La nueva Ley de abogada y abogado del Niño, Niña y Adolescente; 5)-Una Ley de Responsabilidad del Estado; y 6) La Ley de Ética Pública y Transparencia.
En el caso del apartado 5, la nueva Ley de abogada y abogado del Niño, Niña y Adolescente
permitiría, en palabras del gobierno bonaerense:
- Adecuar la legislación a las necesidades de las niñas, niños y adolescentes de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos y a los lineamientos del Código Civil y Comercial de la Nación.
- Diseñar un mecanismo institucional efectivo y con criterios claros, que garantice la formación especializada, la independencia en el ejercicio de la función y el acceso igualitario a la asistencia legal.
- Eliminar la realización de trámites burocráticos innecesarios.
- Lograr un efectivo acceso a la Justicia con este patrocinio a través de un Estado presente, que genere políticas públicas que promuevan los derechos de niños, niñas y adolescentes.
“Es una norma para garantizar acceso igualitario. Tenemos una ley anterior a la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, con vacíos normativos que impiden la uniformidad de la intervención de las abogadas y abogados”, apuntaron desde el Gobierno.
Sin embargo, para las organizaciones que trabajan con la niñez hace décadas, esto es una “reforma con aroma a Patronato”. Así la definió la abogada Laura Taffetani, referente de la Fundación Pelota de Trapo, que trabaja con infancias y adolescencias en situación de vulnerabilidad en Avellaneda.
Asimismo, explicó: “Esto representa un retroceso inadmisible en el proceso que se ha ido consolidando a partir de la sanción de la Convención de los Derechos del Niño en la que se les reconoce a los niños y las niñas la calidad de sujetos plenos de derecho”.
En la Provincia de Buenos Aires, en el año 2013, se sancionó la ley 14.568 de Abogados del Niño. A partir de ella, por primera vez, niños, niñas y adolescentes pudieron tener sus propios abogados y abogadas para garantizar su voz en los procedimientos y procesos donde se encuentran involucrados. Para garantizarlo el Estado asume el pago de honorarios en los casos en los que los padres no puedan afrontarlos. Todos los niños y niñas, entonces, independientemente de su condición social, pueden contar con patrocinio letrado.
Según expone Taffetani, para ello sólo se requiere la necesidad expresada por los niños y/o adolescentes, de sus responsables o de las instituciones que intervienen y permite contar con las garantías procesales que cualquier persona posee. En la ley no hay edad, ni limitación alguna que no sea su necesidad, teniendo en cuenta el reconocimiento que la Convención de los Derechos del Niño ha hecho de la calidad de sujetos plenos de derechos.
“Pero con este anteproyecto, en momentos en los que justamente las infancias y las adolescencias representan el sector más vulnerado de la crisis económica endémica en nuestro país y que con la pandemia se ha tornado mucho más grave, el Ministerio de Justicia de la Provincia pretende modificar la ley recortando la figura. Según el anteproyecto, no todos los niños y niñas son sujetos de derecho y deben tener abogados, sólo los que por edad y madurez suficiente –lo que quedaría a criterio sólo de los jueces- puedan sortear los intrincados pasillos del procedimiento para demostrar que al fin y al cabo son sujetos merecedores de un patrocinio letrado”, afirma la abogada.
La reforma también crearía un Cuerpo de Abogados y Abogadas del Niño del Estado para los que sus padres no puedan pagar; justamente los casos en los que la mayor vulneración de derechos proviene del propio Estado, por lo que será difícil que la relación jerárquica permita que vaya contra sus propios intereses.
“En la Provincia de Buenos Aires, como sucede también en el resto del país, hace mucho tiempo ya que los niños, niñas y adolescentes dejaron de ser parte real de la agenda pública. Los magros presupuestos que se destinan en las políticas sociales y a los efectores que trabajan con ellos y ellas es una prueba palmaria de esta realidad. Más del 60% de las infancias y adolescencias se encuentran por debajo de la línea de pobreza, pero estas cifras dramáticas no se corresponden con las acciones implementadas en los distintos gobiernos. Por eso tampoco es casual que lo poco que hay se quiera acotar”, agregó la letrada.
En una reflexión sobre la actualidad, Taffetani sostiene que “en una sociedad de concepción adultocéntrica, la única mirada que prima es la adulta, la que se considera poseedora del conocimiento y por lo tanto la única legitimada para ser tenida en cuenta. Pero los niños y niñas son testigos y actores sensibles de sus realidades por eso es tan necesario su protagonismo en las cuestiones que los atraviesan”.
En esta línea también aseguró: “Es cierto que los mayores cambios que los niños, niñas y adolescentes necesitan no se dirimen en tribunales, ni en los poderes administradores de turno que han demostrado que lejos están de asumir una política de verdadero compromiso con ellos y ellas, pero justamente si este retroceso se concreta será un nuevo paso hacia atrás de todos los que ya se vienen dando en distintos terrenos y que han hecho que las infancias y las adolescencias hayan dejado de ser parte de las agendas de gobierno”.