Redacción Canal Abierto | El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) sancionó a Edesur con una multa de 239 millones de pesos. Además, el organismo dispuso una veedora para controlar las gestiones técnicas y comerciales de la empresa.
El apercibimiento se da luego de que más de 19 mil hogares del área metropolitana permanecieran sin electricidad durante horas o días en plena ola de calor y las Fiestas, situación que se agravó por la falta de información y respuesta por parte de la proveedora eléctrica.
Lejos de tratarse de una excepción, los cortes desataron los cuestionamientos y reclamos de usuarios y volvieron a poner en agenda un debate de larga data con dos posiciones enfrentadas. Una grieta entre quienes entienden la provisión de energía eléctrica en tanto servicio; y aquellos que defienden el derecho al lucro empresario, cueste lo que cueste.
Allá por junio de 2020 el ENRE también había multado a Edesur por 168 millones de pesos a raíz de los problemas en el servicio registrados en 2017. A los pocos días, intendentes del sur del conurbano presentaron una queja ante el interventor del organismo, Federico Basualdo, por los reiteradas interrupciones y la falta de inversión, y pidieron se revisara los siderales aumentos tarifarios autorizados durante el gobierno de Cambiemos. Por esos días, la Defensoría del Pueblo bonaerense incluso llegó a solicitar que se le quite la concesión a la empresa que abastece de electricidad domiciliaria a parte de la Ciudad de Buenos Aires y otros 12 municipios.
La distribuidora eléctrica del sur del área metropolitana obtuvo una ganancia de 12.600,85 millones de pesos en 2019, un 168% mas a la del año anterior, según informó la compañía a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Durante ese mismo año, el último de la gestión de Mauricio Macri, las inversiones de Edesur alcanzaron los 11.018 millones de pesos, lo que significó un aumento del 33% anual.
En los últimos días, las empresas eléctricas –y varios comunicadores- volvieron a caer en la excusa trillada de una supuesta disminución de ingresos producto del congelamiento de tarifas una vez asumida la gestión de Alberto Fernández. Lo cierto es que si tomamos la inversión total en dólares en propiedades, planta y equipos realizada entre 2015 y septiembre de 2018 por EDESUR, EDENOR, EDELAP y EDEA, vemos que el año 2015 destaca -por lejos- como el de mayor inversión para cada una de las empresas. Como contra partida, y tras un leve repunte en el 2017, se observa una fuerte caída en el año siguiente.
Es evidente, por otra parte, que el sector energético fue partícipe de la fiesta de ganancias y dividendos empresariales de los cuatro años macristas. En la edición de junio de 2019 (último dato disponible) Forbes presentó el ranking de las 50 familias más ricas de la Argentina. Según la revista, el agregado total de dichas fortunas ascendía a 57.260 millones de dólares, una cifra muy por encima del total de reservas que por entonces acumulaba el Banco Central (43.585 millones de dólares). En la cima de dicha cúpula figuraban numerosas empresas del sector “Energía, Gas y Agua”, fundamentalmente concesionarias de servicios públicos que durante la gestión anterior vivieron una verdadera fiesta gracias a la política tarifaria de Macri. “Este grupo tuvo una expansión de su facturación global del orden del 1.036,5% en 3 años”, detallaba un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP).
Pese a todo esto, y según una investigación de Horacio Verbitsky que se publicó en el portal El Cohete a la Luna, a diciembre de 2018 Edesur debía al Estado unos $ 21.399 millones de pesos en concepto de multas ante las reiteradas fallas en la calidad del servicio técnico, la calidad del producto, las perturbaciones de la tensión y el servicio comercial. Otro informe de principios de 2019 realizado por el instituto que encabeza Claudio Lozano ubicaba a la compañía eléctrica entre las 27 grandes empresas que -en distintos momentos de los primero 3 años de Cambiemos- no pagaron impuestos a las ganancias.
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Uno hecho que puso la lupa sobre la actividad financiera de la empresa cuyo accionista mayoritario es el holding italidano Enel (propietario de varias empresas del sistema eléctrico argentino) fue el escándalo internacional de la “lista Falciani”. Cuando salió a la luz en 2009, Edesur figuraba como titular de varias de las 4620 cuentas argentinas no declaradas en la sucursal en Ginebra (Suiza) del banco británico HSBC. El listado también incluía a Grupo Fortabat, Cablevisión, Central Puerto, Multicanal, Telecom Argentina, Caja de Valores, Mastellone Hnos., LKM Laboratorio, Grupo Angulo, Simón Zeitune e Hijo, Loma Negra y Central Térmica Güemes, entre otras.
Un dato curioso de aquel destape financiero fue que Amalia Lacroze de Fortabat encabezaba la lista local con depósitos en tres cuentas en el HSBC Ginebra que alcanzaron los 101 millones de dólares en noviembre de 2005. Se registró meses después de concretarse la venta de Loma Negra, la firma emblema de su emporio. Amalita le había dado al economista y primer ministro de Economía de Macri, Alfonso Prat-Gay un “poder de administración” sobre ese dinero.
No fueron pocos los que vincularon el escándalo de la “lista Falciani” con el incendio intencional de Iron Mountain, y por el cual murieron ocho bomberos y dos agentes de Defensa Civil. Como informó este medio, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos dependiente del Ministerio Público Fiscal (Procelac) denunció en mayo de 2014, a pedido de la Comisión Nacional de Valores, que en los depósitos 7 y 8 de Iron Mountain que se habían quemado había información de 43 empresas vinculadas a 29 investigaciones sobre delitos financieros por entonces en curso.
Entre ellas, el BNP Paribas por encubrimiento de fraude a la administración pública, la alimentaria Nidera por presunto lavado de dinero, así como el Banco Patagonia, el JP Morgan, Ipesa y Endemol, y otras como el HSBC por estafa bancaria. Patagonia y HSBC perdieron la mayor parte de su documentación resguardada en el depósito de Barracas. Casualmente, Edesur también declaró que allí ardieron unos 2468 documentos relacionados con auditorías internas, informes técnicos, contratos, informes comerciales, notas administrativas, recibos de impuestos.
La pérdida de estos papeles fue la excusa esgrimida por el HSBC para evadir los requerimientos de la investigación originada a partir de la denuncia de Hervé Falciani.
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