Redacción Canal Abierto | El sitio fue utilizado en el marco del plan sistemático de exterminio y desaparición para ocultar los cuerpos de las víctimas del terrorismo de Estado en Tucumán. Ubicada en un campo al límite entre Tafí Viejo y la capital provincial, la vieja fosa de 40 metros de profundidad fue construida originalmente para proveer de agua a las antiguas locomotoras a vapor, y desde la última dictadura se destinó al ocultamiento de cuerpos.
Desde 2002, y a instancias del Juzgado Federal 2 de Tucumán que lleva la causa del Pozo de Vargas, el Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán –CAMIT– lleva a cabo la tarea de recuperar e identificar los restos, pero ahora las tareas peligran: los trabajadores y las trabajadoras denuncian que llevan 25 meses sin cobrar y la situación se tornó insostenible.
La información fue a dada a conocer por el periodista tucumano David Correa en sus redes sociales.
1- Paso a contarles una triste historia de abandono, de falta de interés y que tiene como protagonistas a los peritos que trabajan en el Pozo de Vargas, Tucumán, la fosa común de la última dictadura militar en donde se han identificado a detenidos desaparecidos. pic.twitter.com/FohMDxo8mm
— David Correa (@davidcorreatv) January 18, 2022
Luego, a instancias de la investigación del portal Eldiarioar.com sobre los atrasos en los pagos de los investigadores, el consejo de la Magistratura admitió recientemente la existencia de la deuda.
A fines de 2021 se produjo la última identificación por parte del CAMIT: Se reconocieron los restos de Ana María Rodríguez Belmonte, una joven tucumana que tenía 19 años cuando fue denunciada como desaparecida el 26 de enero de 1976. Fue secuestrada en Salta junto a su pareja Otto Stranka. Ambos militaban en Montoneros.
Se trató de la identificación número 116 realizada desde el año 2002, cuando comenzaron las tareas en el Pozo de Vargas, por parte del Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán. No obstante el valor y la trascendencia de su trabajo, hay 10 peritos arqueólogos que permanecen sin cobrar sus salarios desde inicio del 2020 hasta la actualidad, incluyendo un mes de 2019 también adeudado.
No es esta la primera vez que se registran demoras en los cobros, pero sí la más extensa, y muchos de los profesionales ya evalúan otras alternativas y fuentes de trabajo.
El problema de fondo radica en la irregularidad y la informalidad con la que se producen los pagos: en 2002, las tareas se sostuvieron con fondos recaudados en actividades artísticas; desde 2003 la legislatura provincial otorgó subsidios, al mismo tiempo que desde Nación se destinaron partidas presupuestarias.
Ya entre 2004 y 2005, y con los primeros resultados de identificaciones de restos, el Juzgado Federal 2 de Tucumán a cargo de la causa comenzó a gestionar y a obtener del Concejo de la Magistratura de la Nación los fondos necesarios para los trabajos en el Pozo de Vargas, pero esas partidas nunca fueron regulares y en varias ocasiones se produjeron atrasos importantes.
Las y los peritos arqueólogas no saben cuál es el criterio que aplica el Concejo de la Magistratura para liberar fondos, ni tampoco respecto a por qué muchas veces no alcanza para que todas y todos perciban lo que se les adeuda. La última vez que cobraron fue en noviembre de 2020 pero por honorarios correspondientes a 2019, también adeudados.
Desde el Concejo de la Magistratura confirmaron la mora con los peritos de Tucumán aunque como no existe el pedido de fondos ni la rendición de cuentas por parte del Juzgado Federal 2, resta aún establecer cuál es el monto que se le adeuda a cada trabajador y formalizar los expedientes de las gestiones.
De allí que desde la Unidad de Derechos Humanos, Género, Trata de Personas y Narcotráfico del Consejo, a cargo de Virginia Croatto, se iniciaron contactos con el Juzgado a fin de recabar la información necesaria para esta semana.
Las tareas están a cargo del Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán y están paralizadas.
Cuando comenzó la pandemia, en marzo de 2020, las tareas se detuvieron en el predio, por lo que el lugar quedó casi en estado de abandono hasta diciembre. Sí se mantiene una guardia con personal de la Policía Federal y la actividad no se suspendió en el laboratorio que está ubicado en Italia al 900, en San Miguel de Tucumán.
Organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y sindicatos se sumaron al reclamo para que se regularice la situación y se reinicien los peritajes.
Con información de Andar Agencia y El Diarioar