Por La Vaca | Vanesa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, camina por la avenida Mosconi con una remera blanca que en el frente lleva el rostro de Tehuel y, en la espalda, una leyenda por los 10 años de la desaparición forzada de Facundo Rivera Alegre en Córdoba. Camina abrazada de su mamá, Mónica Alegre, que también lleva una remera blanca pero con el rostro de su hijo Luciano.
“Por estas calles, las mismas que caminaba Luciano, hoy volvemos a caminar sus familiares, que con mucha dignidad seguimos exigiendo verdad y justicia, porque a Luciano lo mató la policía y lo desapareció el Estado”, sintetiza Vanesa, con voz al micrófono, hablándole a su barrio, una vez más. Es que por las restricciones pandémicas que el año pasado motivaron una conmemoración virtual, hoy la familia volvió a las calles, las mismas desde donde convirtieron cada 31 de enero en una ceremonia que tejió de manera sostenida un proceso de condena social, con marchas y festivales multitudinarios, constituyendo un espacio para que otras familias, además de denunciar hechos de represión estatal, pudieran sanar esas heridas de forma colectiva.
“En cada una de esas causas existen responsables materiales y directos del horror que viven muchos pibes y pibas, pero también están los responsables políticos y judiciales de los hechos, aquellos que intentan invisibilizar cada una de las causas”, contextualiza Vanesa, en el comienzo de la marcha que partió de General Paz y Mosconi.
A lo largo de los casi dos kilómetros que recorre la movilización hasta la Plaza Luciano Arruga, en el barrio 12 de Octubre, Vanesa realiza un recorrido por la causa:
- Luciano era un joven pobre de 16 años que se negó a robar para la policía.
- Era permanentemente hostigado, amenazado, detenido y torturado por los efectivos policiales del Destacamento de Lomas de Mirador, una dependencia que funcionaba en un chalet, que no tenía las condiciones para alojar detenidos (menos un niño), y había sido abierto por reclamos de mayor seguridad en el barrio. Por esas torturas, la justicia condenó al policía Julio Diego Torales a diez años de prisión. La familia logró cerrar el destacamento y convertirlo en un Espacio Social y Cultural que lleva el nombre de Luciano.
- El 31 de enero de 2009, Luciano fue visto con vida por última vez. Con la denuncia sobre la Bonaerense, el propio destacamento y las comisarías de la zona donde testigos señalaron que el joven había sido detenido, la familia inició una denuncia en el fuero provincial que luego pasó al federal como desaparición forzada de persona. El 17 de octubre de 2014, la familia encontró el cuerpo de Luciano enterrado como NN en el Cementerio de la Chacarita. Según la reconstrucción, Luciano fue atropellado en la madrugada del 31 de enero luego de cruzar con ropa que no era de él por un lugar inaccesible de la General Paz. La denuncia, nuevamente, se posó sobre la Bonaerense.
- Por esa causa, que aún sigue en etapa de instrucción, no hay detenidos. Hace ocho años la familia inició un pedido de destitución a la fiscal Roxana Castelli (derivó la investigación en la propia Bonaerense denunciada, incumpliendo el reglamento de la Procuración) y al juez Gustavo Banco y la fiscal Celia Cejas (por espiar durante 1 año y 6 meses a la propia familia).
“El daño que hicieron fue irreparable, y seguimos a la espera: el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires tenía que haber dado una respuesta el año pasado, pero estamos a enero y todavía no recibimos nada”, dice Vanesa a lavaca.
La familia no sólo tuvo que apelar una caución de 260 mil pesos para poder seguir adelante con la acusación, sino que llegó a esa instancia denunciando a tres funcionarios judiciales en solitario, sin el acompañamiento de la Procuración General ni la Bicameral de Enjuiciamiento. “Hace rato venimos observando que en las causas por desaparición forzada se invisibiliza el horror que viven las víctimas, se intenta disminuir la gravedad del hecho, y generar un estado de impunidad y silenciamiento hacia las víctimas que con vida nos organizamos y salimos a luchar. Generar condenas en el marco de estas causas podría implicar casos testigos y marcar un rumbo diferente y ejemplificador de lo que es la represión estatal en democracia. Entendemos que son causas que deberían generar condenas a sectores con mucho poder, y eso genera una asociación corporativa para cubrir los crímenes de Estado”.
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Como cada año, otros familiares acompañan la movilización: allí están madres, hermanas, tías, papás y hermanos de Facundo Rivera Alegre, desaparecido el 19 de febrero de 2012, a días de cumplirse los diez años; de Diego Fernández, asesinado en una comisaría de Isidro Casanova (La Matanza) en 2017; de Camilo Escobar, asesinado el 10 de enero 2019; de Micaela Morales, cuyas amigas denunciaron que fue abusada por policías de Villa Gesell, sufría hostigamientos por ser lesbiana, y murió atropellada por un camionero, en una causa atravesada por la impunidad y la sospecha policial.
Por eso, al llegar a la Plaza, Vanesa y Mónica agradecen la participación. A su lado hay un joven con mechones de pelo verde y con una remera con los ojos de Luciano: es Astu, hijo de Vanesa, que mira a su madre y a su abuela con admiración y seriedad.
Dice Vanesa: “Cuando vemos esta lucha lo que vemos son los cuerpos cansados de mujeres. Y que aun a pesar de estar cansados sacan fuerzas de donde una ya no sabe para seguir reclamando verdad y justicia. Esas mujeres enormes, que al igual que otras mujeres en otros momentos, madres, abuelas y hermanas, se levantaron para denunciar 30 mil compañeros desaparecidos por el genocidio, hoy lo hacen en la calle durante la ‘democracia’, entre comillas, con la foto de sus hijos, de sus hijas, luchando con fuerza, con convicción y con mucha dignidad, enfrentando a poderes muy fuertes de este Estado. Porque cuando estas madres se levantan a denunciar la represión estatal, lo que aparecen con toda su violencia son nada más y nada menos que los responsables materiales, los que siguen patrullando los barrios, los que someten a sus madres y a sus hijes y a toda su familia a episodios de violencia”.
Y cierra: “Nos amenazan después de denunciar estos hechos, nos someten a vivir una vida de temor, pero no logran que estas madres dejen de luchar ni de organizarse a pesar del miedo, porque el miedo lo perdieron porque les robaron la vida de sus hijos, de sus hijas, de sus hijes. Son valientes, son luchadoras, y son las que hoy nos están mostrando el camino. A ellas les quiero agradecer. A todas las que antes se organizaron denunciando casos de represión estatal en democracia, a las primeras que se levantaron porque son las que marcaron el camino, las que se animaron a hablar. A todas las que vinimos después que seguimos ese camino. Y a las que vendrán, a las cuales esta madre y esas madres que están por ahí van abrazar, van a contener, y van a acompañar en este proceso de organización y de lucha. Porque sabemos, y saben, que para seguir adelante, con lo que hay que cortar es con el aislamiento, el silenciamiento y la invisibilización. Y hoy, acá, y en muchas otras actividades, estas mujeres en lucha lo logran día a día y defienden la vida de niños, niñas y adolescentes que sufren sistemáticamete la privación de sus derechos fundamentales, y sufren la represión estatal con lógicas como la desaparición forzada, el fusilamiento, el armado de causas y las torturas”.
Vanesa agradece.
De frente a ella, a su hijo, y a Mónica, una plaza entera levanta el puño:
-¡Luciano Arruga!
-¡Presente!
-¡Ahora!
-¡Y siempre!
Artículo originalmente publicado en el portal lavaca.org
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