Redacción Canal Abierto | Como una suerte de paradoja forzada, el comienzo de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación coincide con el Día Mundial de los Humedales sin que la ley que busca proteger estos espacios vaya a ser tratada en este período, por lo que perderá estado parlamentario por tercera vez.
El temario propuesto por el Ejecutivo abarca la reforma del Consejo de la Magistratura, el Consenso Fiscal 2022, la ley de Electromovilidad, la de Promoción de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal, la Automotriz o el Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, de VIH, Hepatitis, Tuberculosis e ITS.
“Luego de tres pérdidas consecutivas de estado parlamentario, lo que ha quedado muy claro que a pesar de existir notorias evidencias de lo importante que es contar con con una ley de humedales, como los incendios producidos en el Delta que consumieron más de 300.000 hectáreas de pastizales, es el poder que tienen las corporaciones extractivistas, en su capacidad de frenar los debates parlamentarios”, denunció en diálogo con Canal Abierto la geógrafa Patricia Pinto, integrante de la Red Nacional de Humedales (ReNaHu).
El proyecto, que unificaba propuestas de diferentes legisladores a lo largo del tiempo, había logrado el dictamen de mayoría en las Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Abmbiente.
“Una vez que llegó a la Comisión de Agricultura y Ganadería presidida por José Aragón perdió estado parlamentario porque no nunca esa comisión le dio tratamiento al proyecto de ley. Esto denota claramente el poder de lobby que tienen las corporaciones extractivistas sobre los legisladores. Me refiero a los sectores ligados a los negocios, a la explotación forestal, a la minería y por supuesto a los desarrollos inmobiliarios”, lamenta la investigadora. El diputado Aragón es integrante del bloque del Frente de Todos por la provincia de Corrientes.
El proyecto, que no podrá ser presentado por dos años, proponía «una ley de presupuestos mínimos que está ligada a lo que establece el artículo 41º de la Constitución Nacional respecto de la posibilidad de sancionar leyes de presupuestos mínimos que protejan y preserven determinados valores ambientales«, expica Pinto.
Y define a los humedales como “ecosistemas extremadamente importantes y valiosos en estos tiempos de cambio climático. Se distribuyen por todas las geografías del país con características particulares en cada en cada sitio. Entonces lo que esta ley vendría a aportar en primera instancia es a tener un buen inventario de estos ecosistemas: saber con exactitud cuáles son, que caracter tienen, qué superficies ocupan, qué valores ambientales tienen, qué niveles de transformación poseen o cuán vírgenes están”.
La normativa fallida constaba de una segunda instancia, “una vez que el inventario sea realizado en base a una serie de categorías preestablecidas poder proceder a su ordenamiento ambiental y territorial. Es decir, poder establecer a ciencia cierta, cuáles son aquellos que absolutamente de cualquier tipo de intervención antropica y cuáles son aquellos que ya están modificados y pueden tener algún tipo de actividades ligados a su existencia”.