Redacción Canal Abierto | “Presentamos este recurso de amparo porque las retenciones son inconstitucionales. Para que exista un tributo tiene que haber una ley”. Así justificó Nicolás del Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, el amparo que esa entidad junto a la Sociedad Rural de Jesús María presentó este lunes para frenar el cobro de retenciones a las exportaciones.
El argumento para dejar de pagar radica en que al comienzo del mandato de Alberto Fernández la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva revirtió la reforma fiscal macrista de 2017 que reducía gradualmente ese gravamen en el marco de la emergencia. La nueva Ley establecía topes para los distintos rubros y la decisión de que el 67% de su incremento fueran destinados al financiamiento de la ANSES y del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, y el 3% a la creación de un fondo solidario de competitividad agroindustrial para pequeños productores y cooperativas.
Pero, con el rechazo al proyecto de Presupuesto 2022 el artículo que permitía prorrogar esa ley —y con ella el cobro de derechos— también fue rechazado, aunque figura en dos artículos de la Ley de Código Aduanero.
Curiosamente, la iniciativa del agro coincide con una cosecha récord de cereales en 2021 y una estimación similar para 2022, que oscila en torno a los 36.527 millones de dólares, producto del fuerte salto en la producción —que podría alcanzar los 141,3 millones de toneladas de granos— y del alza en los precios internacionales de los alimentos.
En noviembre pasado, una investigación de la AFIP llevó al decomiso de más de 8.100 toneladas de maíz que se encontraban almacenadas en distintos depósitos del puerto de Campana, provincia de Buenos Aires, sobre el Río Paraná. La empresa pretendía exportar la mercadería en barcazas a Uruguay y evadir así el pago de impuestos.
La medida en dinero
La discusión entre el Gobierno y la Sociedad Rural, que podría ser dirimida por la Corte Suprema, no es menor si tenemos en cuenta lo que representa para las arcas públicas. De acuerdo con las últimas cifras disponibles del INDEC, en el primer semestre de 2021 el sector oleginoso representó el 37% de las exportaciones del país, y el cerealero el 17,8%. En dinero, fueron 13.100 millones de dólares facturados por el primero y 6.280 millones de dólares por el segundo, los cuales crecieron 52,8% y 10,5% respecto de 2020, respectivamente.
En concepto de retenciones, los seis principales complejos agroindustriales relacionados a los granos y sus derivados –soja, maíz, trigo, girasol, sorgo y cebada– hicieron un aporte en 2021 de 861.093 millones de pesos o 9.104 millones de dólares, según un reporte elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario.
El año pasado, según declaraciones del canciller argentino Santiago Cafiero, las exportaciones superaron en un 42% a las de 2020 lo que hizo que 2021 fuera “el tercer mejor año después de 2011 y 2012”. De acuerdo con los datos de enero 2022, el 34,7% de las importaciones fueron de productos primarios y el 33,4% de manufacturas de origen agropecuario. En otras palabras, casi un 70% de las exportaciones provinieron del sector rural al que no podrían cobrársele retenciones de prosperar este amparo.
Con esta medida, el sector lograría volver a los venturosos años de Cambiemos. Y es que en Pergamino, a tres días de haber asumido, Mauricio Macri anunció la quita total de las retenciones a la mayor parte de la producción agropecuaria y una baja gradual para la soja que se reduciría del 35% al 30%. Dos años después, impulsó el decreto que establecía la rebaja de 0,5 punto porcentual mensual en los derechos de exportación a la soja a partir del 1 enero de 2018 hasta alcanzar el 18% a partir de enero de 2020.
Según un informe de la Universidad de Avellaneda (UNDAV), el costo fiscal de esa política en dos años fue de 4.639 millones de dólares, lo que equivalió “o más de un año de la Asignación Universal por Hijo”.
Ilustración: Marcelo Spotti