Redacción Canal Abierto | “Sumate a cuestionar judicialmente el endeudamiento con el FMI. ¡Tenemos que ser millones!”, reza el título de la convocatoria que desde distintas organizaciones impulsan para presentar un amparo colectivo que impugne el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Con el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas, el director del Banco Nación y presidente de Unidad Popular Claudio Lozano, el titular de la CTA Autónoma Ricardo Peidro, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Hugo “Cachorro” Godoy y el concejal de Unidad Popular en el Frente de Todos Víctor De Gennaro como cabeza de la iniciativa, el texto apunta a motorizar una acción judicial que “declare la inconstitucionalidad y la nulidad insanable” del acuerdo con el FMI e impida que éste garantice “la impunidad de quienes nos endeudaron en 2018”.
“También pretende impedir que pueda convalidarse una deuda absolutamente inconstitucional e ilegal de la que la población argentina no sé beneficio de forma alguna. Las estafas no se pagan”, asegura.
El amparo, además, quiere interrumpir cualquier acción estatal que implique reconocer el endeudamiento y, de esa manera, convalidarlo legalmente.
A las figuras mencionadas anteriormente, la iniciativa ya sumó las firmas del ex senador Rubén Giustiniani, la abogada feminista Nina Brugo, el presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad Jonatan Baldiviezo, la Legisladora de la Ciudad (MC) Laura Garcia Tuñon, la economista Beverly Keene, entre otros dirigentes sociales y de la políticas, periodistas y académicos.
Para sumarse, hay que escribir un correo electrónico a inconstitucionaldeudafmi@gmail.com con nombre completo, número de DNI, domicilio, contacto de Whatsapp, foto del anverso y reverso del DNI y de la solicitada firmada (que debe imprimirse desde éste link).
Antecedentes
Recientemente, un informe internacional realizado por los juristas Karina Patricio Ferreira Lima y Chris Marsh declaró al préstamo otorgado por el FMI a la Argentina “ultra vire”, término legal que establece como “nulos los actos de las entidades públicas o privadas que rebasan el límite de la ley».
La conclusión a la que arribaron partió de argumentos coincidentes con el amparo colectivo: “el Fondo no aseguró las garantías adecuadas para la provisión de sus recursos generales, ya que el programa financiero inicial no contemplaba un ajuste externo, tenía supuestos poco realistas y un ‘agujero negro’ contable de al menos 20.000 millones de dólares”.
Asimismo, el acuerdo fue impugnado por varias denuncias locales. A comienzos de diciembre de 2019, se radicaron dos: una en el foro penal, y otra en el contencioso administrativo. La última, presentada por el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), se sustenta en que todos los trámites anteriores a la toma de deuda que el Estado debe hacer según la ley, no se hicieron. La penal fue presentada por Lozano y el abogado Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad (quien también patrocina el nuevo amparo), y fue contra Mauricio Macri y varios de sus funcionarios por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
Por el primer acuerdo, contraído con el FMI en abril de 2018, Baldivieso y Lozano habían presentado un amparo colectivo que solicitaba una medida cautelar urgente y otra denuncia penal.
En el mismo sentido, en enero de este año, más de 1300 referentes de movimientos de derechos humanos y organizaciones políticas, sociales y sindicales solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar que ordene al Estado Argentino no aprobar “ninguna ley, acto de gobierno o un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que implique convalidar y reconocer la constitucionalidad y legalidad del endeudamiento que surge de los acuerdos con el FMI realizados durante el año 2018”.
Foto: Mauricio Acosta