Redacción Canal Abierto | La saga de espionaje ilegal dirigido contra organizaciones gremiales por parte del gobierno de Mauricio Macri sumó un nuevo capítulo al conocerse un informe de la Unidad de Información Financiera que da cuenta de la utilización de este organismo con ese mismo fin.
Relevamientos hechos por la gestión actual encontraron que a partir de abril de 2017, el organismo comenzó a prestar particular atención a los movimientos financieros tanto de los gremios como de sus dirigentes.
El informe se produjo a partir del requerimiento del fiscal Ernesto Kreplak en el marco de la causa abierta a partir de los videos en los que empresarios, funcionarios macristas y personal de la SIDE hablaban de digitar causas judiciales contra el ex secretario general de la UOCRA La Plata, Juan “Pablo” Medina. Fue en esa reunión que el ministro de Trabajo del gobierno de María Eugenia Vidal manifestó su deseo de tener “una Gestapo contra todos los sindicatos”, lo que dio el nombre informal de causa Gestapo.
Fueron 148 las organizaciones gremiales y 171 las personas cuyos movimientos económicos y financieros fueron puestos bajo la lupa de la UIF, por entonces al mando de Mariano Federici. Este organismo habría comenzado su labor de persecución más de un año antes de la reunión en la que Figueras confesó su sueño húmedo de emular a Hermann Göering. En abril de 2017 comenzaron las primeras pesquisas comenzaron a pocos días del primer paro al que el 6 de ese mes convocaron las tres centrales obreras.
Consultado por Canal Abierto, el integrante del área jurídica de ATE Nacional Juan Carlos Capurro explicó que “no es que es ilegal porque no hay una orden judicial. Es ilegal, aunque haya una orden. Salvo que se estuviese investigando un hecho como se pretendía hacer en el caso de Medina, donde alegan que él era una extorsionador y entonces hay un delito penal en el medio”.
«Pero cuando se investiga a los trabajadores de un lugar de trabajo o hay un conflicto sindical eso no es ningún. Entonces no hay ninguna justificación para hacer nada así. Entonces acá lo que está en discusión es la utilización de los servicios de inteligencia del Estado, que solamente deben de estar para la Defensa del Estado frente a problemas que puedan venir el exterior del país y que puedan perturbar nuestra soberanía”, agregó.
Estos episodios no fueron una rara avis durante el gobierno de Macri. En el día de ayer, trabajadores del hospital Posadas declararon que denunciaron tareras de inteligencia de la AFI dentro del hospital en marzo de 2016 cuando vieron un auto que realizaba seguimientos. En 2018, ese mismo vehículo fue registrado vigilando a la actual vicepreseidenta en el Instituto Patria.