Redacción Canal Abierto | El próximo miércoles 20 de abril comenzará el juicio de extradición a Facundo Molares Shoenfeld, el militante argentino y periodista, ex integrante de las FARC que fue detenido en Bolivia durante el golpe de Estado, repatriado a la Argentina y nuevamente apresado el 7 de noviembre pasado en Chubut (foto principal) por una denuncia de una fiscalía de Colombia.
En ese marco, las organizaciones que integran la campaña por su libertad convocan a una manifestación para ese mismo día en la puerta del penal de Ezeiza, rechazan el reclamo de la Justicia colombiana y exigen al gobierno argentino su excarcelación, advirtiendo que Molares es firmante de los Acuerdos de Paz de 2016 entre la organización beligerante y el gobierno de Juan Manuel Santos y que por tal motivo el requerimiento judicial es improcedente “ya que Facundo se encuentra comprendido dentro de la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz)”.
Entre las irregularidades señaladas, advierten que los delitos que se le imputan son de índoles políticos y el tratado de extradición vigente entre ambos países expresa claramente que en esos casos “el Estado requerido no estará obligado a conceder la extradición…”.
En contacto con Canal Abierto, la escritora y docente Mónica Glomba, compañera de militancia en Rebelión Popular y amiga de Facundo desde la adolescencia, agrega que “esta denuncia aparece formulada por una fiscalía ordinaria, cuando se supone que los pedidos de extradición deben ser solicitados por una fiscalía extraordinaria”.
Además, pone el acento en los riesgos que implicaría una extradición para la vida de Molares: “Desde el Tratado de Paz de 2016 hay más de 300 asesinatos de excombatientes y desmovilizados, sumale desapariciones, secuestros con tortura y detenciones irregulares. Hay más de 1.000 líderes y lideresas sociales asesinados en esta última etapa, entonces es una locura pensar un proceso de extradición que sea garantía de la vida de Facundo. El 2 de abril fueron asesinados dos exintegrantes de las FARC que habían firmado el Tratado de Paz”, alerta.
El juicio se desarrollará entre el 20 y el 29 de abril, de manera virtual, con audiencias en las que Molares y sus defensores de La Gremial de Abogados participaran desde su celda y el juez Guido Otranto, desde su juzgado en Esquel.
La primera instancia de declaraciones testimoniales se extenderá hasta el día 25. El 27 comenzarán los alegatos y durante la última jornada se conocerá el fallo. En el caso que se ordene la extradición a Colombia, existe la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema de Justicia. Y si el máximo tribunal ratificara la decisión, de todas formas el Poder Ejecutivo tiene la potestad de tomar la decisión final.
“Por eso entendemos que la eventual decisión del Ejecutivo tiene que enmarcarse en su propio trayecto histórico como gobierno popular, no podríamos esperar otra respuesta de parte de este Gobierno que no sea negar la extradición”, dice Glomba.
“El Gobierno en este momento juega el rol principal, entendemos la situación de debilidad política en el marco de un proceso de reordenamiento interno a partir del acuerdo con el FMI, pero independientemente de eso es un Gobierno que nunca ha dejado de levantar las banderas de los derechos humanos, en ese sentido hablamos de una causa de carácter humanitario”, analiza.
Los delitos que se le imputan son la participación en un secuestro extorsivo en 2009 en Caaquetá, portación de armas y municiones y utilización ilegal de uniformes e insignias. La denuncia es del 13 de octubre y fue detenido el 7 de noviembre en la localidad chubutense de Trevelin, al salir de una reunión familiar.
“Estaba en la casa de su padre, venía de comer un asado, en ningún momento se le cruzó por la cabeza que existía esta causa”, explica la mujer, que además recuerda que al ser repatriado desde Bolivia se solicitó a Colombia que informe si existía algún tipo de requerimiento a nombre de Facundo Molares, y la respuesta fue negativa.
Molares tienen 47 años y lleva cinco meses detenido, primero en Rawson y ahora en la unidad penitenciaria de Ezeiza. Recibe visitas semanales de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, compañeros y familiares. Es Técnico Forestal recibido en Chubut. Regresó al país en 2017 la dictadura de Jeanine Añez lo detuvo en Bolivia mientras realizaba tareas de fotógrafo y comunicador popular. Luego de una activa gestión de la Cancillería, logró regresar a la Argentina el año pasado.
Sobre su delicado estado de salud, Glomba cuenta que “la situación sigue siendo compleja, cuando lo detuvieron él estaba en un proceso prequirúrgico ya que cuando estuvo en Bolivia, en una cárcel de máxima seguridad, en la altura, tuvo dos veces covid y eso le generó un desmejoramiento general, además de algunas patologías que ya forman parte de su estructura, entre ellas una pericarditis constrictiva que necesita si o si una operación. Ahora estamos esperando la orden del hospital para realizar una biopsia, para avanzar en el prequirúrgico, por eso una de las cuestiones que plantea la defensa es que este juicio de extradición pueda transitar en una situación de excarcelación”.
“Facundo es un luchador, lo conozco desde los 14 años y siempre tuvo esta característica, siempre de buen humor, muy vehemente con sus ideas y sumamente compañero, siempre tirando buena energía. Militábamos en la FEDE (Federación Juvenil Comunista) de San Miguel, yo era su secretaria Política, él militaba en el Frente 16 de Septiembre y de los 14 a 17 fue delegado de la escuela secundaria en el ENET de Muñiz. Fue tres veces presidente del Centro de Estudiantes y militaba en la Coordinadora de Estudiantes Secundarios del partido de General Sarmiento. También se le dio forma a lo que después fue la CORREPI, ahí participábamos activamente y ellos en particular porque eran los más jóvenes. Tiene toda una vida activando, siempre con esta característica, muy solidario, muy cálido”, concluye.
La manifestación del 20 de abril incluirá una conferencia de prensa en la puerta del penal y una vigilia que se extenderá hasta que finalice el juicio.
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