Redacción Canal Abierto | Este 19 de abril comienza el Juicio por la Verdad en relación a la matanza de comunidades Qom y Moqoit ocurrida en 1924, también conocida como Masacre de Napalpí. Será el primer proceso por el cual el Estado argentino deberá responder por su responsabilidad en la comisión de crímenes contra la humanidad contra poblaciones originarias.
En línea con lo requerido por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Chaco, la elevación a juicio fue ordenada por la jueza a cargo del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, Zunilda Niremperger. Según pudo reconstruir la investigación, el trágico episodio ocurrido en una Reducción Estatal -espacio de control social implementado en Chaco y Formosa a espejo de las que ya existían en Estados Unidos- se cobró la vida de cerca de 1500 niños, ancianos, mujeres y hombres.
«Tomamos como precedente en la Justicia federal los Juicios por la Verdad cuando estaban las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad estaba vedado. En este sentido, creímos necesario volcar de manera oral en audiencias publicas todo el material recolectado desde el año 2014 en nuestra investigación, se trata de muchísima información, de excelente calidad y de un estricto rigor histórico», explicó Federico Carniel, fiscal general de Chaco, en una entrevista para el canal del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Asimismo, remarcó la importancia de «solicitar una sentencia de un juez federal», que se fije un «antecedente histórico de reconocimiento y reparación histórica» y se establezca «claramente qué fue lo que pasó, quiénes fueron las victimas y cuál fue la responsabilidad del Estado».
De acuerdo a la Resolución de la jueza Niremperger, la audiencia de apertura será en la Casa de las Culturas de Resistencia el próximo 19 de abril a las 8, fecha en que se conmemora el «Día del Aborigen Americano» por la realización del primer Congreso Indigenista Interamericano en México en 1940, donde los Estados Americanos suscribieron el Documento de Pátzcuaro.
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En esta primera audiencia se darán los alegatos de apertura y se reproducirán registros audiovisuales del historiador qom Juan Chico y de los sobrevivientes Pedro Balquinta y Rosa Grilo.
El 26 de abril, en el mismo lugar, se reproducirán entrevistas a las sobrevivientes Melitona Enrique y Rosa Chara y darán su testimonio Ramona Pinay, David García, Analía Noriega y los investigadores Mariana Giordano, Graciela Bergallo y Neri Tete Romero.
A su vez, el 27 de abril, también en la Casa de las Culturas, se reproducirá el testimonio filmado de Felipa Laleqori y declararan los investigadores Pedro Solans, Teresa Artieda, Laura Rosso, Gabriela Barrios, Alejandro Jasinski, Rubén Guillón y Luciano Sánchez.
Por su parte el 3 de mayo, en la Casa de las Culturas de Machagai, declararán los descendientes de sobrevivientes de la Masacre Matilde y Salustiano Romualdo, Sabino Irigoyen, Cristina Gómez, Lucia Pereira, Cristian Enríquez y Guillermo Ortega y los investigadores indígenas Qom y Moqoit: Raúl Fernández, Raquel Esquivel, Gustavo Gómez, Viviana Notagay, Juan Carlos Martínez y Florencio Ruiz.
Luego se realizaran dos audiencias en el Centro Cultural Haroldo Conti ubicado en el espacio por la Memoria Ex Esma en la ciudad de Buenos Aires, donde declararán el 10 de mayo los investigadores Marcelo Musante, Nicolas Iñigo Carrera, Jorge Ubertalli, Lena Davila, Alejandro Covello, Alejandra Aragón y Eva Nazar Gaulo.
El 11 de mayo, en tanto, presentarán testimonio Silvina Turner, Valeria Mapelman, Carlos Salamanca, Héctor Trinchero, Mariano Nagy, Diana Lenton y Eugenio Zaffaroni.
Finalmente, el 19 de mayo serán los Alegatos de la Fiscalía y las Querellas en la Casa de las Culturas de Resistencia Chaco.
La Secretaría de Derechos Humanos de Chaco, querellante en el juicio, propuso garantizar la transmisión del debate a través de redes sociales como Facebook o YouTube para permitir que todas las comunidades puedan acceder a las audiencias.
El caso y los antecedentes
El 19 de julio de 1924 una formación de 130 policías, gendarmes y paramilitares reprimieron con armas de fuego las protestas de los pueblos Qom y Moqoit que formaban una comunidad en el paraje El Aguará, en los departamentos Quitilipi y 25 de Mayo, en la zona central del Chaco.
La orden fue dada por el gobernador del entonces territorio nacional, Fernando Centeno, para acallar el reclamo de integrantes de pueblos originarios y de criollos que residían en las inmediaciones.
Los habitantes de esas zonas exigían una justa retribución por la cosecha de algodón, como también poder salir a trabajar hacia los ingenios de Salta y Jujuy, donde se ofrecían mejores salarios.
“Acá llegaron a coexistir cuatro reducciones que funcionaron entre 1911 y 1956, donde durante años estuvieron concentrados más de siete mil indígenas de las etnias qom, moqoit, vilela, wichí y pilagá”, detalla a Canal Abierto el sociólogo e integrante de la Red de Investigadorxs en Genocidio y Política Indígena en Argentina, Marcelo Musante.
Los distintos presidentes de la Nación del momento se pronunciaban sobre las reducciones como un sistema ejemplar y exitoso para la “incorporación del indígena a la civilización”. “Pero las condiciones eran otras”, señala el investigador de la UBA, y agrega: “implicaba el trabajo a destajo, con paga en mercadería del almacén del lugar, manejada por el propio Estado nacional, y con deudas que se acumulaban con el administrador de la reducción. Es decir, la deuda como forma de disciplinamiento”.
Los abusos y maltratos permanentes llevaron a una protesta y acción de resistencia que terminaría haciendo las veces de prólogo de la tragedia: un grupo de indígenas se reunió en la zona del Aguará, dentro de la reducción, para reclamar por una quita impuesta al precio de la cosecha del algodón, por las condiciones de salud y alimentación, por la explotación laboral y por un decreto que les prohibía ir a trabajar donde quisieran. En definitiva, reclamaban acabar con la condición semi esclavista a la que eran cometidos.
Mientras los líderes negociaban con las autoridades estatales, las fuerzas policiales organizaban la tragedia que finalmente ocurrió el 19 de julio de 1924. La matanza continuaría durante los días siguientes con la policía persiguiendo a la gente por el monte.
En septiembre de 2020 la Justicia Federal ya había condenado al Estado nacional por la masacre. “Lo valioso de la sentencia, y esto es indiscutible, es que reconoce la Masacre de Napalpí como un crimen genocida y de lesa humanidad”, destacaba entonces Musante. “Y al Estado nacional, como su responsable”.
En 2019, la Justicia Federal de Formosa también había reconocido la responsabilidad del Estado y el carácter genocida de la Masacre de Rincón Bomba, cuando el 10 de octubre de 1947 Gendarmería Nacional atacó a la población Pilagá en Las Lomitas, Formosa. Aquella causa había sido iniciada por la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá en 2005, tanto en el fuero penal como en el civil, algo inédito hasta el momento en materia de crímenes de lesa humanidad. “En aquel caso, la representación de las víctimas estuvo a cargo de la Federación Pilagá, organización de segundo grado que agrupa a todas las comunidades Pilagá de Formosa, y el nivel de legitimidad terminó siendo indiscutible”.