Redacción Canal Abierto | Ayer, la Fiscalía de Delitos Complejos de Rosario citó a 17 directivos de Vicentin y decidió ampliar y profundizar la imputación realizada en octubre pasado a la figura de administración fraudulenta, que incluye delitos que van desde la presentación de balances falsos hasta defraudación y estafa.
La imputación se dio en el marco de una investigación sobre el destino de de 50 mil toneladas de granos que la cerealera Commodities entregó en 2019 a la empresa Renova y que fueron traspasadas a Vicentin sin autorización.
Los delitos de triangulación y maniobras contables —con el objetivo de evasión impositiva y vaciamiento— venían siento denunciados desde que en enero de 2020 estallara el escándalo tras el descubrimiento del préstamo de US$ 350 millones que la gestión del Banco Nación durante el período macrista, a cargo de Javier González Fraga, le dio a la agroexportadora, cifra que representa más del 20% del patrimonio computable de la entidad.
Entre sus principales denunciantes se encuentra el diputado provincial por Santa Fe, Carlos Del Frade, quien en diálogo con Canal Abierto aseguró: “No lo decíamos entonces por lo que iba a pasar en el futuro, sino por los que ya lo habían hecho. Vicentin había producido una serie de delitos que terminaban en la fuga de capitales, en el lavado de dinero, cosas que había anticipado el fiscal (Gerardo) Pollicita en julio de 2020, que fue el primero que imputó en cuestiones penales al directorio de Vicentin”.
Esta vez, en el Centro de Justicia Penal de Rosario, la Unidad de Delitos Económicos a cargo del fiscal Sebastián Narvaja incorporó a las 14 imputaciones precedentes a los ejecutivos de Renova, Sergio Grancberg y Daniel Pájaro, y no pudo hacerlo con Diego Mejuto porque no estuvo presente. Sobre todos los imputados pesa la prohibición de salir del país y una fianza millonaria.
“Lo que es impactante es que para quedar libre toda esta gente de Vicentin tiene que pagar 10 millones de dólares de fianza, y empieza a perfilarse que Vicentin fue efectivamente el fugaducto del macrismo porque esto se tuvo que hacer sí o sí con la complicidad de funcionarios del Banco de la Nación Argentina y del Banco Central de la República Argentina”, agregó Del Frade.
En efecto, destacó que “ya está demostrado” que hay hubo complicidad por parte del gobierno de Mauricio Macri en las maniobras fraudulentas de la empresa en la causa que lleva adelante Pollicita, y recordó que González Fraga también está imputado y fue solicitado el embargo de sus bienes.
Decisión política
Cuando el 8 de junio de 2020 el Gobierno anunció que intervendría y enviaría al Congreso el proyecto para expropiar Vicentin, la iniciativa buscaba proteger de un posible vaciamiento los intereses de la banca pública y de productores, acopiadores, corredores, bancos, organismos, empresas competidoras y de servicios.
Su marcha atrás imposibilitó a los acreedores —un total de 1698— resguardar sus intereses luego que la firma propiedad del holding agroexportador de Avellaneda y la multinacional Viterra (ex Glencore) entrara en un proceso preventivo de crisis. Y a la Argentina tener el control de uno de los principales jugadores en el mercado agroexportador, el cual domina el mayor volumen de divisas que ingresan al país.
El concurso, que se tramita en el Juzgado Civil y Comercial Nº 2 de Reconquista, terminará el 30 de junio de este año y está a cargo del juez Fabián Lorenzini. Para Claudio Lozano, director del Banco Nación e impulsor de la investigación que desnudó la trama secreta de fraudes de la compañía, la nueva imputación “es otra causa más que demuestra la estafa perpetrada por Vicentin” y que “desmiente los esfuerzos del juez Lorenzini para dilatar, ocultar y tratar de que los Vicentin terminen consumando el fraude en una operación conjunta con Glencore y la Asociación de Cooperativas Agropecuarias que los mantenga a ellos como socios minoritarios y que consume un proceso de concentración y extranjerización del sector, absolutamente nefasto para las necesidades de los argentinos, de la provincia de Santa Fe y de los trabajadores de Vicentin”.
En tanto, Del Frade afirmó que la causa penal infunde esperanza de “comprobar los delitos que terminaron con 791 millones de dólares fugados a paraísos fiscales, que eso se pueda traer y pagarles a los 800 productores estafados y a los bancos acreedores, como son los bancos nacionales”.
Finalmente, sostuvo: “Vicentin puede ser una herramienta para satisfacer las necesidades de pobreza en nuestro pueblo. Siempre hay tiempo (para intervenir en la empresa) y es imprescindible recuperar la iniciativa política. Lo que es fundamental es que el Gobierno Nacional se despierte y empiece a pelear por la reactivación, no solamente de Vicentin como empresa nacional exportadora, sino para recuperar el liderazgo del comercio exterior argentino. Si el Gobierno Nacional sigue dormido, en un sueño bastante parecido a la complicidad, vamos a un desastre más”.