Canal Abierto Radio | El represor Miguel Osvaldo Etchecolatz fue procesado junto a diez civiles, policías y militares retirados por perseguir, secuestrar, torturar y abusar de personas travestis y trans durante la última dictadura cívico, militar, eclesiástica y empresarial. Es la primera vez que el ataque sistemático contra el colectivo travesti y trans es tenido en cuenta dentro del accionar del terrorismo de Estado.
Esta causa colectiva llevada a cabo por la Unidad Fiscal Especializada en delitos de Lesa Humanidad de La Plata, se centra en las violaciones a los derechos humanos de la comunidad travesti y trans sucedidos particularmente en el Pozo de Banfield. Ernesto Kreplak, es el juez federal que procesó a los imputados e investiga estos delitos también en el Pozo de Quilmes y El Infierno, centros clandestinos que funcionaron en el sur y sureste del conurbano bonaerense.
“Buena parte de la población trans y travesti de esos años que, lamentablemente por la discriminación estructural y la pobreza a la que eran arrojadas producto de las violencias cotidianas no sólo estatales sino sociales, estaban en situación de prostitución en esa zona del Camino de Cintura y quedaba cerca del pozo de Banfield donde eran secuestradas y llevadas”, relató la auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal especializada en delitos de Lesa Humanidad de La Plata, Ana Oberlin, en comunicación con Canal Abierto Radio.
Si bien, hubo un precedente en este tema en el juicio llevado a cabo por los delitos cometidos contra Valeria Del Mar Ramírez también en el Pozo de Banfield, la abogada señaló que “fue abordado como un caso particular y sabíamos que había más casos”. “Luego de una investigación en la que contamos con la ayuda de muchas mujeres trans que nos fueron contando sus propias experiencias, de otras compañeras que sirvieron para ir reconstruyendo lo que pasaba y junto a algunos datos que nos brindaron desde el Archivo de Memoria Trans, logramos un grupo importante de testigos. Ahora declararon siete y con todo eso logramos, que es lo inédito de esta resolución, que se trate como algo sistemático y generalizado, lo que es importante”, manifestó.
“Lo que decimos desde el Ministerio Público Fiscal es que si bien el colectivo travesti sufrió violencias (algo obvio de decir) estatal anterior y posterior al Terrorismo de Estado, en ese período se intensificó”, sostuvo Oberlin. E historizó: “El Pozo de Banfield fue un centro clandestino de detención, tortura y exterminio muy conocido en la zona. Allí, fueron sometidas a los mismos dispositivos represivos que todas las personas que pasaron por la maquinaria del terrorismo de Estado: estuvieron en situación de desaparición forzada, sufrieron torturas, todas fueron violadas y, además, en muchos casos fueron sometidas a ser servidumbre forzada”.
En este sentido, la abogada remarcó que “el Terrorismo de Estado se edificó sobre un modelo de país cuya hegemonía quiso garantizar más allá de lo económico, cultural y eclesiástico, un modelo sexo genérico que implicaba el modelo de familia moral y cristiana constituida por varones y mujeres cis donde la heterosexualidad era obligatoria. Esto significó el castigo y el particular ensañamiento a las mujeres cis militantes y, en particular, con gays, lesbianas y personas trans”.
Cabe destacar, que ese “era un modelo de país ya instalado” en un contexto donde, entre otras cosas, comenzaron a surgir los primeros grupos en defensa de los derechos de la comunidad gay y lesbiana, cosa que no sucedía aún para las personas travestis y trans que, según Oberlin, “han sufrido una discriminación, sobre la discriminación”.
Es por ello, que también es complejo que se sumen a declarar ya que “tienen desconfianza –y con razón– hacia la Justicia porque fue parte del aparato que las victimizó hasta hace muy poco y, a través de distintos mecanismos, persiguió y encarceló durante todos estos años”. Sin embargo, destacó que son importantes esos testimonios y su incorporación en la causa para “que sean analizados como víctimas del Terrorismo de Estado como se debe”.
En cuanto al estado de la causa judicial, informó: “Ahora apelaron las defensas de los imputados, la Cámara de Apelaciones de La Plata va a resolver y, en caso de que se confirme el procesamiento, la idea es que se una al juicio oral que está en curso por esos tres centros clandestinos de detención para poder hacerlo lo más rápido posible. Son más de 300 casos que incluimos en la instrucción y es importante que los tiempos se aceleren porque muchos de los imputados murieron en estos años, si la mayoría están muertos cuando llegue la etapa del juicio va a ser simbólico”, concluyó.