Redacción Canal Abierto | En el cuarto día del paro nacional del movimiento indígena en el Ecuador el país está prácticamente paralizado. Los cortes de ruta impiden la circulación de mercaderías y el transporte de pasajeros y en las grandes ciudades comienza a haber desabastecimiento.
“Ya vamos por el cuarto día de movilización que ha empezado el día lunes en horas de la madrugada. La decisión se ha tomado con toda la estructura del movimiento indígena en vista de que la situación económica del país. Es una situación asfixiante por el alto costo de la vida, la subida descontrolada de los precios de los productos de primera necesidad y también la elevación de los precios de combustible en los últimos dos años, entre otros factores que prácticamente han hecho que la situación social económica sea sumamente compleja”, sostiene Andrés Tapia, dirigente indígena kichwa de la comunidad Unión Base de la provincia de Pastaza, en la región amazónica central, en diálogo con Canal Abierto.
Transcurridas las primeras 24 horas del Paro Nacional lanzado por la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) de “carácter nacional, territorial e indefinido”, cerca de la medianoche del 13 de junio fue detenido Leónidas Iza Salazar, presidente de la organización indígena. La detención arbitraria e ilegal, según los voceros de la confederación, fue llevada a cabo por la Policía y ordenada por el gobierno de Guillermo Lasso. El argumento es que Iza era “autor mediato de la paralización de un servicio público”, en relación a los cortes de ruta diseminados por todo el país.
“El gobierno de Lasso se ha dado un tiro en el pie con la detención de Leónidas. El hecho activó muchísima alerta no solo en el país, sino en toda Latinoamérica y el mundo. Producto de la presión social que se generó al momento de su detención pudo ser liberado luego de 24 horas. Eso generó una sensación de mucho alivio en los manifestantes pero, por supuesto, los puntos planteados por la CONAIE al gobierno nacional, continúan sobre la mesa. Si bien el Gobierno ha señalado que tiene una apertura al diálogo, hemos indicado que necesitamos respuestas concretas a los 10 pedidos como única vía de solución de frente a la manifestación”.
Iza fue liberado por la jueza penal de Latacunga (provincia de Cotopaxi), Paola Bedón pero fue procesado por el delito de paralización de un servicio público, infracción sancionada con hasta tres años de prisión. La magistrada dispuso que el 4 de julio próximo se tome una decisión al respecto.
Prácticamente catorce de las veinticuatro provincias están paralizadas. “En el caso de la Amazonía, que es donde nosotros nos encontramos, de las seis provincias, cinco están paralizadas, prácticamente el 80%. Aquí, la provincia de Pastaza, es la región con más bloqueos y medidas de hecho, prácticamente todos los frentes están paralizado y la misma situación se presenta en Sierra centro y en otros lugares del país”, el dirigente de la Confeniae (Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana).
Entre los 10 puntos de las demandas de la CONAIE se destaca el freno a la expansión de la frontera minero/petrolera. “Nosotros reclamamos que se deroguen los decretos 95 y 151 que lo que buscan es ampliar la frontera extractiva y duplicar la explotación petrolera y minera en los territorios indígenas. Exigimos que se deroguen esos decretos y que se garantice la interrupción del avance extractivista. Ese es un tema principal en el caso de la Amazonía”. El pliego de demandas exige la auditoría y reparación integral de los impactos socioambientales y la realización de la consulta libre, previa e informada antes de cualquier emprendimiento extractivo según establecen la constitución y el convenio 169 de la OIT.
¿Cuál es la actitud del gobierno y las fuerzas de seguridad del Estado frente a la movilización?
-El gobierno inicialmente adoptó una estrategia de desgaste; pensaban que la manifestación iba a bajar conforme pasaran los días. Pero se evidencia lo contrario, sobre todo luego de la detención y liberación de Leónidas Iza. En el caso de la Amazonía central, no ha habido todavía enfrentamientos con la fuerza pública, pero en otras partes sobre todo en la Sierra centro y también en la capital ha habido mucha represión. En la Amazonía Norte, donde están las instalaciones de pozos petroleros que han sido tomados por los manifestantes, allí ha habido una fuerte represión. Digamos que ha habido una estrategia mixta con zonas con más fuerte represión, pero entendemos que está la amenaza de que se intensifique.
¿Qué salida política creés que puede tener esta situación?
-Hay que destacar que en todo momento hemos puesto nuestras propuestas, porque siempre se dice que no hay propuestas del movimiento indígena. Las propuestas están sobre la mesa, son 10 puntos y lo que se necesita es que el gobierno nacional no sólo de anuncios de apertura al diálogo, sino que efectivamente concrete esas propuestas en respuestas específicas una por una. Por ejemplo, en el caso del tema extractivo, el planteamiento es muy concreto: la derogatoria. Si el gobierno tiene realmente una voluntad de diálogo debe derogar los decretos como una muestra clara de que efectivamente se quiere avanzar en ese sentido y que su llamado al diálogo no es sólo una estrategia para desmovilizar a los manifestantes.
La estrategia del Gobierno también es judicializar, hay una política de judicialización, no sólo de Leónidas; por tanto también sostenemos que se pare con esas medidas para todos los manifestantes.