Redacción Canal Abierto | Con aún unas 22 millones de toneladas de granos de soja acopiadas en los campos de la campaña 2021/2022, lo que los grandes productores agropecuarios retienen en silobolsas al día de hoy está valuado en unos US$ 18.000 millones.
El motivo por el que se resisten a venderlas es especulativo: una devaluación del peso les permitiría obtener mucho más dinero por la misma mercadería. Y su lugar para forzar esa devaluación, en un contexto de restricción de divisas, es privilegiado, ya que casi un 70% de las exportaciones provienen del sector rural.
El nuevo mecanismo anunciado el martes por el Gobierno, llamado “dólar soja”—que estará disponible hasta el 31 de agosto— pretende oficiar de incentivo para que los productores agropecuarios aceleren la venta de la cosecha de esa oleaginosa y liquiden las divisas antes de fin de mes. Éste les permite depositar el 70% de los pesos que reciban por los dólares que liquiden en una cuenta a un interés actualizable por la evolución del tipo de cambio oficial. Con el 30% restante, podrán comprar dólares al valor del dólar ahorro ($226) para atesoramiento o reventa.
“Frente a esas presiones, en lugar de poner un poco de autoridad, asistimos a una nueva concesión para los grandes productores y exportadores de granos”, asegura Claudio Lozano, director del Banco Nación y presidente de Unidad Popular en el Frente de Todos.
De acuerdo al economista, el sector productor tiene “mayor capacidad financiera para mantener un stock debido a los mejores precios internacionales” (un 30% superiores a los del año pasado), pero no tiene “elementos que permitan hablar de retraso cambiario ni que justifiquen ejercer maniobras de retención para presionar una devaluación”.
“Incluso en caso que lo hubiera, los productores disponen ya de opciones de inversión que les permiten evitar toda pérdida. En el caso de los chicos, tienen la posibilidad de utilizar el plazo fijo chacarero. Los grandes tienen la opción de las letras del Tesoro, el dólar link, que tienen el mismo objetivo: estar cubiertos ante una eventual modificación del tipo de cambio, un seguro de cambio —explica Lozano en diálogo con Canal Abierto—. Para este segundo semestre se espera una producción de US$ 28.000 millones. Por lo tanto, ¿por qué una concesión de un dólar especial a quienes tienen precios internacionales inmejorables, un tipo de cambio razonable y opciones de inversión que los cubren de eventuales devaluaciones al igual que un seguro de cambio?”.
Golpe tras golpe
En efecto, de acuerdo con cifras del INDEC el sector oleginoso y el cerealero crecieron 52,8% y 10,5% en 2021 respecto de 2020, respectivamente. La estimación para 2022 es que se superará el récord del año pasado (luego de haber cerrado un primer semestre con más de US$ 19.000 millones) en un momento donde la guerra en Ucrania elevó el precio de la soja y el trigo, que en febrero tocaron su techo.
En este contexto, ¿cuáles son las razones para retener el ingreso de dólares que mejorarían el panorama financiero del Gobierno? “El objetivo general es forzar una devaluación y eso va más allá de la cuestión sectorial. Se trata de ordenar el proceso de ajuste en línea con una Argentina que está atenazada por necesidades de pago de deuda, y que cuanto más puedan reducirse los costos laborales, achicar el mercado interno y aumentar los saldos exportables, más capacidad de pago termina teniendo. Cuanto más desigual sea la distribución, mayores son los márgenes que estos sectores terminan imponiendo como condición de funcionamiento”, detalla Lozano.
Y agrega: “Golpe de mercado tras golpe de mercado, han ido materializando condiciones cada vez peores de distribución funcional del ingreso. Es el conjunto del bloque del poder económico el que lleva adelante esto a través de remarcación de precios, especulación en el dólar MEP, en el contado con liqui, en todas las alternativas de fuga que no pueden ser limitadas”.
¿Qué hacer?
Por su parte, la fragilidad del Gobierno ante una presión de este tipo se profundiza en un momento donde las reservas escasean. Pero para Lozano, sus opciones ante esta presión deberían ser de un corte diametralmente opuesto al de brindarles nuevas herramientas de especulación financiera.
“No había razón ninguna para ceder. En todo caso había razones para sancionar, castigar ejemplarmente y atender otro tipo de demandas que sí tiene la sociedad y que es la discusión del 1% del PBI para un ingreso básico universal que resuelva el problema del hambre en Argentina”, afirma.
“Esto no sólo es un dólar diferencial que va a tener un impacto en el precio de los alimentos, sino que además es absolutamente injusto al interior de los propios productores agropecuarios, porque aquellos que liquidaron porque no tienen espalda financiera para especular y liquidar en el momento que les convenga, los más pequeños, se tienen que sentir bastante tontos. (A los productores grandes) Les permiten comprar el dólar ahorro a 220 y lo pueden vender en el dólar Blue a 330, esta es la ventaja que acaban de otorgarles”, resume.
Y agrega: “Ellos tienen un plazo de liquidación, el Gobierno debería activar un conjunto de penalidades para quienes no lo hagan. Se necesita declarar la emergencia cambiaria, declarar al dólar como bien de utilidad pública y sancionar con mucha fuerza a todos aquellos que especulen con un bien escaso y estratégico para el funcionamiento de la economía argentina. Las exportaciones que se venden en dólares son resultado del proceso general que hizo posible la economía argentina, de las cuales ellos forman parte. Un gobierno popular se debilita cuando no logra establecer como prioridad las mejoras en las condiciones de vida de la población. Un gobierno popular nunca se fortalece cediendo ante los poderosos. Las presiones van a continuar porque, en tanto presionan, obtienen resultados. Hay que replantear la dirección política del gobierno nacional”.