Redacción Canal Abierto | El 1º de agosto de 2017 un operativo de la Gendarmería Nacional integrado por 120 gendarmes ingresó sin orden judicial al territorio de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en Chubut. A consecuencia de los hechos que se desencadenaron y la violenta represión, se produjo la desaparición forzada de Santiago Maldonado. 78 días después, su cuerpo apareció flotando en las aguas del río Chubut, en el mismo lugar que cinco rastrillajes llevados adelante por centenares de agentes de distintas fuerzas ya habían peinado.
A pocas horas de cumplirse los 5 años de este fatídico día, es mucho lo que se sabe y es mucho lo que se oculta. Como sociedad necesitamos una respuesta del Estado sobre qué le pasó a Santiago y que se castigue a los responsables materiales e intelectuales de su desaparición seguida de muerte.
Para conocer los avances en la causa y realizar un recorrido rápido de estos cinco años entrevistamos a Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado.
Nos gustaría hacer una narración breve de estos cinco años de lucha por la verdad en el caso de Santiago, ¿podrías hacernos un breve recorrido de hitos de la causa, arrancando en ese 2017?
-En enero de 2017, comenzó la represión por parte de Gendarmería ordenada por el juez federal de Esquel (Guido) Otranto y por la fiscal subrogante (Silvina) Ávila, con todo el Ministerio de Seguridad desplegando su militarización en esa zona contra la comunidad mapuche de la Pu Lof de Cushamen*.
[mks_toggle title=»Cushamen, el territorio del conflicto» state=»open»]*La Pu Lof se instaló en 2015, realizando una recuperación de tierras ancestrales, en la estancia Leleque perteneciente al grupo Benetton. A través de la Compañía de Tierras Sud Argentina S.A., Luciano Benetton es dueño de alrededor de 1 millón de hectáreas en nuestro país. 300 mil corresponden a la provincia de Chubut, y son 180 mil las de esta estancia obtenida burlando legislaciones que prohíben la venta de tierras fronterizas, consideradas estratégicas, a extranjeros.[/mks_toggle]
Toda esta violencia se desencadenó el 1º de agosto del año 2017 en ese mismo lugar donde el personal de Gendarmería tenía órdenes de (Pablo) Nocetti. Esto está corroborado por la propia investigación que hizo el Ministerio de Seguridad, en 2020, y por eso éste denunció penalmente a Nocetti como jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, las órdenes que tenía Gendarmería de reprimir, de ingresar a ese lugar sin orden judicial, amparándose en flagrancia, disparando balas de goma pero también balas de plomo, hecho también corroborado por los propios dichos de Gendarmería que están consignados en la causa penal.
Ese día, Gendarmería ingresa con la excusa de despejar la ruta 40 que estaba totalmente despejada, alegando que ocho personas, como máximo diez, que portaban piedras estaban impidiendo el tránsito de la Ruta 40. Esto habilita a que 120 gendarmes ingresen violentamente a la Pu lof sin orden judicial. Ese mismo día, la comunidad mapuche denuncia que había desaparecido un compañero, “el Brujo” le decían.
El 1º de agosto, el defensor oficial de Esquel, el doctor (Fernando) Machado, dejó constancia que decían que había desaparecido en esa represión y que no lo encontraban al “Brujo”. Al día siguiente, ya era Santiago Maldonado.
Esa búsqueda, esa supuesta búsqueda por parte del Estado; todos, la familia, los amigos, todo el pueblo argentino estuvo buscando a Santiago excepto el Estado, excepto el Poder Judicial, excepto el Ministerio Público Fiscal.
La hipótesis del juez Lleral, con la que cierra el caso en 2018, es que Santiago se ahogó en el lugar. Sin embargo, hubo cinco rastrillajes hasta encontrar el cuerpo de Santiago, con centenas de agentes de distintas fuerzas, buzos, especialistas, perros. ¿Qué pasó en esas búsquedas?
-Justamente, no hay explicación. Todavía no hay explicación de por qué, si el cuerpo de Santiago efectivamente estuvo todo ese tiempo en ese lugar, no hay explicación de por qué no lo encontraron. Es lo que nosotros dudamos.
Estamos hablando de un río que tiene un ancho máximo de 30 metros en esa zona, con una profundidad en ese momento de un metro 20 o un metro cincuenta. En el lugar donde se encontró el cuerpo el 17 de octubre, al 1 de agosto había 30 centímetros de agua. O sea, los hechos no corroboran, no dan crédito a que efectivamente el cuerpo haya estado en ese lugar. Es el propio Estado el que dijo que no estaba. No es que nosotros, Sergio, la familia, los que antojadizamente decimos que el cuerpo ahí no estaba. Es el propio Estado que hizo rastrillajes en innumerables ocasiones.
El primer rastrillaje se hizo el 5 de agosto en ese mismo lugar y no se encontró nada. Uno ve las filmaciones de ese día y ve a los buzos que van arrastrándose porque no hay agua directamente, ni siquiera para meter la cabeza dentro del agua. Todo esto va pasando hasta que el 17 de octubre, justamente el 17 de octubre aparece el cuerpo de Santiago haciendo desaparecer los 78 días en que estuvo desaparecido.
Quieren decir que el primero de agosto desaparece y muere Santiago porque aparece 78 días después en ese mismo lugar sin explicar qué pasó durante todo este tiempo que el Estado pasaba por ahí y no lo encontró a Santiago.
Pese a todo esto, el juez Gustavo Lleral, que es el segundo juez que toma la causa luego de ser desplazado Otranto, cierra la causa en 2018 y la resuelve, ¿qué resolución le da la Causa y con qué justificación?
-La justificación de Lleral es la autopsia, estos 55 peritos que nunca fueron tales, pero instalaron mediáticamente esa versión. Una vez que encuentran el cuerpo hacen desaparecer el delito. Nosotros sostenemos que es la sofisticación de la desaparición forzada la aparición de los cuerpos sin vida, en el mismo lugar o en un lugar irrazonable, sin poder explicar por qué no se lo encontró antes.
Todo este relato se construye deliberadamente, promovido por la propia autoridad política del Estado argentino, por eso señalamos la gravedad del caso. En todo este caso, los medios de comunicación, de desinformación, jugaron un papel primordial, como juegan en toda esta democracia que sin medios de comunicación, sin redes sociales, no se entiende. Tampoco la desaparición de Santiago y su muerte de Santiago.
El juez sale, después que encuentra el cuerpo, y dice: acá no pasó nada, no hay signos de que haya sufrido violencia, el cuerpo no tiene signos de violencia. Se ahogó y punto.
De eso, que fue en octubre del año 2017 hasta noviembre del año 2018, el juez Lleral lo único que hizo fue acomodar los papelitos para dictar la sentencia que ya tenía decidida desde antes. Esto que afirmo, que los jueces tienen dictadas las sentencias antes de que sucedan, lo está diciendo la propia vicepresidenta de la Argentina. Si la persona que mayor poder político tiene hoy en Argentina, que es la vicepresidenta de la Nación y la presidenta de uno de los tres poderes del Estado, dice que no tenemos justicia y que para ella ya hay una sentencia, no solamente hecha sino firmada, ¿qué nos queda para el resto?
Nosotros afirmamos que hoy no solamente no tenemos justicia, sino que no tenemos decisión política para tener justicia.
En los mismos estudios de los peritos, que utilizó Lleral para cerrar la causa, ustedes encuentran que hay un montón de elementos para mantener la causa abierta y para generar preguntas. ¿Podés contarnos algunos de estos puntos?
–Hay un montón de preguntas que surgieron de este informe hecho por los peritos. En las causas judiciales los peritos dicen algo sobre una materia determinada que el juez no conoce. Entonces se llaman a personas especializadas en esa materia que el juez no sabe, pero la sentencia que dicta el juez no es igual a lo que dice el perito porque si no, para qué necesitamos jueces que venga una interpretación que diga lo que pasó y listo y se resolvió en la causa. No es así, los peritos traen un dato o una información que debe ser analizada con todo el contexto que tiene una causa judicial, porque si fuera tan simple diríamos, no necesitamos causa judicial.
¿Qué datos resaltan ustedes?
-Nosotros resaltamos, al igual que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia y la Cámara de Casación Penal de Comodoro Py, que hay que contestar la pregunta de la data de muerte de Santiago; es una pregunta que no está contestada. Entonces, si no sabemos cuándo murió tampoco sabemos cómo murió.
Una de las cuestiones fundamentales para determinar que una persona ha muerto por ahogamiento –que es una de las causas más complicadas de determinar de manera forense porque no hay un dato preciso que diga si el cuerpo presenta esto implica que hubo ahogamiento, son un conjunto de datos que se van acumulando–, es que la médula ósea tenga diatomeas porque significa que el agua ingresó hasta la médula ósea producto del ahogamiento. Este es un dato sin el que no se puede afirmar que hubo ahogamiento. La autopsia afirma que no se encontraron diatomeas en la médula ósea.
Otra cosa que dice la autopsia es que hay otro ADN masculino encontrado en el bastón de Santiago y no se peritó. La propia autopsia dice que el cuerpo presentaba signos de crío conservación natural y artificial porque el cuerpo de Santiago era un cuerpo que, a simple vista, era imposible que haya estado 78 días en el agua, ni diez días sumergido en el agua.
Es congruente con lo que dice la palinóloga –experta en polen y esporas–. Ella dice que el polen que tenía el pullover y el pantalón no puede haber estado más de 20 días en el agua.
Entonces, todas estas contradicciones de la propia autopsia, son preguntas que tienen que ser contestadas y que además deben ser valoradas con el contexto y el contexto no puede desechar la declaración de las personas que estaban ahí y que dijeron por ejemplo que Santiago ingresó casi 80 metros río abajo de donde se encontró el cuerpo.
Entre otras declaraciones de ese día, por ejemplo están los testimonios que dicen que se escuchó decir a los gendarmes ‘tenemos a uno’ y que luego lo suben en una camioneta. Recientemente están las declaraciones de una mujer, personal de la Gendarmería que dice haber escuchado a gendarmes también hablar de que tenían al ‘hippie’ y que se les había ido la mano. De esas cuestiones ¿qué podés aportarnos?
-Son todas cuestiones que están en el expediente. Todas estas declaraciones que se dijeron durante los primeros días y nos iban contando a nosotros, a Sergio, se declararon en el expediente en el 2017.
Ahora, en abril del 2022, una persona también declaró ante el fiscal y esta declaración, incorporada en la causa judicial, corrobora estos dichos: que los gendarmes habían dicho que habían detenido a uno. La testigo relata lo que ella escuchó en el escuadrón de Gendarmería de Esquel desde el primero de agosto y los días siguientes, que había un procedimiento, que había salido todo bien, que habían detenido a uno, que habían detenido a un hippie y que lo tenían en el puesto de Gendarmería en lo de Benetton. Que estaban tratando de que les dijera quiénes eran los nombres de las otras personas que estaban con él. Ese, era el objetivo del Ministerio de Seguridad, el objetivo de Patricia Bullrich, de Pablo Nocetti y de Otranto: determinar quiénes, los nombres de las personas que cortaban la Ruta 40.
Todos estos estos dichos de ella acreditan también que no se investigó, ni siquiera fueron a preguntarle a la gente que estaba ahí si escucharon algo. No le creyeron a la gente que estaba en la comunidad mapuche pero tampoco fueron a Gendarmería a preguntar: ¿ustedes vieron algo? ¿vino alguien acá?
Esta persona está diciendo en el 2022 todo lo que no se hizo. Por eso cuando se pregunta ¿qué falta investigar? Falta empezar a investigar.
Esta misma persona también dice que hubo ocultamiento de pruebas.
-Claro, ella relata lo que escucha pero también relata lo que vivió. Ella dice que (Juan Pablo) Escola, que era el comandante a cargo del operativo, unos días antes de que se produjera el allanamiento –que no fue tal, pero bueno–, que viniera la policía y el juez a revisar el escuadrón de Gendarmería, le entregó una caja diciéndole: guárdame esto porque va a haber un allanamiento. Esa caja ella la lleva a su casa y habla con su padre, que también tenía relación con la Gendarmería. El padre le dice deshacete de esa caja, ni mires lo que hay adentro, pero deshacete de esa caja.
Cuando la lleva al escuadrón, una compañera revisa la caja y dice que había un arma, trapos viejos y celulares. El celular de Santiago, ese que nunca encontramos, al que Ariel Garci dice que llamó a Santiago y fue atendido por unos segundos y se cortó, podría haber estado en la caja de Escola.
Por eso, cuando nos preguntan qué hipótesis tienen ustedes… y nosotros tenemos todas las hipótesis comenzando con que Santiago fue detenido, como dice la comunidad mapuche, que no cruzó el río, que ingresó pero después volvió. Que lo detuvieron porque también los gendarmes dijeron en su declaración que habían escuchado que decían “tenemos a uno”, pero después se desdicen, que en realidad estaba cruzando. O sea, todos los testimonios son congruentes excepto para Lleral y para Bullrich.
Esta persona, una ministra de la Nación que ordena el operativo y todo este tiempo ha estado negando los hechos y que ahora incluso se postula como posible candidata a presidenta… ¿qué lectura hacés de esto?
-Que es coherente, es coherente a la impunidad que se mantiene. Es coherente con un hecho de la violencia que es una desaparición forzada. Es coherente con una democracia digitalizada, donde la mentira se instala permanentemente. Entonces, ella puede afirmar que acá no pasó nada, como lo viene diciendo desde el primer momento.
El 16 de agosto de 2017 se sentó en el Senado a dar explicaciones y dijo: “acá, no sabemos si existe Santiago Maldonado. Me acaban de decir que pasaron por ahí, que hicieron un rastrillaje y no encontraron a nadie”. Eso lo decía Bullrich el 16 de agosto.
Ella es la imagen de que la impunidad se cierra en el más alto nivel. Cuando ella dice ‘no voy a tirar a ningún gendarme por la ventana’, esa violencia no queda en el ámbito de las fuerzas de seguridad, de algún loquito al que se le fue la mano. No, acá, directamente la ministra de Seguridad cerró la impunidad directamente con ella. Entonces, sostiene y va a seguir sosteniendo esto y mientras la Corte Suprema de Justicia de la Nación no diga algo, no se expida, le está dando la razón a ella de que no pasó nada. Y tampoco vemos voluntad política para que esto se modifique.
¿En qué instancia está ahora la causa? Lleral la cerró en 2018, la Cámara de Apelaciones la volvió a abrir. ¿Que está pasando en este momento, que están esperando ustedes como querella?
–La Corte Suprema hace más de dos años tiene que resolver la amplitud de la investigación, o sea, qué se va a investigar y quién va a investigar. Sin embargo, más allá de lo que resuelva, se podría estar investigando, se podría estar haciendo algo con todos estos datos. Hoy en la causa judicial tenés la denuncia penal a Noceti, al ex director nacional de la fuerza Gerardo Otero y su segundo, Ernesto Robino. Tenés imputado a Escola y a dos gendarmes más por parte del fiscal. Tenés al gendarme Echazú (N. de R.: se había presentado espontáneamente para ser investigado y de esta manera tuvo acceso a la causa y a la autopsia). Tenés a la testigo que dice que había escuchado que se les había ido la mano. Hay otro gendarme que dice que disparó. Tenés como mínimo 10 personas que hoy podrían estar siendo indagadas, investigadas y no pasa absolutamente nada.
¿Por qué no pasa nada? Porque Lleral dice, hasta que la Corte Suprema no me diga que yo continúe haciendo, yo no hago nada. Y la Corte Suprema no hace nada.
Para presionar y para intervenir en esto ustedes están trabajando con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). ¿En qué instancias están con esa presentación?
-El 4 de agosto, tenemos que hacer la presentación de lo que se llaman las observaciones de fondo, o sea las conclusiones. Nosotros entendemos que, básicamente, es la denegación de justicia. Si hay algo que está clarísimo es que no tenemos justicia. La Corte Suprema hace dos años que tiene paralizada la causa, efectivamente, como mínimo no tenemos justicia.
Tenemos muchas expectativas de lo que va a decir la CIDH. Luego de esta presentación lo que queda es que la Comisión se expida ordenándole al estado de Argentina comenzar una investigación por la desaparición y la muerte de Santiago.
Saliendo de la causa, en sí, ¿qué te pasa vos con esto, humanamente? Me imagino que esta causa partió tu vida.
-Estas causas implican muchísimo compromiso personal, de tiempo, profesional. Van quedando claras las posturas que uno tiene; imagínese, yo vivo de ser abogada, así que imagínense cómo me va en otras causas si me la paso diciendo que no hay justicia, que los jueces son un desastre, que los fiscales no investigan… Más o menos así me estaría yendo.
Lo cierto es que es una causa con la que yo crecí muchísimo desde todos los aspectos. Es un compromiso personal y social. Nora Cortiñas cada vez que hablo con ella, una vez por semana como mínimo, me pregunta cómo está la causa de Santiago. Es una causa que me es imposible pensarme sin hacer todos los días algo en relación a ella.
Como vos decías, el pueblo necesita saber qué pasó con la desaparición de Santiago, que no fue la primera desaparición en democracia ni tampoco fue la última. Y tampoco va a ser la última porque la impunidad garantiza, como mínimo, que va a volver a pasar. ¿Porque por qué no va a volver a pasar?
Sería al revés la pregunta: no es, ¿por qué va a pasar, sino por qué no va a volver a pasar? Si tenés todas las estructuras de las fuerzas de seguridad, de todas las fuerzas políticas y jurídicas para que exista otra desaparición forzada. Entonces, es trabajar por eso, sabiendo que hay que prepararse desde todos los aspectos, hasta físicamente, prepararse para lo que va a venir.