Redacción Canal Abierto | Cobertura en desarrollo | Antes de las 8 de la mañana, un convoy de fuerzas federales integrado por agentes de la Policía Federal, la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional arribó a la zona en conflicto en Villa Mascardi donde se encuentra la recuperación territorial de la lof Lafken Winkul Mapu desde 2017.
El contingente, con más de 25 vehículos y 200 efectivos, está bajo las órdenes de la jueza federal Silvina Domínguez que, según trascendidos, emitió una orden de desalojo del predio conocido como “La Cristalina”, recientemente ocupado. La ruta 40 permanece cortada.
A poco de arribar, unos 100 policías federales ingresaron a la comunidad y fueron repelidos con piedrazos. La fuerza represiva utilizó gases lacrimógenos y balas de goma para doblegar la defensa comunitaria.
Seis mujeres fueron detenidas, algunas con sus hijos, y fueron llevadas a la ruta donde permanecen rodeadas de efectivos esperando el traslado al juzgado de Bariloche. “Fuimos desalojadas del territorio por la fuerza con los niños, con una bebé de un mes, un bebé de cuatro meses y una mujer embarazada. Fuimos gaseadas en nuestras casas, sacadas a la fuerza y ahora estamos detenidas, esperando el traslado a Bariloche. Hay niños perdidos en la montaña”, cuenta desde el lugar la machi (autoridad espiritual y sanadora) Betiana Coluan Nahuel, integrante de la lof.
Aníbal se puso la gorra: El Comando Unificado
El Comando Unificado de Seguridad Zona Villa Mascardi fue creado ayer, 3 de octubre, por resolución 637/2022 del Ministerio de Seguridad a cargo de Aníbal Fernández. Entre los fundamentos se señala que:
“el pasado 26 de septiembre de 2022 se originaron nuevos hechos de violencia en la localidad de Villa Mascardi, (…) que consistieron en el incendio de un puesto móvil de vigilancia de la Gendarmería Nacional Argentina implementado, precisamente, para realizar tareas de prevención y contención de anteriores episodios violentos que tuvieran lugar en esa misma zona.
Que, a raíz del episodio en cuestión, tomó intervención el Juzgado Federal de Bariloche y la Fiscalía Federal de Bariloche, indicando que los episodios en cuestión habrían sido protagonizados por miembros de la comunidad autodenominada “Lof Lafken Winkul Mapu”, y que, asimismo, los atacantes habrían empleado distintos tipos de armas, entre ellas armas de fuego”.
Es decir que el gobierno nacional decide enviar una fuerza represiva que coordina elementos nacionales y provinciales basado en que un hecho violento “habría sido protagonizado” por miembros de la comunidad.
Es evidente que hay un conflicto entre los vecinos de Villa Mascardi y la lof. Es urgente, desde hace tiempo, encontrarle una solución dialogada y hubo avances en ese sentido con la gestión de Sabina Frederic y Gabriel Fuks que promovieron junto a organizaciones del pueblo mapuche una Mesa Alternativa de Resolución de Conflictos con los Pueblos Originarios convocada para avanzar en el diálogo entre las partes como mecanismo para evitar el conflicto y la violencia en Villa Mascardi. En la misma participaban Seguridad, el INAI, Parques Nacionales, el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI), el Parlamento Mapuche, antropólogos e investigadores académicos de la Universidad Nacional de Río Negro y representación del estado provincial.
Con el fin de la gestión Frederic se acabaron los avances y la situación se estancó… no así el conflicto que continuó escalando. El aporte del actual ministro fueron una tanqueta, un camión hidrante y 200 efectivos.
“Parece resistencia, pero es la dignidad de un Pueblo que se niega a desaparecer”
El Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, a través de su werken Orlando Carriqueo se manifestó inmediatamente al comenzar la represión. Días atrás, cuando se anunció la visita de Patricia Bullrich a la zona y la realización de una caravana hacia Villa Mascardi, las representaciones comunitarias habían dirigido una carta al Presidente Alberto Fernández para que arbitrara los medios para que no escale la violencia en la región y se establezca un proceso de diálogo: un vehículo blindado artillado, un camión hidrante y 200 efectivos fueron la respuesta del gobierno nacional.
“No se pueden solucionar los conflictos de tierras con comunidades a los tiros, eso pone en tensión la paz social en Bariloche. Necesitamos instar al gobierno nacional a asumir la deuda que tiene con el Pueblo Mapuche Tehuelche después del Genocidio hace 140 años”, expresó Carriqueo en una carta dirigida a Adolfo Pérez Esquivel.
“Los caminos del diálogo son más largos que el camino de la violencia y esto puede resultar muy gravoso para la sociedad. Asumir las armas contra un Pueblo que lucha por vivir dignamente, como es nuestro derecho en estas tierras, es una infamia que solo puede tener graves pérdidas.
Lamentamos el camino tomado por el gobierno y lo hacemos responsable de instalar la violencia como lo hizo hace 140 años”, concluye la misiva.