Redacción Canal Abierto | “Desde el minuto cero de nuestra detención hemos sido amenazadas de muerte. Nos han humillado, violentado física, emocional, psicológica y culturalmente. Fuimos despojadas de nuestra vestimenta mapuche, torturándonos con traslados compulsivos, esposadas hasta con cadenas sin saber a dónde nos llevaban. Aislándonos e incomunicándonos con nuestra gente y entre nosotras”, leyó Patricia Vera, madre de Andrea, una de las mujeres detenidas en el desalojo de la lof Lafken Winkul Mapu y que aún permanece alojada en instalaciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de San Carlos de Bariloche. “Lo que están haciendo es la continuidad de la Conquista del Desierto y ¿nosotras somos las terroristas?”.
El marco de estas palabras fue la Conferencia de Prensa en la sede del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) en el mediodía del martes 11 de octubre, convocada para denunciar las violaciones a los derechos humanos y los atropellos sufridos por las y los integrantes de la lof mapuche desalojada en Villa Mascardi, Río Negro, y exigir la liberación inmediata de las siete mujeres presas, tres con domiciliarias y cuatro en la sede de la PSA, por disposición de la jueza federal Silvina Domínguez. Horas más tarde, la magistrada sobreseyó y ordenó la libertad de Andrea Despo, una de las arrestadas.
“La Justicia está violando los derechos humanos, no respeta la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, sostuvo el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien encabezó el acto. “No son ciudadanos de segunda, tienen los mismos derechos que nosotros”, resaltó. “El problema que tenemos es mucho más profundo. Es no tratar la tenencia de la tierra y seguir vendiendo territorio a empresas extranjeras. Benetton tiene más de un millón de hectáreas, ¿quién se las vende?”.
“Le pedimos al Presidente que desmilitarice la zona y permita la libertad de las hermanas”, señaló Pablo Pimentel de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), quien coordinó la conferencia. “Lamentablemente, tenemos que decir que hoy nuestro gobierno, que algunos lo hemos votado, está violando los derechos humanos”.
Desde Río Negro por videollamada, el werken del Parlamento Mapuche Tehuelche Orlando Carriqueo, denunció: “En las últimas 72 horas, Argentina marcó un retroceso en los derechos humanos”. “Somos los hijos de un genocidio impune y reivindicamos nuestros derechos. La impunidad de los 140 años que nos ha convertido en esclavos. El Estado debe decidir cuál es la relación que va a tener con los pueblos originarios”.
“Podíamos esperar esto de la derecha, pero el Frente de Todos olvida sus principios y hacemos responsable al Gobierno de lo que va a pasar. Es un problema político y eligen enfrentarlo con las armas”, concluyó.
Apoyos
“Lo que pasó en Villa Mascardi está en línea con lo que ocurrió también en Jujuy (NdeR: se refiere al desalojo de la comunidad Ocloya, cuyo cacique Néstor Jerez se encontraba presente). Reprimen para apropiarse de sus tierras. Privilegios para algunos, despojo para muchos”, señaló Hugo Godoy, secretario General de la CTA Autónoma, acompañado por su adjunto Ricardo Peidro y otros referentes de la central. “Estamos en una fecha emblemática, el último día de libertad de los pueblos indoamericanos. Necesitamos que la movilización se multiplique, y depende de toda la comunidad y de las fuerzas políticas y sociales”, agregó.
“Cuando se trató el Código Civil y Comercial -en el Congreso Nacional- dijeron que no iban a incluir el tema de la propiedad comunitaria de las tierras indígenas porque prontamente iba a salir una ley especial… que nunca llega. Desde el FIT presentamos varios proyectos, pero nunca se tratan. Como dijo Adolfo hay una decisión política de las fuerzas mayoritarias para que este tema no avance en el Congreso”, señaló la diputada nacional Myriam Bregman, del PTS en el Frente de Izquierda.
“Demonizaron a esta comunidad, crearon a sujetos víctimas como a este señor Frutos que da entrevistas como víctima de la situación cuando el verdadero usurpador es él, cuando es él el que tiene que demostrar como se quedó con esas tierras y no al revés. Usan esta represión para darle un mensaje a todos los pueblos, a todas las comunidades, les dicen: ‘no reclamen por sus tierras, no reclamen por sus legítimos derechos’. Pero esto excede a las comunidades originarias, le están dando un mensaje a todas las mujeres y hombres sin acceso a la tierra. Están dando un mensaje de que no se puede pelear por la tierra en este país que hay tanta”, concluyó la diputada.
Las razones
“La situación es bastante complicada. Nosotros hace 5 años que estamos ahí, desde el primer allanamiento que fue casi igual a éste, prácticamente calcado, comandado por la fiscal Little y este por su sucesora la fiscal Etchepare. Desde entonces, junto con la causa madre le decimos, la causa Winkul, se fueron armando una decena de causas”, explica Eduardo “Negro” Soares, de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas, que representa a la lof Lafken Winkul Mapu.
“Una cosa es lo que cacarean los grandes medios de comunicación, lo que cacarea la derecha racista y otra cosa es cuando se tienen que enfrentar cara a cara con nosotros. Todos los juicios los hemos ganado: Cushamen, Curache, la Trochita e incluso algunos juicios en Mascardi y algunos de ellos, muy complicados”, explica el abogado.
“Entonces, ¿cuál es la cuestión? A fines de este año, comienzos del año que viene, se tenía que dar el juicio principal, el juicio por Winkul. La Gremial de Abogados había presentado unos 200 testigos, unos 50 peritos, no teníamos ninguna duda de que les íbamos a llenar la cara de dedos, de que les íbamos a dar una paliza y ellos tampoco. Entonces, armaron entre gallos y medianoche una causa trucha: un container que aparece quemado, un tipo de la derecha supremacista (Diego Frutos) que dice me ocuparon el terreno –un terreno que está vacío– y con esa causa, lo que no podían hacer por derecha –porque Winkul estaba protegido por la misma justicia federal, ellos no podían producir un allanamiento y un desalojo– porque tenían que esperar al juicio y sabían que el juicio lo perdían”.
“Armaron esto para poder hacer dos cosas: primero, sacar a las lamien (mujeres) y a los peñi (jóvenes) del lugar, violando todas las normas de procedimiento, constitucionales, procesales; y segundo, plantear una cuestión ejemplificadora: esto les va a pasar a los que siguen peleando. Esa es la cuestión principal, porque sino no se entiende por qué llegan hasta acá… ¿por qué a una comunidad que está ahí hace cinco años no la echaron antes? Porque no pudieron, no pudo Patricia Bullrich, no pudo Macri”.
También es categórico con la actuación del gobierno nacional del que sostiene que: “Hubo un gobierno que se cagó, que no estuvo a la altura de lo que tenía que estar, que en lugar de seguir ese diálogo tiró para atrás, reemplazó a Sabina Frederic por Aníbal Fernández y ya sabemos como terminó la cosa”.
“Durante los dos primeros años de este gobierno tuvimos tres o cuatro mesas de diálogo, en las que participaron Newen Loncoman y Orlando Carriqueo. Con la nieve hasta la cintura, la Gremial estuvo haciendo de nexo entre el Gobierno nacional y Winkul y otras comunidades que participaron. Sin un sólo gendarme, sin un sólo policía, los principales dirigentes del Ministerio de Seguridad, de la Secretaría de Derechos Humanos, del INAI… cada vez que avanzábamos en el diálogo la derecha boicoteaba”, concluye Soares. Estamos ante un nuevo boicot, la suerte de la lof depende de la movilización popular y de la decisión de un gobierno nacional sin margen de maniobra.