Redacción Canal Abierto | Luego de dos horas de debate, el plenario de las comisiones de Recursos Naturales, Presupuesto y Agricultura de Diputados consensuó el jueves un dictamen de mayoría sobre el proyecto de Ley de Humedales.
Con un historial de tres pérdidas consecutivas de estado parlamentario y múltiples cajoneos en mesa de entradas, el hecho podría vivirse como una buena noticia, pero en un reciente análisis de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AADEAA) sobre el texto aprobado consideraron al proyecto “muy regresivo”.
Se trata del impulsado por los radicales Ximena García y Jorge Vara y por el cívico Maximiliano Ferraro, todos integrantes del interbloque Juntos por el Cambio, que reunió 57 firmas gracias al apoyo de los diputados del bloque Córdoba Federal.
Por su parte, un dictamen de minoría presentado por el diputado del Frente de Todos Leonardo Grosso obtuvo 47 votos en el que confluyeron el socialismo santafesino e identidad Bonaerense. Pero el primero será puesto en consideración primero cuando llegue a la Cámara baja, que puede considerarlo hasta el 30 de diciembre, día en que finaliza la prorroga establecida para el período de sesiones ordinarias.
El valor de los humedales, sin reconocimiento
La AADDAA concluyó en la regresividad del proyecto al comparar ambos dictámenes en cada uno de sus puntos.
Entre lo más saliente, destaca que el de mayoría “no reconoce, en el objeto de la ley, el valor intrínseco de los humedales, ni el resguardo para su integridad ecológica para asegurar los servicios ecosistémicos que estos brindan”.
Asimismo, sostiene que los objetivos de la ley “son notoriamente más amplios y protectores en el dictamen de minoría”, el cual contempla objetivos específicos para el Inventario Nacional de Humedales y establece un monitoreo, actualización y participación ciudadana en el Ordenamiento Territorial de Humedales (OAT), que en el de mayoría no están.
En declaraciones mediáticas, desde la organización señalaron que la explicación de este dictamen radica en los intereses que defiende. En principio, el despacho está respaldado por los diputados Vara y Ricardo Buryaile, presidente de la comisión de Agricultura, ambos productores y voceros de la agroindustria que muchos señalan como responsable de los incendios intencionales en el Delta del Paraná.
Por otro lado, la diferencia de votos en favor del texto de Juntos por el Cambio estuvo marcada por la posición de una decena de diputados del Frente de Todos referenciados en provincias con actividad minera, que decidieron no firmar ningún dictamen.
Sin impacto ambiental ni responsabilidad solidaria
En el desglose del análisis, la Asociación también sostiene que el dictamen de mayoría deja, en el tiempo entre la sanción de la ley y la inclusión de los humedales en el OAT, que se realicen “cambios en el uso del suelo o la ampliación de las actividades existentes en humedales plenamente reconocidos cuando la Autoridad Competente determine que no se verán afectadas significativamente sus características ecológicas”, lo que permite una gran discrecionalidad.
Asimismo, el dictamen de minoría establece taxativamente la necesidad de realizar una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en el caso de querer intervenir en los territorios, que deberá “considerar en todas sus etapas las características e integridad ecológica de los mismos, así como su valor intrínseco y los criterios de manejo racional y uso sustentable que como aplicación de la presente surjan, incorporando el análisis a escala de paisaje y/o regional, a fin de considerar la interdependencia con otros ambientes y posibles impactos acumulativos”. Eso incluye fumigaciones aéreas o terrestres y es omitido por el dictamen de mayoría que fue aprobado.
De igual manera, destaca que sólo el proyecto de minoría establece la “responsabilidad solidaria”, en caso de daño ambiental, de empresas o personas que suscriban estudios con datos omitidos o falsos. Y que el proyecto de mayoría pone “insólitamente” como autoridad de aplicación, junto al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, fuertemente vinculada al negocio agroexportador.