Por Pablo Bassi, desde Bariloche | La mansión de Joseph Lewis en Lago Escondido, donde se habrían alojado jueces federales, el CEO de Clarín y el ministro de Justicia de Horacio Rodríguez Larreta, comenzó a construirse en 1996 bajo la lupa de la Justicia en una investigación que prescribió el año pasado con la firma de Carlos Mahiques, el juez de Casación Penal involucrado justamente en el caso de la filtración de supuestas conversaciones entre ellos que trascendió en los últimos días.
En anteriores oportunidades, esa visita la realizaron Mauricio Macri invitado por Lewis, su amigo, y otras veces los chicos de los colegios de la región, también invitados por Lewis a conocer una porción de ese paraíso natural al que deberían poder llegar sin necesidad de una invitación.
Carlos es, además, padre de Juan Bautista Mahiques, procurador de CABA (jefe de los fiscales porteños), otro de los viajeros al sur e integrante del grupo de telegram “Operación Página/12”.
En una nota en Anfibia, Gonzalo Sánchez describe el caserón a los pies de Lago Escondido como “de estilo Beverly Hills”, y advierte que desde el cielo podría parecer “una maqueta de Disneyworld” con jardines “como los de Babilonia”. Sánchez visitó el lugar, y vio una cancha de fútbol y dos equipos enfrentándose, un área de juegos inflables, un hipódromo, una cancha de tenis y una de básquet, una casa de muñecas, establos para cien caballos, ochenta trabajadores, cabañas para esos trabajadores y sus familias, un gimnasio, un centro recreativo con sala de cine, vehículos todo terreno, kartódromo y turbinas generadoras de energía eléctrica en los saltos de agua del río Escondido.
El edificio principal de la mansión ocupa 2500 metros cuadrados y el centro de convenciones a su lado 700 metros cuadrados que el año pasado se destruyeron casi por completo en un incendio. En un video en Internet, puede observarse una sala con enormes ventanales que dan al lago y en cuyas paredes cuelgan obras de Cezanne, Chagall, Matisse, Modigliani y Picasso.
“Sacamos unas fotos a la mansión que se veía cada vez más inmensa. A metros de la residencia, cuatro caballos sin montura, hermosos y esbeltos, cruzaron delante nuestro”, dice Sebastián Carapezza en otra nota en revista Al Margen.
Carapezza llegó a Lago Escondido luego de caminar tres días por la montaña. Allí vio a cuatro jardineros, dos jabalíes bebés en un corral pulcro, una mujer con acento inglés que preguntó qué necesitaba y a un hombre de seguridad en cuatriciclo y handy en mano que lo invitó a subirse a una cuatro por cuatro para dejarlo cerca de la Ruta 40.
Dicen que Lewis sólo vive allí en los meses de verano, y que otra parte del año vive sobre una lancha de 98 metros de largo en Bahamas.
Compra de las tierras
El Estado argentino era dueño de las hectáreas ocupadas por Joe Lewis, hasta que el dominio pasó a nombre de la familia Montero: pobladores que vivían en esas tierras y que en 1996 decidieron venderlas en una operación después investigada por la Justicia, por presuntas irregularidades, entre ellas la apropiación extranjera de zonas de frontera.
Lewis involucró en esa operación a Nicolás Van Ditmar, un agente inmobiliario local que en las conversaciones filtradas es mencionado como posible facilitador de facturas que den cuenta de los gastos de los funcionarios en Lago Escondido. Van Ditmar es mano derecha de Lewis en Hidden Lake SA, la empresa que hoy administra la estancia.
Pero volviendo a la compra de las tierras, en una nota del diario Río Negro, el periodista Martin Belvis cuenta que media docena de fiscales federales concluyeron que la operación presentaba irregularidades con la complicidad de funcionarios de Río Negro y de la Nación. Fueron acusados en la causa Susana Beatriz Sarto (exsubdirectora de la Unidad de Proyectos de Radicación), la escribana María Luisa Cristina Szama, Lisandro Alfredo Allende (presidente de HR Properties Buenos Aires SA), Ricardo José Juan Mayer (extitular del Registro de la Propiedad Inmueble de Río Negro) y Charles Barrington Lewis, hijo de Joseph Lewis.
La ex Procuraduría de Investigaciones Administrativas denunció en 2012 en Comodoro Py que las hectáreas adquiridas por el magnate inglés se encontraban en “zona de seguridad de fronteras” y “sometidos, por ello, a un régimen jurídico especial que impedía ser adquiridos por personas extranjeras”. Quien se presentó a declarar esa compra fue Allende. Se trataba de 7.789 hectáreas. Sarto, responsable de la Unidad de Proyectos de Radicación, le dio el visto bueno y el 2 de julio de 1996 la operación fue allanada.
Belvis relata que el 30 de agosto de 1996, con la intervención de la escribana Szama, se firmó la escritura traslativa de dominio en favor de Hidden Lake SA por un total de 8.063 hectáreas, dato que surgió de la presentación del plano definitivo inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble de Río Negro a cargo de Mayer, a pesar de que el autorizado para la compra había sido HR Properties.
Hidden Lake varió en mayo de 1996 su capital social a 11.1999 acciones en poder de la firma extranjera Lago Corp. y una acción a nombre de Charles Barrington Lewis. En septiembre, Hidden Lake pidió una nueva autorización para anexar a la estancia Lago Escondido otras 2.760 hectáreas. La solicitud fue formulada por Lewis, recibiendo trámite abreviado a requerimiento de Allende, quien declaró bajo juramento que no había cambiado la composición del directorio ni el capital social.
La ratificación de la prescripción de la causa en octubre de 2021 lleva la firma de Mahiques, de Liliana Catucci y Guillermo Yacobucci y confirmó el sobreseimiento de todos los imputados.