Redacción Canal Abierto | El viernes, la Mesa de Derechos Humanos, conformada por 12 de los organismos más importantes del país, emitió un comunicado en el que expresó un rotundo apoyo al pedido de juicio político contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se trata del proyecto de resolución presentado recientemente en la Cámara de Diputados por impulso del presidente Alberto Fernández a partir del escándalo conocido como “los chats del lawfare”, en el que se conocieron diferentes intercambios de mensajes entre funcionarios de Cambiemos, gerentes del Grupo Clarín, fiscales, jueces, empresarios y asesores del máximo tribunal que desnudaron una connivencia ilegal para el manejo de la estrategia política contra el gobierno Nacional, además de negociados y armado de estrategias mediáticas para ocultar la corrupción.
Justamente, varios organismos de derechos humanos integran la lista de 44 testigos propuestos para brindar testimonio en el juri a los supremos. Por estas horas, anticiparon, definirían la realización de una marcha en la Ciudad de Buenos Aires para hacer masivo el sostén a la propuesta presidencial y en contra de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
En el texto, los organismos habían señalado: “En reiteradas oportunidades los organismos de derechos humanos hemos explicitado nuestro rechazo al accionar profundamente antidemocrático de esta Corte Suprema, que ha intentado garantizar, por todos los medios, la impunidad de los genocidas. Son ejemplo de esto el intento de favorecer a genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad imponiendo el procedimiento penal popularmente llamado “el 2×1”, la desidia en la confirmación de las condenas a esos y otros criminales y la lentitud en la resolución de los casos que llegan a consideración de la Corte, siendo uno de los más representativos el de Pedro Carlos Blaquier, que nunca llegó a sentarse en el banquillo de los acusados”.
“Hacemos un llamado a los representantes del pueblo en el parlamento nacional (Cámaras de Diputados y de Senadores) para que garanticen una investigación a fondo del accionar de los cuatro cortesanos, única garantía de empezar a recuperar uno de los poderes del Estado que hoy se encuentra cooptado por esta mafia judicial que ha quedado al descubierto a los ojos de toda la sociedad”, reclamaron finalmente.
La solicitada lleva la firma de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Abuelas de Plaza de Mayo; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; H.I.J.O.S. Capital; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Asociación Buena Memoria; Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte; Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz; Fundación Memoria Histórica y Social Argentina; Liga Argentina por los Derechos Humanos; Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos-La Matanza.
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Ayer, en declaraciones radiales, la titular de Abuelas, Estela de Carlotto confirmó que los organismos van a participar del juicio político a los altos magistrados.
“Si tenemos que ser testigos vamos a serlo, hay que colaborar para que todos sepamos quiénes son, qué pasó y que reciban lo que merecen”, manifestó en una entrevista con Futurock.
“Las evidencias ya están, está probado qué tipo de gente son los cuatro de la Corte. No trabajan para la verdad, ocultan y en este caso han cometido delitos graves”, denunció Carlotto.
“Nosotros queríamos verdad y justicia y ellos tapaban la verdad”, agregó, al tiempo que confirmó que los organismos están prontos a definir una “manifestación pública de aquellos que detestan lo que está pasando con la Justicia”.
El pasado 22 de diciembre, los organismos se habían reunido con el presidente en Casa Rosada. En esa oportunidad, le llevaron al mandatario cuatro reclamos: que se promueva la ampliación de la Corte a 25 integrantes; que se formalice el pedido de juicio político a los cuatro miembros actuales del máximo tribunal; que el Poder Ejecutivo intervenga para resolver la situación de Milagro Sala; y que se avance con la intervención del Poder Judicial de Jujuy, al que consideran una herramienta del gobierno de Gerardo Morales.
