“La salida pasa por adelantar las elecciones, la renuncia de Boluarte y un referéndum Constituyente”

Redacción Canal Abierto |  Desde la asunción de Pedro Castillo en julio de 2021, tras una ajustada victoria sobre Keiko Fujimori, su gobierno vivió días agitados con constantes cambios de gabinete, salidas de ministros y la permanente amenaza de la declaración de vacancia por parte del congreso, que podría dejarlo fuera de la presidencia. Los dos intentos parlamentarios previos por vacarlo habían fracasado –claro que sortearlos, en cada ocasión, implicó al gobierno ceder mayores cuotas de poder– y finalmente en diciembre el intento de Castillo de disolver el parlamento precipitó su caída, su encarcelamiento y el reemplazo por Dina Boluarte, su vicepresidenta.

Lejos de tranquilizarse la situación, las protestas sociales contra el gobierno de Boluarte arreciaron y la respuesta fue la represión cruenta que lleva ya cerca de 50 víctimas fatales a manos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Pese a la violencia estatal las protestas continúan, con epicentro en el sur del país en la región de Puno –donde en la masacre de Juliaca, 18 personas fueron asesinadas–, Ayacucho y Cusco, pero generalizándose en todo el territorio, con una concentración planificada en Lima para este jueves 19 de enero junto con la convocatoria al Paro Nacional Cívico y Popular encabezada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

Ante esta situación, el Ejecutivo amplió el estado de emergencia por 30 días en las regiones de Lima, Cusco, Callao y Puno para sofocar las protestas. El decreto supremo autoriza a los militares a intervenir junto a la policía para “resguardar” el orden público. También impuso el toque de queda en Puno, que rige desde el domingo por los próximos diez días, desde las 20 a las 4 de la mañana.

“Lo que vemos es que las movilizaciones continúan, se sostienen y se amplían a algunos lugares, incluso a la ciudad de Lima donde ya vemos prácticamente todos los días desplazarse contingentes desde el centro de la ciudad hacia los llamados “distritos modernos” de la Lima moderna. Se ha anunciado un paro nacional para este día jueves con una movilización por parte de la CGTP y la Asamblea Nacional de los Pueblos, un espacio que agrupa a los sectores históricos organizados del Perú. Muchas delegaciones llegarán para este paro desde las distintas regiones. Las movilizaciones no cesan a pesar de la creciente intimidación que busca generar el gobierno que ha declarado en emergencia a Lima, El Callao, Puno y Cusco. Esto significa que están suspendidos derechos constitucionales y que pueden entrar a los domicilios sin necesidad de apelar a ninguna orden judicial entre otras cosas”, sostiene en diálogo con Canal Abierto Alvaro Campana, ex secretario general del Movimiento Nuevo Perú, historiador, periodista y miembro de Iniciativa Constituyente.

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“El gobierno no tiene ningún atisbo de arrepentimiento, todo lo contrario. En los medios de comunicación, el día domingo, en los dominicales que son son espacios importantes donde más o menos se van marcando las orientaciones de la semana, ha sido entrevistado el premier (Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros) entre otros, y no hay atisbos de cambios, sino más bien una insistencia en criminalizar la protesta social, que ha ido cambiando de protagonistas a lo largo de estos días en que los supuestos causantes de las protestas fueron desde los mineros ilegales, el narcotráfico, hasta Sendero Luminoso. Incluso llegan a decir que son los Ponchos Rojos y Evo Morales quienes están alentando una secesión del Sur por el litio y cosas por el estilo.

Estamos en medio de una guerra donde se busca criminalizar a los que se movilizan, e incluso apelan a utilizar personas que en nombre de la paz son movilizadas. Se ha visto a la policía involucrada en esta tarea;  hay videos donde se ve como la policía le entrega polos blancos a personas y, en algunas ciudades, a partir de esto han empezado a generar contra-manifestaciones apelando a estos sectores medios que se asustan con la virulencia con la cual se han venido dando las manifestaciones, los enfrentamientos. Tenemos una explosión social, tenemos una situación de furia social que no ha amainado y que ha recrudecido más con las muertes de tantos compatriotas”.

El gobierno actual de Boluarte de alguna forma es heredero del de Pedro Castillo, era su vicepresidenta, ¿a quién responde este gobierno, quién está gobernando en este momento a través de Dina Boluarte? 

-Nosotros decimos que este es un régimen cívico militar. Creemos que las Fuerzas Armadas están siendo utilizadas para dirimir políticamente una crisis de fondo que vive el país producto de la bancarrota del modelo neoliberal, producto de la pandemia, producto de los escándalos de corrupción y de un sistema que no es funcional y que no ha resuelto los problemas de las grandes mayorías a pesar de los altísimos niveles de crecimiento macroeconómico y de los altos precios de los minerales de los cuales se ha beneficiado un sector, pero no las grandes mayorías.

Entonces, tenemos una crisis política permanente desde el año 2016 que expresa algo más de fondo. Nosotros creemos que el sector del gran capital está en alianza con sus aliados del poder mediático y, ahora, con la ultraderecha que está enquistada principalmente en el Congreso. Vienen operando para abrir una salida autoritaria, para contener las posibilidades de cambio. Parte de ello ha sido esta permanente campaña y este asedio que ha vivido el país en el gobierno de Pedro Castillo. Primero, no se quiso reconocer los resultados de las elecciones luego se insistió con un proceso de vacancia y han ido copando las instituciones del Estado. Estos sectores de ultraderecha han tratado de desarrollar tácticas insurreccionales, tomando las calles y lo que vemos ahora es un capítulo más en ese intento autoritario porque ellos creen que no hay otra forma de contener las posibilidades de cambio.

Lamentablemente, esto fue facilitado por el propio Pedro Castillo que tuvo un gobierno lamentable para los intereses populares, a pesar de que un sector de la ciudadanía se siente identificado, pero el día 7 de diciembre nos termina entregando a la ultraderecha, vacado de manera expresa por el Congreso y reemplazado por Dina Boluarte.

En nuestro país se suele poner como ejemplo a la economía peruana que, a pesar de las crisis políticas supuestamente se mantiene a flote, sin sobresaltos… Lo hemos charlado otras veces, pero me gustaría volver a reflexionar sobre el tema.

-Podríamos decir que, efectivamente, gracias a los altos precios de los minerales para determinados espacios de esta economía reducida que tiene el Perú, exportadora formal, no han sentido que hayan corrido peligro, de hecho se han producido alianzas con las economías informales e incluso ilegales, que han permitido que haya una especie de colchón que contiene a que la población reclame y se movilice. Porque, finalmente, los peruanos nos hemos acostumbrado a vivir en la precariedad de la subsistencia, en el autoempleo, en la autoexplotación. La idea de que cada uno puede salir adelante como un emprendedor ha ido haciendo como una especie de colchón, que impide la articulación de la sociedad y que se pueda construir un proyecto político. Sin embargo, después de la pandemia y a lo largo de los últimos años, se ha ido transformando la sociedad peruana y han empezado a recomponerse actores sociales que habían retrocedido en su capacidad de movilización y organización. Un sector muy importante, sin duda, es el sector agrario de la pequeña agricultura familiar que se organiza de maneras novedosas y que está mostrando una gran capacidad de movilización junto a otros sectores y, por supuesto, están en disputa con ese gran capital.

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Desde el gran capital se está buscando reordenar el escenario, reordenar el territorio en función de sus lógicas de acumulación y entonces podemos encontrar a distintos actores sociales que se están movilizando y ponen en cuestionamiento.

Hoy ha salido una encuesta donde se evidencia que hay un sector muy importante de peruanos que quieren cambios más de fondo. El 69% de los peruanos y peruanas estarían dispuestos a la convocatoria de una Asamblea Constituyente entendiendo que este Congreso, este poder constituido está siendo incapaz y es ilegítimo para impulsar las más mínimas reformas que necesita el Perú, ni siquiera las reformas políticas para unas nuevas elecciones. Este Congreso tiene una legitimidad absolutamente baja.

Creo que es la evidencia de que no hay salidas en este momento, las salidas institucionales están cerradas, por eso tenemos una gran movilización social y lo que se hace con esa movilización social, es criminalizarla, es perseguirla, es no escucharla y, por otro lado, también tenemos un problema con nuestros actores políticos, no se encuentra en el Perú actores políticos que tengan la legitimidad suficiente de plantear una salida política.

Muchos planteamos que los gobernadores regionales que recién han asumido sus cargos eberían cumplir un rol para poder impedir que las muertes se sigan produciendo. Que puedan organizar, sentarse con las organizaciones sociales de sus regiones e incluso con otros gobernadores regionales a fin de plantear al gobierno que se necesita una salida política que sin duda pasa por la salida de Dina Boluarte, responsable de 50 muertos y eso no podemos pasarlo por agua tibia, eso no es cualquier cosa, y la salida de la Mesa Directiva del Congreso que es una mesa reaccionaria, que no garantiza una salida política en la cual todos puedan sentirse identificados.

Frente a todo esto la gente está planteándose la salida de una Asamblea Constituyente como una salida de fondo para resolver una crisis que en su dimensión política tiene varios años; hemos tenido varios presidente, se ha cerrado el Congreso y es como que volvemos una y otra vez a lo mismo. Lo más preocupante es que estamos viendo las viejas prácticas que vivimos, que vivió el Perú en el conflicto armado interno en los años 80. No necesitamos imaginarnos lo que hicieron las Fuerzas Armadas cuando incursionaban en las regiones del interior del país en ese conflicto, hemos visto violaciones a los derechos humanos, abusos, como disparan al cuerpo a los manifestantes. Y ahora estamos viendo también como se persigue a los dirigentes sociales buscando detener las movilizaciones.

Desde las provincias se está movilizando hacia las capitales de región y de las regiones se está movilizando hacia Lima. Tienen que llegar a entender que no podemos seguir tolerando más muertes y que necesitamos una salida política y que esa salida política tiene que pasar por adelantar ya las elecciones, por la renuncia de Dina Boluarte, por el cambio de la Mesa Directiva del Congreso y por un referéndum Constituyente.