Redacción Canal Abierto | La crisis desatada tras la destitución y encarcelamiento de Pedro Castillo no cesa y las movilizaciones populares se multiplican por todo Perú, así como también la ola represiva que ya dejó un saldo de 58 muertes y cientos de heridos.
Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta designada Dina Boluarte y de los miembros del Parlamento. Exigen, además, la convocatoria a una Asamblea Constituyente que resuelva la disputa de poder que enfrenta al Ejecutivo y el Legislativo, y que en los últimos cuatro años significó la caída de seis presidentes.
Lejos de atender el reclamo de la calle, la Comisión de Constitución del Congreso acaba de rechazar el debate de una iniciativa presentada por Boluarte para anticipar las elecciones a octubre de 2023. Bajo el argumento de un tecnicismo procedimental, el Poder Legislativo bloqueó el tratamiento de proyectos similares hasta el inicio del próximo periodo legislativo en agosto.
Hay quienes interpretan la propuesta de la vice de Castillo y hoy mandataria como un falso gesto para ganarse la simpatía de una población en la que crece el sentimiento antigubernamental. Pero lo cierto es que a esta altura ni la propia Boluarte considera viable la continuidad del proyecto político personal que inició el 7 de diciembre con intención de acabar el mandato en 2026.
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Mientras tanto el Gobierno sigue dando rienda suelta a la represión: este domingo decretó el estado de emergencia en las regiones de Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna, una medida que en enero ya había aplicado a las áreas de Lima, Callao, Amazonas y La Libertad.
El decreto establece que en las regiones en cuestión quedan restringidos o suspendidos “los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales”.
Por ahora no asoman liderazgos con nombres propios entre los manifestantes, tampoco un proyecto político partidario que pueda encauzar el caos. Lo que abunda es el sentimiento anti político en un país que hasta hace poco era ejemplo de economía de mercado para Latinoamérica.
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