Redacción Canal Abierto | Antes que Fernando Báez Sosa fuera asesinado en Villa Gesell el 18 de enero de 2020, Fernando Burlando ya era uno de los abogados penalistas más reconocidos del país. Si no el más. Su trabajo en casos resonados que van desde la ejecución del fotógrafo José Luis Cabezas al caso que hasta ayer ocupó todas las miradas, así como sus clientes VIP como Ricardo Fort o Claudia Villafañe lo llevaron a ese lugar.
El modo de vida que ostenta que incluye una colección de autos de alta gama, trajes de las marcas internacionales más prestigiosas, práctica de deportes extremos y hasta un perfume diseñado exclusivamente para él, supone honorarios bastante altos y alejados de los bolsillos de algunos de sus clientes de casos renombrados como «los horneros» que fueron condenados por el asesinato del fotógrafo, una trabajadora de la administración bonaerense como lo era Carolina Píparo al momento de sufrir el asalto que terminó con la pérdida de su embarazo o el propio matrimonio Báez Sosa. ¿Por qué toma esos trabajos entonces?
Una primer respuesta es que se trató de casos de alto impacto en materia de difusión mediática. Defendiendo a «los malos» de la ocasión en el caso Cabezas, su nombre estuvo en las primeras planas y prime time de todos los medios. La respuesta cierra. La exposición que su nombre tuvo a partir de estas situaciones le hubiera costado más en términos económicos que los honorarios que podría haber cobrado.
Tras meses de pistas inconducentes, una banda de lúmpenes de la localidad platense de Los Hornos fue arrestada por haber interceptado a José Luis Cabezas a la salida de la fiesta de cumpleaños de Andreani, llevado a una fosa a la vera de la ruta, asesinarlo y prender fuego su auto. Estas personas estaban vinculadas con el comisario Gustavo Prellezo, quien a su vez, con otros colegas de la fuerza tercerizaba acciones para Gregorio Ríos, jefe del dispositivo de seguridad del empresario postal Alfredo Yabrán.
La actuación de Burlando culminó con sus defendidos confesando su participación en el crimen, dejando en un segundo plano la conivencia policial con el empresario por aquellos años señalado como la cabeza de una organización mafiosa con vínculos con el poder político. Y desplazando la atención de los efectivos policiales, institución en jaque tras develarse manejkos oscuros de la entonces jerarquía encabezada por Pedro Klodzyk que llevó a ganarse el mote de «maldita policía».
Entre los laderos de Klodzyk se encontraba Mario «Chorizo» Rodríguez, con quien Burlando no oculta su amistad. Esta relación es heredada de su padre Desidero Burlando, juez bonaerense y docente de la escuela de cadetes Juan Vucetich.
Intenciones similares se le atribuyen cuando tomó la representación de la madre de Candela Rodríguez, la niña de 11 años secuetrada y asesinada en Villa Tesei en agosto de 2011. Por este delito fueron condenados Hugo Elbio Bermúdez, Leonardo Daniel Jara y Gabriel Fabián Gómez.
Sin embargo, las investigaciones deslizaban la participación de policías en la trama. A la semana de asumir el patrocinio de Carola Labrador, Burlando determinó que el caso estaba esclarecido y limitó su querella a estos tres condenados. Durante la cobertura del juicio por el asesinato de Fernando Baez Sosa, la madre de Candela fue consultada y no tuvo más que palabras de agradecimiento para su ex abogado.
Este no fue el primer caso en el que Burlando defendió a víctimas de la inseguridad y no a los acusados. El primer volantazo en este sentido fue su asesoramiento a Carolina Píparo tras ser asaltada y perder su embarazo en esa situación en 2010. La primer causa fue contra los autores del hecho.
Pero la labor de Burlando con culminó con las condenas a prisión perpetua de Carlos Moreno, Miguel “Pimienta” Silva, Luciano López , Juan Manuel Calvimonte y Carlos Jordán Juárez en mayo de 2013, sino que apuntó también contra la sucursal del Banco Santander Río de 7 y 42 en La Plata. De allí Píparo había extraído el dinero que fue el móvil del atraco. Su abogado estimó que la entidad bancaria no había dispuesto las medidas de seguridad necesarias para protegerla y fue demandada por casi 7 millones de pesos: los 58.000 pesos robados en la salidera; 400.000 por incapacidad física de Carolina; 700.000 por daño estético; 1.400.000 por incapacidad psicológica; 100.000 por gastos de asistencia; 10.000 por gastos de sepelio de su hijo; 1.000.000 por la pérdida del embarazo y 3.000.000 por daño moral. Finalmente, en arreglo extrajudicial, la suma se redujo a 2 millones que cobró Píparo, antes de iniciar su carrera política.
Ayer culminó su última irrupción en el rol de defensor de personas que jamás podrían haber pagado un patrocinio como el suyo. Cinco condenas a prisión perpetua y dos a 15 años, que el abogado ya anunció que apelará para que todos los jóvenes de Zárate cuenten con la pena máxima, tomando la voz de los sectores que entienden que esas tres condenas no implican la mano dura que el caso requiere. Días antes del juicio, sugerentes pintadas aparecieron en distintas zonas de la capital bonaerense: «BURLANDO 2023».