Canal Abierto Radio | Como consecuencia de las demoras de la Cámara Federal de Casación Penal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el empresario Carlos Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, falleció sin haber sido juzgado por crímenes de lesa humanidad en Jujuy durante la última dictadura cívico-militar.
Como dueño del Ingenio Ledesma, Blaquier estuvo procesado en las causas “La Noche de los Apagones”, por la privación ilegal de la libertad de 20 personas en las localidades de Ledesma, Calilegua y Libertador Gral. San Martín en julio de 1976; y en “Aredez”, por tres secuestros entre marzo y abril de 1976.
Esos dos expedientes -en los que también fue procesado Alberto Lemos, administrador del ingenio durante el terrorismo de Estado- estaban en condiciones de ser elevadas a juicio en 2013. Sin embargo no lograron avanzar ya que el proceso quedó paralizado primero en la Sala IV de la Cámara de Casación Penal: los camaristas Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Eduardo Riggi hicieron lugar a un recurso de la defensa y en 2015 le dictaron falta de mérito a ambos acusados. Luego, la causa se cajoneó en la Corte Suprema por más de seis años.
Recién en julio de 2021, y tras varios pedidos de la Secretaría de Derechos Humanos y de las otras querellas exigiendo una pronta resolución, la Corte Suprema de Justicia anuló lo resuelto por la Casación, señalando que esa decisión había sido “arbitraria” y que “obstaculizó indebidamente el avance del proceso”.
“Blaquier es un ícono de la complicidad y contribución entre los militares genocidas y quienes fueron sus beneficiarios, el poder económico concentrado”, señaló en diálogo con Canal Abierto Radio la directora del Cuerpo de Abogados en Procesos de Verdad y Justicia de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Paula Álvarez Carreras, que además fue abogada querellante en juicios por delitos de lesa humanidad en Jujuy. “La Justicia y parte del sistema político provincial jugaron a favor de la impunidad una vez más”.
“Los juicios no pueden esperar. Las víctimas tampoco”, cierra el comunicado emitido ayer por la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación en el que denunciaba la “resistencia que generan las causas que involucran la responsabilidad de actores civiles y económicos durante la última dictadura cívico-militar”.
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