Presentaron un relevamiento sobre graves violaciones a los derechos humanos en Perú

Redacción Canal Abierto | La Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos, conformada por referentes de organizaciones políticas, gremiales y sociales presentó el Informe Final de su recorrido por Perú tras la destitución de Pedro Castillo y la represión desatada contra el pueblo por parte de la dictadora Dina Boluarte.

Los integrantes de la Misión recorrieron distintos puntos del país entre el 7 y el 13 de febrero. Allí recibieron denuncias y testimonios de familiares y víctimas de los ataques del gobierno. Entre otras cosas, el informe destaca que hasta el 1º de marzo más de 76 personas perdieron su vida en el marco de la represión a las protestas civiles.

También se subraya que en las denuncias recabadas las detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles y degradantes se cuentan por centenares, mientras que para la represión se hizo un uso excesivo y letal de la fuerza pública. En este aspecto, se señala que estas situaciones se dan en todo el territorio, con particularidad en la región Sur.

Te puede interesar: La Misión de Derechos Humanos presenta su informe sobre la represión en Perú y denuncia delitos de lesa humanidad

Otro aspecto que se destaca es la campaña de denigración racial impulsada tanto desde los medios de comunicación con más alcance como de dirigentes del régimen que encabeza Boluarte contra los pueblos originarios y campesinos. También que ha habido una persecución sistemática contra estudiantes y docentes de los niveles secundario y universitario, así como a trabajadores de prensa de medios no afines al gobierno de facto y las mujeres, que son quienes predominan en las actividades de apoyo a las bases.

En las conclusiones finales del documento, se plantea que «el Estado peruano es responsable por la grave violación de derechos humanos de la población civil en el marco de la actuación represiva desplegada desde el 7 de diciembre del 2022. Gran parte de las vulneraciones -constatadas-, por su carácter sistemática y/o generalizada y dirigidas contra la población civil, tipifican delitos de lesa humanidad, previstos y sancionados por el derecho internacional de los derechos humanos en los tratados, convenciones y estatutos reseñados precedentemente, los cuales el Estado peruano ha suscrito y ratificado».

Y advierte que «el Estado de Derecho y el orden democrático en Perú se han visto gravemente limitados y afectados, suspendiéndose garantías judiciales básicas y elementales». Asimismo advierte sobre «una interrupción de la continuidad constitucional en la titularidad del Poder Ejecutivo, en tanto que el ex presidente constitucional fue destituido sin observar el procedimiento expresamente previsto en la norma magna del Estado».

«La existencia de un marco normativo que declare y/o reconozca los derechos ciudadanos -continúa el texto- implica inexorablemente la obligaciones del Estado de garantizar su pleno y efectivo goce. El Estado peruano no sólo no los garantizó, sino que además llevó adelante una sistemática y generalizada acción lesiva contra la población civil».

«El Estado peruano hizo uso de modo abusivo, arbitrario e ilegal de sus competencias, dirigiendo, ordenando y ejecutando acciones violatorias de los DDHH. El monopolio del uso de la fuerza que legalmente ostenta, fue desplegado abusivamente sin observar los criterios de proporcionalidad, racionalidad, legalidad y necesidad que les son exigidos a todo Estado de Derecho, democrático y respetuoso de los DDHH».

El escrito plantea la necesidad de que el Estado peruano sea investigado «por los homicidios, torturas, tormentos, abusos, persecuciones, amenazas, intimidaciones y otras conductas delictivas cometidas por sus fuerzas armadas y de seguridad regulares; (…) por la utilización de armamento sofisticado y letal en violación de los protocolos y normativa internacional vigentes».

«El Estado peruano debe ser investigado ya que impidió, limitó y condicionó deliberada y violentamente, la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta. El Estado peruano y sus agentes deben ser investigados atento a que las graves violaciones a los derechos humanos constatadas, configuran delitos de lesa humanidad«, concluye el informe.

[mks_toggle title=»La Misión» state=»open»]El organismo, que ya trabajó en las recientes crisis y estallidos en Colombia, Chile, Ecuador, en Bolivia luego del golpe de Estado y en Jujuy y Río Negro está compuesto por integrantes de las organizaciones sindicales ATE, SiPreBA y CTA Autónoma, espacios de derechos humanos como Liberpueblo y XUMEK; movimientos sociales y partidos como el Frente Patria Grande, el Frente de Organizaciones en Lucha, Movimiento Popular la Dignidad, Partido Piquetero, y agrupaciones religiosas como el Grupo de Curas en la Opción por los Pobres.

La delegación estuvo integrada por los diputados nacionales Juan Marino y Federico Fagioli (FDT); María José Cano (ATE/CTA-A); Juan Grabois (Movimiento de Trabajadores Excluidos); Ramiro Gueber (La Dignidad); Marianela Navarro (Frente de Organizaciones en Lucha-FOL); el sacerdote Néstor Juárez; Pablo Garciarena (Xumek); Fernando Almejún (Liberpueblo) y otros nueve activistas con experiencia en misiones internacionales.[/mks_toggle]

Ver más