Por Néstor Espósito | Una demanda civil por presunto fraude en el fideicomiso ciego que constituyó Mauricio Macri en abril de 2016, cuatro meses después de asumir la primera magistratura y en el contexto del affaire por los Panamá Papers, está virtualmente paralizada porque el Poder Judicial no consigue notificar del expediente y sus consecuencias a los hermanos y sobrinos del ex presidente.
Tan insólita es la situación que el propio juzgado civil donde tramita la causa le acaba de informar a la Corte Suprema que los agentes de la Oficina de Notificaciones (que dependen del máximo tribunal) están incumpliendo con la tarea que les fue encomendada.
Domicilios en los que no atiende nadie, respuestas del tipo “no vive aquí” o “aquí no es”, documentos ilegibles. De todo ocurre en un expediente en el que aparecen los herederos del patriarca del imperio Macri, el fallecido empresario Franco Macri.
La Inspección General de Justicia (IGJ) impulsó en octubre de 2020 una acción civil para que se declarara “cosa juzgada fraudulenta” una sentencia que sostenía, básicamente, que las sociedades que le fueron detectadas a Mauricio Macri en el marco de los Panamá Papers eran, en realidad, de su padre, Franco. Y que éste lo había colocado al ex presidente (y a otros de sus hijos) en cargos de directores o miembros del directorio sin que ellos lo supieran. Gracias a ese fallo civil (una derivación del expediente en el que se pretendió declarar “inhábil” en vida a Franco Macri) una jueza penal sobreseyó al ya por entonces presidente de la Nación de la acusación por haber “omitido maliciosamente” declarar su participación en esas firmas descubiertas en los Panamá Papers.
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En abril de 2016 –cuando el escándalo de los Panamá Papers cortaba cabezas en todo el mundo- Macri constituyó el fideicomiso ciego, al que supuestamente transfirió todos sus bienes para evitar conflictos de intereses mientras durara su mandato. La IGJ detectó “irregularidades en relación al Contrato de Fideicomiso Ciego de Administración, suscripto el 12 de abril de 2016, con la sociedad Seguridad Fiduciaria SA, por el ex presidente Macri”.
En marzo de 2019 murió Franco Macri. Y, como sucede en estos casos, comenzó el juicio sucesorio. Como papá Franco admitió ser el dueño y único responsable de las empresas halladas en los Panamá Papers (por eso Mauricio Macri fue sobreseído), eso forma parte de la sucesión. Pero como aquel “hacerse cargo” de Franco está objetado en la Justicia Civil por presuntamente fraudulento, las consecuencias salpican también al resto de los herederos.
Aunque no aparece mencionado en el expediente, la ingeniería judicial es atribuida por fuentes con acceso a esos papeles al abogado Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, hoy prófugo de la Justicia argentina y residiendo en Uruguay.
Ese es el expediente que está trabado por imposibilidad de notificar a los Macri. No a Mauricio, quien se presentó a través de un apoderado, Ricardo Cony Etchart, y planteó objeciones múltiples sobre la existencia misma de esa causa: falta de legitimación pasiva de Mauricio Macri en tanto heredero de Francisco Macri, prescripción y de cosa juzgada.
Pero el resto de la familia (los hermanos Mariano y Gianfranco Macri; los sobrinos Rodrigo y Franco Valladares Macri -hijos de Sandra, fallecida- y las hermanas Alejandra y Florencia) está formalmente ajena a las notificaciones sobre el expediente.
El 22 de diciembre pasado, el Ministerio Público de la Defensa peticionó que “se libre oficio a la ANSES, AFIP, Cámara Nacional Electoral y RENAPER, a efectos de que se sirvan informar el último domicilio que registran de los demandados Mariano Macri, Gianfranco Macri, Rodrigo Valladares Macri y Franco Valladares Macri. En los oficios se deberá consignar el número de documento de los nombrados, los datos filiatorios, etc., de modo de poder individualizar correctamente a los requeridos”.
En el expediente se acumulan constancias de notificaciones frustradas. No todas son legibles: el juzgado civil 14, a cargo del expediente, emitió un oficio electrónico dirigido a la Corte: “Se reitera nuevamente a fin de que por su intermedio se requiera al Oficial Notificador Iparraguirre que aclare el informe producido que resulta ilegible, bajo apercibimiento de poner en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el incumplimiento reiterado de las autoridades de la Oficina de Notificaciones en contestar los pedidos de informes solicitados”.
También envió sendos oficios a “la Dirección Nacional de Migraciones, respecto de Mariano Macri y Gianfranco Macri; al Banco Santander Argentina S.A., respecto de Franco Valladares Macri; al Banco Santander Argentina S.A. y a American Express Argentina S.A., respecto de Rodrigo Valladares Macri; a la ANSeS, respecto de Florencia y Alejandra Macri y a la AFIP, respecto de Florencia y Alejandra Macri”.
El fracaso de las notificaciones llevó al juzgado a disponer: “Atento a lo solicitado y las constancias de autos, no habiéndose cumplido los reiterados requerimientos de informe, haciendo efectivo el apercibimiento establecido, póngase en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el incumplimiento de la Oficina de Notificaciones de brindar la información solicitada oportunamente”.
El texto parece indicar –con la provisoriedad que da un expediente judicial- que les resulta muy difícil dar con la familia, pero tampoco los notificadores se muestran angustiados por no poder superar esa dificultad.
¿Qué dijo Mauricio Macri en el expediente?
Que hay “falta de legitimación pasiva de la sucesión o los herederos” en tanto aquellos no resultan personas habilitadas por la ley para asumir la calidad de demandados con referencia a la concreta materia que se ventila en el proceso”. Traducido: hermanos y sobrinos no tienen nada que ver en este asunto.
Pero, además, que lo que la IGJ sostiene que es “cosa juzgada fraudulenta” en realidad es sólo “cosa juzgada”, y como tal no hay nada más que hacer o decir al respecto. “¿Qué quiere investigar la actora que no haya sido ya investigado, de manera contundente, en dicha causa penal en la que recayó una sentencia – que no se basa en la sentencia que la contraria impugna en autos- que se encuentra pasada en autoridad de cosa juzgada resultando incontrovertible? ¿Cómo sostiene, ahora, la actora que la sentencia impidió que la justicia penal investigue la evasión fiscal que le había sido imputada a mi mandante con motivo del ‘affaire’ de los Panamá Pappers?”, se preguntó el ex presidente a través de su apoderado.
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Néstor Espósito: @nestoresposito