Canal Abierto Radio | En agosto del 2022 el tribunal Oral Federal número 2 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a los ex subtenientes Martín Eduardo Sánchez Zinny, Emilio Pedro Morello y Horacio Linari por crímenes de lesa humanidad a la pena de prisión perpetua . El fallo dictó la absolución al ex subteniente Luis Alberto Brun y al ex cabo Osmar Andrade, dejándolos en libertad. Todos eran parte del Regimiento de Infantería Nº6 (RIM6) de Mercedes.
Los militares fueron juzgados por crímenes perpetrados en 1976 en perjuicio de cinco militantes del PRT-ERP, en la zona oeste del conurbano bonaerense. Los hechos comprobados fueron el homicidio de Jorge Emilio Arancibia y las privaciones ilegales de la libertad de Rocío Ángela Martínez Borbolla, Pedro Oscar Martucci, Pablo Pavich y de un hombre no identificado, que fue también víctima de tormentos.
Los operativos represivos se ubican entre mayo y julio de 1976. Uno fue contra la imprenta más grande del PRT-ERP, donde imprimían las revistas El Combatiente y Estrella Roja. También se juzgó el secuestro de su domicilio en Haedo de Borbolla, madre de los periodistas Bárbara y Camilo García, quienes fueron testigos del hecho siendo niños y se convirtieron luego en querellantes y principales impulsores de la causa.
Sánchez Zinny, quien junto a Brun luego fue “carapintada”, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria justificada por la situación de salud de su octavo hijo, con un diagnóstico de trastorno del espectro autista. Luego, en pandemia, solicitó permisos diarios de dos horas para caminar con el joven, y de dos horas y media los fines de semana. Le fueron otorgados y sin monitoreo alguno hasta agosto del 2022 en que se le colocó la pulsera electrónica.
En septiembre pasado, el reo solicitó la continuidad de los permisos, ante lo cual el abogado querellante Pablo Llonto, representante de los hermanos García, exigió al tribunal que fijara una audiencia para exponer la preocupación por el riesgo personal que corren sus representados frente a la situación planteada. Los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu concedieron el beneficio a Sánchez Zinny, limitándolo a dos horas y media diarias los fines de semana.
“En realidad, me entero hablando con una fiscal del caso Bustos, un genocida que está suelto caminando por la calle sin problemas. Esta fiscal me comenta la batalla que habían dado Ángeles Ramos –fiscal titular del Ministerio Público– y Pablo Llonto porque Sánchez Zinny había solicitado, además de las salidas para ir al médico y a los terapistas, también salidas para caminatas y esparcimiento con su hijo autista, utilizando a su pobre hijo de excusa”, explica en diálogo con Canal Abierto Radio Bárbara García.
El tribunal ni respondió las solicitudes de Llonto y la fiscal. “Nosotros estamos pidiendo que nos reciba el TOF 2. Concluido el juicio, Pablo hizo las presentaciones pertinentes para solicitar una audiencia porque nos preocupaban ciertos comportamientos que tuvo Sánchez Zinny en el juicio hacia mi persona. Él me inició una causa por falso testimonio que aún sigue abierta, está en manos de la Corte Suprema”.
“Como no tuvimos éxito, le solicité al juez Gorini una audiencia pero no tuve respuesta. Son alevosas todas las concesiones y atenciones a los pedidos de los genocidas, mientras a nosotros ni nos responden.
El tribunal otorga estos beneficios sin siquiera recibirnos, ni medir las consecuencias y los riesgos; yo soy vecina de Sánchez Zinny, me muevo por donde él tiene el recorrido autorizado”, explica la periodista.
La fiscal Ramos objetó al tribunal que se le diera el cuidado de este hijo adulto a un criminal, a un asesino, cuando esta persona tiene una madre, divorciada del militar, y otros siete hermanos también adultos. Ramos propuso que se ocupe una institución
“La madre de Nicolás me contactó vía Facebook, antes de que le otorgaran la domiciliaria a Sánchez Zinny, solicitándome ayuda y pidiéndome disculpas porque no sabía la historia del padre de sus dos hijos, para advertirme que la estrategia de su ex pareja era utilizar al por entonces niño para obtener la domiciliaria y que la intención de Zinny era sacárselo a ella, cosa que finalmente sucedió”.
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Pesadilla
Sánchez Zinny fue el jefe de la patota que secuestró a Rocío Borbolla, la madre de Camilo y Bárbara. “Yo tenía 9 años. Ni bien entró en casa con una escopeta me pegó un culatazo. Yo estaba queriendo escapar por una ventana pero se trabó. Después durante todo el tiempo que estuvieron en casa decía: ‘¿Con estos dos qué hacemos? ¿Los matamos, los dejamos vivos? Si los dejamos vivos estamos dejando sangre de terroristas’”, recuerda la mujer sobre la noche del secuestro de su madre. “El tipo jugaba con nuestra vida y nuestra muerte”.
Las domiciliarias están siendo concedidas sin justificación. A otro de los condenados, Morello le dieron la domiciliaria porque la esposa tiene problemas psiquiátricos y, supuestamente, él tiene que darle la medicación. “Yo no bajo los brazos, no nos dieron oportunidad alguna de medir las consecuencias de lo que estas decisiones pueden acarrear. Vamos a seguir insistiendo y apelando esta medida y pidiendo que nos reciba el TOF”, concluye García.
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